Comunidades del municipio de Hacarí insisten en retirar bases militares de la zona

Las comunidades campesinas del corregimiento de San José del Tarra, municipio de Hacarí, vienen participando de distintas movilizaciones en las veredas Monte Tarra e Islitas, en donde exigen el retiro de las bases militares instaladas muy cerca de sus viviendas, pues sienten que estas han incrementado la violencia en el territorio.

La Comisión por la Vida, la Reconciliación y la Paz del Catatumbo, junto al Comité de Integración Social del Catatumbo -CISCA, vienen advirtiendo sobre la situación en el municipio agrícola de Hacarí, y respaldan el descontento social que se presenta en estos momentos.

“La presencia de la base militar en lugares muy cercanos a los campesinos y campesinas, ya generó el pasado 2 de febrero el desplazamiento forzado de 38 familias al casco urbano del municipio, debido a los constantes enfrentamientos armados entre el Ejército Nacional y grupos armados ilegales que los deja en medio del fuego cruzado”, dijo a Radio Nacional de Colombia Yermin Sanguino, dirigente del CISCA.

La información es confirmada por el personero del municipio del Catatumbo, Robeiro Muñoz Pérez, que dijo a RCN Radio que le piden a las Fuerzas Militares que retiren las bases, para que las comunidades no sigan asumiendo el costo de los enfrentamientos entre grupos ilegales y las fuerzas públicas.

“Estas comunidades no cuentan con garantías para retornar, por eso exigen que se logre llegar a un acuerdo para que se puedan retirar las base en donde ellos tienen los predios”, comentó.

La situación mantiene en riesgo a estas familias que se niegan a volver a sus territorios, pues al estar alejados de sus labores del campo se genera un grave impacto al desarrollo productivo de la región.

Por su parte un líder de la comunidad señaló que “desde hace varios meses viene empeorando el panorama de orden público, exigimos el respeto de los derechos humanos, el respeto de los predios de las comunidades y la libre movilidad de la población”.

La respuesta del ministro de defensa, Diego Molano, a la solicitud enfatizó en que el enemigo no es el Estado, pues este busca garantizar la seguridad del territorio y sus habitantes.

“Es importante evidenciar que el enemigo de la comunidad no es la fuerza pública, son aquellos que buscan impulsar los cultivos ilícitos, la presencia de la Policía y Ejército dan garantías de seguridad, por eso hay que generar confianza y tranquilidad, por eso considero que la Fuerza Pública en sus instalaciones se quedan en donde están”, aseguró luego de terminar el Consejo de Seguridad en Cúcuta.

Y agregó que en otras ocasiones lo único que ha dejado retirar las fuerzas militares es que se pierda presencia por parte del Gobierno, se agudice la violencia y se pierdan las comunidades.

Múñoz reiteró la solicitud y aseguró que “la exigencia no es que se retire la fuerza pública de la zona, es que puedan vivir tranquilos, así mismo que los grupos armados y autoridades cumplan con el derecho internacional humanitario”.

Ante la propuesta de la comunidad y la respuesta del Ministro de Defensa, se busca llegar a un acuerdo para que las familias regresen a sus respectivos hogares y evitar más acciones violentas en la zona.

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