Comunidades indígenas del Amazonas podrían estar en riesgo por la violencia y las actividades ilícitas

La Defensoría del Pueblo asegura que son 59.636 colombianos que habitan en el trapecio amazónico y en el eje del Putumayo los que están en riesgo.

El ataque al vehículo de la ONU ocurrió en el caserío Girasoles, que hace parte del municipio de San Vicente del Caguán. EFE/Mauricio Dueñas Castañeda/Archivo
El ataque al vehículo de la ONU ocurrió en el caserío Girasoles, que hace parte del municipio de San Vicente del Caguán. EFE/Mauricio Dueñas Castañeda/Archivo

Las comunidades del sur de Colombia siguen siendo las más vulnerables a la violencia. Este 1 de febrero, la Defensoría del Pueblo emitió su segunda alerta temprana del año en la que advierten que 59.636 colombianos que habitan en el trapecio amazónico y en el eje del Putumayo están en riesgo por los actores armados y las actividades ilícitas que se ejecutan en la zona.

Los afectados son principalmente pueblos indígenas y campesinos que están siendo amedrentados por el Frente Primero y Frente 48 de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y el Grupo de Crimen Organizado Sinaloa–La Mafia. La alerta advierte que hay 11 pueblos indígenas específicos en riesgo: Yaguas, Ticunas y Cocamas en Amazonas y Muina, Inga, Uitoto, Murui, Ticuna, Ocaína, Bora y Muinane en Putumayo.

La Defensoría asegura que, los delincuentes hacen presencia en ese territorio por su ubicación estratégica que permite desarrollar actividades de narcotráfico, minería ilegal, tráfico ilegal de armas y explotación de recursos naturales. Esta zona, al estar abandonada por el Estado y tener cerca las cuencas de los ríos Amazonas y Putumayo, facilita que los subversivos puedan esconderse o huir de forma fácil.

“Estos afluentes son estratégicos para la movilidad de la población residente en dichos territorios, pues permite conectar los departamentos de Caquetá, Putumayo y Amazonas entre sí y con las fronteras internacionales de Perú y Brasil. Este recorrido facilita la llegada de los actores armados ilegales al vecino país, evadiendo el puesto de control de Puerto Franco (área no municipalizada de Tarapacá), el cual se encuentra en situación de abandono debido a las presiones ejercidas por la disidencia del Frente Primero en contra de operarios de Parques Nacionales Naturales durante febrero del 2020”, asegura la Defensoría en la alerta.

Que distintos grupos criminales controlen la zona afecta de forma directa la calidad de vida de las comunidades y viola sus derechos humanos fundamentales. La Defensoría expuso su preocupación por posibles confrontaciones armadas entre los delincuentes porque los civiles pueden terminar en medio del fuego cruzado y esto, a su vez, puede derivar en confinamientos, o peor, en desplazamientos forzosos. Así mismo, este problema podría impactar el ecosistema del territorio.

“Estas confrontaciones que se desarrollan podrían derivar en la ocupación de lugares sagrados, la instalación de minas antipersonal y abandono de municiones sin explosionar. Cabe anotar que dichas confrontaciones no sólo se manifiestan en violencia ejercida entre los grupos en pugna, sino también en presiones e intimidaciones infringidas sobre la población civil, la cual suele ser acusada como colaboradores de alguna estructura, acciones todas que desconocen el principio de distinción del Derecho Internacional Humanitario y concita posibles afectaciones humanitarias”, explica la entidad.

La población también corre riesgo de ser extorsionada, amenazada, reclutada forzosamente, especialmente los niños, niñas y adolescentes. Así mismo, podrían ser blanco de masacres, con especial afectación de autoridades y líderes sociales y ambientales.

Teniendo en cuenta esta información, la Defensoría del Pueblo llamó la atención del Gobierno nacional para que haga presencia en el trapecio amazónico y en el eje del Putumayo. El organismo de control argumentó que, la falta de oportunidades para acceder a salud, trabajo y educación en la zona hacen más compleja la situación, por eso le pidió a las autoridades que mejoren la calidad de vida y protejan a los líderes y lideresas campesinos e indígenas, al igual que a las mujeres y niños que están en inminente riesgo.

Esta alerta se suma a la emitida por la entidad el pasado 11 de enero en la que reveló que, al menos 73.141 personas que habitan en Piamonte (Cauca), Puerto Guzmán (Putumayo), San José del Fragua, Curillo y Solita (Caquetá), están en alto riesgo debido a la presencia de subversivos.

La Defensoría hizo especial énfasis en que en estas comunidades se están presentando homicidios selectivos y múltiples, desplazamientos forzados, tercerización de la violencia, reclutamiento de menores y violencia sexual. Además, el peligro del fuego cruzado es inminente porque las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) se están disputando el territorio con grupos dedicados al narcotráfico.

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