Estado colombiano debe $11.20 billones de pesos por concepto de demandas

La cifra, presentada por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, es el acumulado de años de demandas contra entidades gubernamentales de Colombia.

En la imagen, el agente estatal Camilo Gómez, director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado. EFE/Juan Páez/Archivo
En la imagen, el agente estatal Camilo Gómez, director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado. EFE/Juan Páez/Archivo

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado presentó un balance sobre los litigios que involucran a la Nación con corte a 31 de diciembre de 2020. En él destacan los 333.021 procesos judiciales, con pretensiones económicas que alcanzan los $425.8 billones.

Pero, según su director, Camilo Gómez Alzate, es una cifra menor si se la compara con el registro de 2019: 405.659 casos de demanda contra la Nación, con pretensiones por 427 billones de pesos.

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Según Gómez, dentro de las demandas están 333.021 procesos judiciales por 400,5 billones de pesos, 71 arbitrajes nacionales por 3,5 billones de pesos, 16 procesos de controversias internacionales por 21,8 billones de pesos, y 1.125 peticiones del sistema interamericano de derechos humanos.

En el balance presentado por Gómez, se confirma la disminución de procesos nuevos en el año 2020, por lo que el Estado pagará menos en caso de perder alguno de estos casos. El funcionario señaló que son 34.381 contra 107.757 en 2019. Resaltó que los procesos judiciales se corresponden en su mayoría a demandas administrativas, seguidas de asuntos laborales, cuyo total alcanza los 333.021 procesos judiciales.

Foto de archivo ilustrativa de un empleado con varios billetes de pesos colombianos en una tienda en Bogotá. 
Dic 28, 2018. REUTERS/Luisa Gonzalez
Foto de archivo ilustrativa de un empleado con varios billetes de pesos colombianos en una tienda en Bogotá. Dic 28, 2018. REUTERS/Luisa Gonzalez

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Sectores más demandados en el Estado colombiano

De acuerdo con las proyecciones de la Agencia Jurídica del Estado, son: sector Trabajo (24,9 %), especialmente por incidencia de demandas a Colpensiones por las pensiones públicas; le siguen: Defensa (15 %), Educación (14,8 %) y Hacienda (13,2 %).

Lo anterior se refleja en las entidades de dichos sectores que reciben estas demandas: Colpensiones, el Fondo del Magisterio, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, el Ministerio de Defensa, la Policía y la Fiscalía, cada una es emblemática del sector reseñado.

Qué demandan los ciudadanos

Las demandas de tipo civil por fuera de casos no laborales son: privaciones injustas de la libertad, fallas en la prestación del servicio de salud, irregularidades a la hora de imponer sanciones disciplinarias, incumplimiento de sentencia judicial, lesiones, desplazamiento forzado, omisiones en las funciones de inspección y vigilancia o el daño o amenaza ambiental por actividades del sector de hidrocarburos.

Gómez subrayó que los casos están íntimamente vinculados con los macrosectores enunciados en el apartado anterior. Como elemento destacable se encuentra que la mayor cantidad de procesos está relacionada con la privación injusta de la libertad, reclamos en la prestación del servicio de salud y la ilegalidad en la imposición de sanciones disciplinarias.

El inventario que aporta la entidad desglosa los casos activos de la siguiente manera: casos activos son 53.517 procesos de reparación directa ( que se presenta cuando un ciudadano demanda al Estado); 20.217 de nulidad y restablecimiento de derecho, 2.934 de protección de derechos e intereses colectivos, 2.443 procesos ejecutivos, 1.992 controversias contractuales, 1.795 de nulidad simple y 624 casos de petición de reparación por perjuicios causados a un grupo.

El panorama internacional

Gómez declaró que los grandes litigios internacionales esperan resolución en 2021, especialmente el vinculado a la transnacional América Móvil, cuyo laudo estima una cuantía por $1.208 millones de dólares.

El otro gran caso internacional, que está en preliminares es la demanda de Gas Natural Fenosa, cuya cuantía supera los $1.547 millones de dólares.

Gómez resaltó el monto total por concepto de fallos e indemnizaciones que Colombia debe en 2021: $11.20 billones de pesos.

La cifra es preocupante, pero el funcionario pretende impulsar un cambio legislativo para disminuir los intereses de dicha deuda: El Ministerio, la Agencia y la Presidencia están trabajando en un nuevo decreto que esperamos salga pronto para utilizar el mecanismo fijado en el Plan de Desarrollo y pagar las sentencias con bonos de deuda, lo cual disminuirá los intereses que tiene que pagar el Estado”, declaró Camilo Gómez durante la presentación del balance a medios.

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