Comenzó la fumigación terrestre de glifosato en cultivos de coca en el Catatumbo

Algunas organizaciones sociales y alcaldes de la región expresaron su desacuerdo con este procedimiento.

Imagen se referencia de un cultivo de coca.
Imagen se referencia de un cultivo de coca.

La Dirección Antinarcóticos de la Policía envió un comunicado Deivy Bayona, alcalde de Hacarí, en la región del Catatumbo, Norte de Santander, en el que se informaba que a partir de este 1 de febrero se comenzaría el plan de de aspersión terrestre de glifosato contra los cultivos de coca.

Luego de que el Consejo Nacional de Estupefacientes, en 2015, no permitiera que la fumigación de glifosato se hiciera aéreo, para 2017, le permitió a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Terrestre con Glifosato que hace parte del Plan de Manejo Ambiental.

Bayona le informó a los ciudadanos de Hacarí la orden que le había llegado por parte de la Policía. Las personas no están de acuerdo con esta medida así que esta información llegó hasta la gobernación.

Según información de Colombia 2020, el alcalde de Hacarí dijo que: “la notificación llega a mi nombre, pero no se nos notifica dónde se va a realizar, en qué sector, cómo se coordinó; porque nosotros lo que hemos pedido es que se verifique muy bien ese tema porque se nos pueden venir dificultades mucho más complejas”.

El líder social Olger Antonio Pérez Quintero contó que el gobierno no ha cumplido con los compromisos frente a la erradicación de cultivos de coca y esto generaría una movilización de los labriegos, quienes desde ya están reclamando por el cumplimiento de sus derechos.

“El problema es de carácter estructural y frente a ello el campesino reclama una verdadera reforma agraria, la legalización de las tierras y programas alternativos para mejorar las condiciones de vida. Esto no se arregla a la fuerza, ni con pañitos de agua tibia. Exigimos buenos precios a las cosechas Y mayor rentabilidad en los productos legales”, dijo Olger Antonio Pérez, según el portal La Opinión.

Desde la opinión del líder social esta política pública de erradicación de cultivos ilícitos desde el año 2000 es errónea, ya que cuyo efecto ha sido contrario por lo que las hectáreas sembradas de cultivos de coca han aumentado.

“Se debe cumplir con los acuerdos de paz para reconstruir el tejido social con mejores servicios de salud, educación de calidad y no con un concurso amañado de maestros. Asimismo, saneamiento básico ambiental y seguridad alimentaria”, añadió.

Además de esto, Pérez Quintero recalcó que de acuerdo con las conversaciones que ha tenido con los campesinos de la región, estos no están de acuerdo de dejar el cultivo de coca ya que esta les genera un ingreso económico más alto que dedicarse puramente de la agricultura. Y que, según el líder, frente a tantas frustraciones e incumplimiento por parte del Estado llevaron a los agricultores a sembrar coca, porque les da mejores ingresos.

“La aspersión significa echar gasolina a la candela con las consecuencias nefastas para la salud humana. Es el único país en el mundo que insiste en utilizar esas sustancias nocivas como si fuéramos robots, afectando los cultivos de pan coger”, aclaró Pérez.

Deivy Bayona Guerrero, indicó que en ningún momento han firmado un acuerdo de esa naturaleza para que ese procedimiento se adelante en la región. “Estoy del lado de los labriegos de la región, nunca de los cultivos ilícitos que han ocasionado desolación y problemas a las distintas comunidades”.

Según información del medio capitalino, Robinson Salazar, alcalde de Teorama, otro municipio de la región del Catatumbo comentó que “Para nosotros es bastante preocupante porque la implementación del PDET (Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial) en relación con las obras de infraestructura ha venido avanzando muy bien y esta situación va a entrar a chocar con las comunidades y algunas de ellas ya están hablando de no aceptar el PDET en los territorios; eso para nosotros como alcaldes es traumático porque venimos a un ritmo bien importante con toda la implementación de ese programa”.

Robinson Salazar cree que este plan es darle un revés al Acuerdo de Paz, ya que este pacto estipula como primer paso para acabar con los cultivos de coca la sustitución voluntaria y concertada con las comunidades. Mientras que, realizar la aspersión: “es una decisión que se toma desde el Gobierno central, no reconoce a las comunidades ni tampoco a las administraciones locales, eso con nosotros no se discute en ningún momento. Hay una voz de rechazo generalizada en toda la región”.





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