Abogada de Epa Colombia negó que Abelardo de la Espriella aprobara su traslado a Ibagué y denunció “tortura psicológica” por parte del Inpec

Wendy Herrera, abogada de Daneidy Barrera Rojas, la empresaria e influenciadora conocida como Epa Colombia, quien lleva nueve días recluida en el Complejo Carcelario y Penitenciario de Alta y Media Seguridad de Ibagué, conocido como La Picaleña, tras su traslado desde la Escuela de Carabineros de la Policía Nacional en Bogotá el pasado 7 de agosto, reveló nuevos detalles del traslado de la creadora de contenido al centro penitenciario.

En declaraciones recogidas por La Red, de Caracol Televisión, la abogada aseguró que el presidente Abelardo de la Espriella no autorizó el traslado y que la decisión fue tomada de manera autónoma por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

“Me atrevo a decir por conocimiento y de manera responsable que el presidente no autorizó ese traslado. Ese traslado lo autorizó el Inpec. Sus razones debe tener, pero Daneidy Barrera no representa un peligro para Colombia ni mucho menos para la víctima”, afirmó Herrera en el programa.

La abogada, quien lleva 18 días como apoderada de Barrera, también denunció que su representada ha sido víctima de tortura psicológica durante su reclusión. Según relató, desde abril del presente año le venían anunciando que el 7 de agosto la trasladarían. “Ya eso está en investigaciones y también en las denuncias que esta profesional del derecho está realizando”, precisó.

Barrera Rojas publicó un video horas antes del traslado —que se hizo viral el mismo 7 de agosto— en el que denunció la “persecución” que, según ella, enfrenta a diario. El clip fue eliminado posteriormente de sus redes sociales. La reubicación generó una reacción dividida en redes: mientras algunos usuarios cuestionaron la medida, otros la aplaudieron y señalaron que la empresaria debe responder por los delitos que le fueron imputados. Herrera salió al paso de estos señalamientos y recordó que su representada ya realizó una reparación por sus actos y cumple la pena impuesta por la justicia.

Sobre las condiciones actuales de reclusión en La Picaleña, Herrera señaló que su defendida comparte celda con otras mujeres en el pabellón femenino. “No te puedo decir que está bien, porque no lo está, porque la cárcel es la cárcel, pero está segura”, indicó.

El estado de salud mental de la empresaria es uno de los focos de atención de su defensa. La abogada describió que Barrera padece ansiedad crónica y afecciones psicológicas agravadas por la separación de su hija menor, con quien ha tenido escaso contacto durante su privación de la libertad. “Ha sido un sufrimiento muy grande en donde ella no ha tenido ningún privilegio”, afirmó Herrera, al tiempo que indicó que se trabaja para garantizarle acompañamiento médico.

Frente al escándalo por los presuntos procedimientos estéticos realizados en la Escuela de Carabineros —revelados por Semana el 11 de julio, cuando se documentó que Barrera presentaba inflamación en los labios y equimosis en el rostro el 2 de junio—, la defensora se mostró cautelosa. Aclaró que no era su abogada en ese momento y que no le constan los hechos de manera directa, aunque reconoció que los asuntos están bajo investigación. “¿Cómo se hizo? ¿En qué lugar se hizo? ¿De quién es la responsabilidad? Porque es que el control del carabinero solamente era para Daneidy Barrera”, cuestionó.

Herrera también reveló que, según el relato de su cliente, en la Escuela de Carabineros otras personas se inyectaban bótox, celebraban fiestas y bautizos, mientras que la hija de Barrera tenía restringido el ingreso. “Lo que haya pasado quedará en manos de las autoridades”, concluyó sobre ese punto.

En cuanto a la redención de pena, la abogada denunció que el Inpec le ha negado a Barrera horas de trabajo en granja, un derecho que considera vulnerado. “Estoy en esa tarea de poder saber cuál es la razón, el porqué se le está negando y ajustarlo”, indicó.

Epa Colombia está privada de la libertad desde el 30 de enero de 2025, con una condena de 63 meses y 15 días de prisión —equivalente a cinco años y tres meses— por los delitos de instigación a delinquir con fines terroristas, perturbación en servicio público de transporte colectivo u oficial y daño en bien ajeno. Los cargos se derivan de los destrozos que cometió en la estación Molinos de TransMilenio durante el paro nacional de 2019.