Las autoridades han imputado a 27 alcaldes y 3 gobernadores de Colombia por delitos de corrupción

La Fiscalía General de la Nación también reportó que, se ha logrado una efectividad del 96 % en sentencias condenatorias.

Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa. / Colprensa
Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa. / Colprensa

El fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, aprovechó su participación en el ‘XV Encuentro de la Jurisdicción Constitucional: Diversidad y Reconocimiento’, organizado por la Corte Constitucional para ofrecer un tipo de informe de gestión sobre lo logrado durante su primer año a cargo de la entidad, en materia de lucha contra la corrupción.

De acuerdo con el funcionario, se han obtenido 168 sentencias condenatorias en procesos por corrupción, lo cual representa una efectividad del 96 por ciento. De igual forma, se han logrado imputaciones para 27 alcaldes, 2 de ellos con medidas de aseguramiento; y 3 gobernadores, 2 afectados con detención en sus lugares de residencia. Con estos, también vienen las vinculaciones formales a investigaciones para 14 particulares, 25 contratistas y 52 funcionarios, que habrían incurrido en corrupción estatal.

Entre los mandatarios locales se encuentran por lo menos 14 que llegaron hasta dicho proceso por destinación indebida de los recursos públicos e irregularidades en contratación, en cuestiones relacionadas con el manejo de la pandemia por covid-19.

Se trata de los alcaldes de Armenia, Quindío, José Manuel Ríos; Malambo, Atlántico, Rumenneige Monsalvo; Cereté, Córdoba, Luis Antonio Rhenals; Socorro, Santander, Clara Luz Alba Porras; Calarcá, Quindío, Luis Alberto Balcero; San Pedro, Valle del Cauca, Jonh Jaime Ospina; Guaduas, Cundinamarca, Germán Herreras; Palocabildo, Tolima, Nelson Gómez; El Charco, Nariño, Víctor Candelo Reina; San José de Miranda, Santander, Donaldo Ortiz Cárdenas y Coveñas, Sucre, Rafael Antonio Ospina.

Dentro de la misma lista también están Jorge Augusto Tobón Castro, mandatario de Necoclí, por un caso de detrimento patrimonial de $13′558.449, representado en posibles sobrecostos en la adquisición de elementos de aseo y protección ,en un contrato para lavar e higienizar la plaza de mercado, el parque principal y otros lugares públicos para prevenir el contagio de covid -19.

Caso similar es el de Édgar Augusto Gallego Arias, alcalde de Barbosa, Antioquia, quien celebró un convenio que contemplaba la capacitación para la prevención de la enfermedad y la compra de insumos como guantes, tapabocas y gel antibacterial, entre otros, con un contratista que, al parecer, carecería de idoneidad para aspirar a ganar el contrato. Este, sin embargo, alcanzó a ejecutarse en un 50 por ciento.

También hubo casos de corrupción alejados de la pandemia, como el de Nafel Palacios Lozano, burgomaestre de Murindó, Antioquia, quien le pagó $300.000 a una mujer del pueblo para que votara por él, hecho por el que terminó en la cárcel.

En materia de gobernadores, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, mandatario del Cesar, recibió una condena de cinco años de cárcel, en julio del año pasado, por firmar pactos con los representantes de los sectores de invasión Tierra Prometida, Guasimales y Emmanuel, en Valledupar, con el compromiso de mantener su situación de ilegalidad a cambio de votos.

Le siguió Everth Hawkins, gobernador de San Andrés, quien fue judicializado en septiembre por abrir un proceso público para recibir cotizaciones de varias empresas; el mismo se cerró 48 horas después cuando el mandatario declaró la urgencia manifiesta en el archipiélago y, al amparo de estas medidas, celebró de manera directa el contrato de servicios publicitarios por $500 millones con Noel Foto SAS, cuyo representante legal, Henry Ramírez García, habría trabajado en la campaña política para su elección, desconociendo la participación de otros oferentes.

Por último está Buanerges Florencio Rosero Peña, mandatario del Putumayo. Fue judicializado en octubre por irregularidades y sobrecostos detectados en un contrato del primero de abril de 2020 para la compra de 10 ambulancias medicalizadas para el departamento, por $3.460.634.610 con el fin de atender la pandemia por covid-19. Este se le otorgó a un único proponente, que no tenía los vehículos disponibles para la fecha y plazo del contrato.

Con ese historial, Barbosa agregó que en este momento “estamos detrás de particulares asociados con la corrupción, contratistas, familiares, amigos y testaferros de personas que están metiéndole la mano a lo público”. De igual forma, la Fiscalía está observando lo que sucede en la esfera privada, pues “hay unos vasos comunicantes entre las dos corrupciones”.

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