Guerra de cifras: Organizaciones y Gobierno nacional difieren en el número de asesinatos de líderes sociales durante 2020

La consejera presidencial para los Derechos Humanos, Nancy Patricia Gutiérrez, presentó un informe en el que documenta que durante 2020, 66 líderes sociales fueron asesinados. Sin embargo, un informe de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, expone una cifra más elevada.

Bogotá. Julio 10 de 2020. Líderes sociales realizan una velatón por la dignidad a las afueras del edificio de Ecopetrol (Colprensa - Camila Díaz)
Bogotá. Julio 10 de 2020. Líderes sociales realizan una velatón por la dignidad a las afueras del edificio de Ecopetrol (Colprensa - Camila Díaz)

El pasado 22 de febrero, la consejera presidencial para los Derechos Humanos, Nancy Patricia Gutiérrez, presentó un informe de 2020 sobre homicidios contra líderes y defensores y documentó 66 asesinatos.

La cifra, según lo explicó la funcionaria, salió de los datos de la Fiscalía General de la Nación y la oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), y que otros 63 casos se encuentra en proceso de verificación, en hechos ocurridos principalmente en los municipios donde se registra el mayor accionar criminal de los grupos armados ilegales.

Sin embargo, esta cifra generó controversia en algunos sectores que se dedican a llevar un registro de este tipo de crímenes contra líderes sociales, pero también difieren con las cifras presentadas el pasado 20 de febrero por la Defensoría del Pueblo y del informe de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que se presentó este martes 23 de febrero.

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Juliette de Rivero, representante en Colombia de alta comisionada para la ONU, Michelle Bachelet, entregó un informe sobre la situación de los derechos humanos en el país durante 2020, y revela que la ACNUDH conoció 133 casos de homicidios de personas defensoras de derechos humanos, pero por cuestiones de la pandemia solo lograron documentar 53 casos mientras continúan verificando 80.

“De los casos verificados, el 25% fueron presuntamente cometidos por grupos criminales, 15% por grupos de disidentes de las FARC, 13% por el ELN, y el 4% por integrantes de la Policía o del Ejército”, informó Rivero.

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Por su parte, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), registró 310 asesinatos de líderes sociales. La lista la tiene en la página web donde se puede consultar sobre cada caso: el nombre de la víctima, cuándo se registró el crimen, en qué municipio y si se trataba de un líder comunal, sindical, indígena, campesino, etc. Así mismo, sostiene que 12 ciudadanos fueron asesinados en 2020 por ser familiares de líderes sociales.

En el siguiente mapa puede consultar la información que reportó Indepaz:

Por su parte, la Defensoría del Pueblo, el pasado 20 de febrero, reveló que en 2020 fueron 182 los líderes asesinados en el país. Según el informe, estos homicidios ocurrieron en 103 municipios y la mitad se concentran en cuatro departamentos: Cauca, Antioquia, Nariño y Chocó.

Además de estos 182 homicidios, durante 2020, la Defensoría del Pueblo también registró 979 conductas en contra de líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos, que corresponden a 607 amenazas, siete secuestros, 51 atentados, cinco retenciones arbitrarias, 13 desplazamientos, dos desapariciones forzadas, otras dos imposiciones de normas de conducta y 22 casos de otro tipo de hechos violentos.

De estas tres organizaciones que se dedican a registrar la violencia contra los líderes sociales en Colombia, coinciden que son superiores a las presentadas por el Gobierno nacional en cabeza de su consejera presidencial Nancy Patricia Gutiérrez, que sí hizo la salvedad de que su cifra podría variar conforme avance el proceso de verificación por parte de ACNUDH.

Este informe se presentó semanas después de que el presidente Iván Duque anunciara la unificación de información sobre crímenes de defensores de derechos humanos, dejando el trabajo de identificar los crímenes contra defensores de derechos humanos en manos de la Fiscalía.

“Hasta el momento la Fiscalía maneja los mismos datos de Naciones Unidas, que son datos parciales por el tema de cubrimiento territorial y están muy por debajo del trabajo que hace la Defensoría del Pueblo”, expuso en su momento el analista político Ariel Ávila.

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