
La consejera presidencial para los Derechos Humanos, Nancy Patricia Gutiérrez, anunció que el próximo 13 de enero se adelantará una reunión entre las diferentes entidades del Estado y las autoridades indígenas embera, para evaluar las condiciones de retorno de cerca de 200 familias desplazadas de Bahía Solano (Chocó), según informó Radio Nacional.
En esa reunión se evaluarán todas las posibilidades para garantizar el restablecimientos de los derechos de las familias afectadas, luego de seis semanas en las cuales se vieron obligadas a desplazarse por cuenta de las acciones de los grupos armados organizados.
Según el comunicado oficial de la Consejería para los Derechos Humanos, la alta funcionaria resaltó que, en medio de las dificultades propias por la pandemia del covid-19, “el trabajo interinstitucional permitió no solo brindar la atención de emergencia a las 200 familias desplazadas sino garantizar su estabilización. Ahora el reto que tenemos es lograr un efectivo retorno”.
Así mismo, se destacó el esfuerzo desarrollado por el DPS, el Ministerio del Interior, la Unidad para las Víctimas y el ICBF, en articulación con la Gobernación del Chocó, la Alcaldía de Bahía Solano, la Personería municipal, el Instituto de Investigaciones del Pacífico, Fupad, la Cruz Roja, el sector privado y la cooperación internacional representada en ACNUR y el Consejo Noruego.
“Este es un ejemplo de trabajo mancomunado que permitió llevarles a las familias afectadas albergues, alimentación, estufas, implementos de cocina, implementos de aseo, kits de higiene personal, kits de bioseguridad, medicamentos, un motor fuera de borda, kits educativos para los docentes, implementos deportivos, ropa, frazadas, colchonetas, toldillos, tanques de agua potable, entre otros”, agregó Nancy Patricia Gutiérrez.
Finalmente, la consejera resaltó el trabajo desarrollado por las Fuerzas Militares para acompañar este esfuerzo internacional de llevar la ayuda humanitaria de emergencia, pero principalmente para garantizar el control de la zona y ofrecer las condiciones de seguridad necesarias para que las comunidades indígenas puedan retornar.

Indígenas desplazados
El diario El Colombiano informó el pasado 7 de diciembre, que al menos 900 personas, indígenas en su mayoría, permanecían refugiadas en la institución educativa del corregimiento El Valle, en el municipio de Bahía Solano, tras huir de enfrentamientos que se presentaron entre grupos ilegales en las comunidades Bacurrú Purrú, Boroboro, El Brazo y Posamanza.
En ese momento, Carlos Mario Cardona, personero de la población chocoana afirmó en El Espectador: “Requerimos, nuevamente, al Gobierno nacional para que por favor agilicen el envío de ayudas humanitarias para atender a los más de 900 indígenas que se encuentran desplazados en este municipio. Hasta el momento no hemos recibido una sola ayuda”.
Igualmente, el funcionario agregó en el diario que, “los indígenas están durmiendo en el suelo. Están en condiciones infrahumanas. De igual manera, se requiere de carácter urgente se designe una brigada de salud para que preste atención a todas estas personas. Ya se están presentando brotes de enfermedades”.
Las comunidades indígenas embera empezaron a desplazarse al municipio desde sus resguardos tras el asesinato del líder Miguel Tapí, de 59 años, el pasado 3 de diciembre, a manos actores armados ilegales de la zona. Ante la situación, la Alcaldía de Bahía Solano no tuvo más opción que albergarlos en la Institución Educativa Normal Santa Teresita, del corregimiento del Valle.
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