Esta fue la directiva 029 de 2005 que reglamentó el pago de recompensas de hasta $3′800.000 a militares por capturar o dar de baja a guerrilleros

Dentro del debate que volvió a presentarse en Colombia luego de que la JEP revelara que en el país fueron 6.402 colombianos y colombianas las víctimas de falsos positivos, se habla de la directiva 029 de 2005 del Ministerio de Defensa, que establece el pago de dinero a soldados, policías e informantes.

Tapabocas ¿quién dio la orden? iniciativa de las madres de soacha para visibilizar su causa en medio de la pandemia por covid-19. (Colprensa - Camila Díaz)
Tapabocas ¿quién dio la orden? iniciativa de las madres de soacha para visibilizar su causa en medio de la pandemia por covid-19. (Colprensa - Camila Díaz)

Un reciente informe de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reveló que, en Colombia por lo menos 6.402 colombianas y colombianos fueron víctimas de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate entre 2002 y 2008. El 66% de estas víctimas se concentró en 10 departamentos, siendo Antioquia el de mayor número de casos.

La noticia avivó el macabro capítulo que vivió el país durante el conflicto armado, en especial sobre un documento que expidió el Ministerio de Defensa, la directiva 029 de 2005, que habría exponenciado el fenómeno de los falsos positivos al entregar recompensas a militares por capturas y bajas de guerrilleros o cabecillas de las organizaciones al margen de la ley (OAML) y narcotraficantes.

Según expuso la JEP, coincidencialmente durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe, cuya bandera política fue la seguridad, ocurrieron la mayoría de casos de ejecuciones extrajudiciales. Así lo deja ver esta gráfica del tribunal especial que muestra cifras de diferentes organizaciones sobre el número de víctimas de estos casos, pero todas coinciden en que el periodo 2002-2008 fue la cúspide de los falsos positivos.

Gráfica presentada por la JEP.
Gráfica presentada por la JEP.

La política de seguridad de Uribe debía tener un líder natural, en este caso quien fungiera como ministro de Defensa. Precisamente la actual vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, jefe de esa cartera entre 2002 y 2003, se encargó de presentar en Putumayo el plan de la política de seguridad democrática con el que el expresidente Uribe prometía acabar con el terrorismo, el homicidio, el secuestro y la extorsión, el narcotráfico, el tráfico de armas y las finanzas ilícitas.

Luego, en 2005 con la llegada del nuevo ministro de Defensa, Camilo Ospina, fue cuando se expidió la famosa directiva 029 de 2005. En el documento se estipula una serie de recompensas a los militares por cada guerrillero o paramilitar capturado o dado de baja, lo que habría impulsado a diferentes brigadas del Ejército a cometer las ejecuciones extrajudiciales.

Lo que dice la directiva 029 de 2005

En el documento fechado el 17 de noviembre de 2005 se lee que el objetivo de la directriz es: “desarrollar criterios para el pago de recompensas por la captura o abatimiento en combate de cabecillas de las organizaciones armadas al margen de la ley, material de guerra, intendencia o comunicaciones e información sobre actividades relacionadas con el narcotráfico y pago de información que sirva de fundamento para la continuación de labores de inteligencia y el posterior planeamiento de operaciones”.

Esta orden emitida por el Ministerio de Defensa, explicaba que cualquiera podía recibir el pago, sea un ciudadano o militares, soldados y policías. “Consiste en la retribución en dinero o en especie, previamente establecida por el Gobierno Nacional, a una persona indeterminada”, señala el texto.

En cuanto al monto de las recompensas variaba según la importancia del capturado o dado de baja. Por los máximos cabecillas de alguna guerrilla podían entregar hasta $5.000 millones y tenía un cupo limitado de hasta 15 entregas. Sin embargo, para los guerrilleros de base el cupo era ilimitado, se podían presentar muchísimas bajas y el Estado pagaba $3.815.000. Buena parte de los casos presentados como ejecuciones extrajudiciales precisamente corresponden a jóvenes que hicieron pasar como guerrilleros rasos.

Pero claro que la directiva debía estipular un control precisamente para que no ocurrieran falsos positivos. Quien entregaban información, capturaban o daban de baja a un guerrillero tenían que presentar documentación que comprobara eso, en estos casos, “un documento oficial que ordene la operación de la unidad táctica y/o operativa y el informe de patrulla o de resultados”. Pero en ese mismo apartado, señala que ese documento se podía reemplazar “por un certificado firmado por el comandante de la respectiva unidad, donde dé constancia de la realización de la operación”.

La directiva además fijaba una reunión mensualmente o extraordinariamente “para evaluar el desarrollo e impacto de la presente directiva y cada Fuerza o Agencia, aportarán información relacionada con los cabecillas capturados o abatidos en combate”.

Aquí puede leer el documento completo:

En 2008, Camilo Ospina, quien firmó esta directiva como ministro de Defensa, explicó en W Radio, que el documento “no estimula de ninguna forma ni autoriza la muerte fuera de contexto”.

Así mismo, frente a no poner límites a las recompensas para cabecillas de menos importancia dijo: “usted sabe cuántos cabecillas del secretariado hay, entonces cada uno de ellos representa un valor específico y no se va a pagar ni más ni menos, pero usted no sabe cuántas caletas de armas hay. No sabe cuántas caletas de droga o laboratorios puede haber, entonces a ese nivel usted no podría establecer un límite”.

La directiva 029 de 2005 fue reemplazada por la 002 de 2008, que eliminó la tabla de recompensas.

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