De supuesta intención de fraude a modernización del sistema: así va la polémica del Código Electoral

Los principales líderes de opinión se enfrentan por la reforma al Código Electoral, la eliminación de la Ley de Garantías y la implementación de recursos digitales.

AFP PHOTO / Luis ACOSTA
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Este lunes, durante la presentación de la nueva cédula digital, el presidente de Colombia, Iván Duque, salió en defensa de un polémico proyecto que se encuentra en trámite en el Congreso de la República: la reforma al actual Código Electoral.

En el evento, que se llevó a cabo en el Centro de Convenciones Ágora de Bogotá, el primer mandatario elogió la gestión de la Registraduría Nacional del Estado Civil para implementar el nuevo documento. A su vez, utilizó la plataforma para expresar su apoyo a la reforma al Código Electoral, la cual ha recibido críticas desde todos los frentes políticos.

Duque aceptó que los proyectos con esa profundidad suelen ser complejos. “Hoy debemos decir que la propuesta que fue entregada al Congreso no es la misma, ha sido enriquecida, se han recibido múltiples aportes, se han retirado aspectos y el debate todavía no ha concluido. Faltan todavía debates importantes y donde habrá quienes estén de acuerdo o no con algunos temas: quienes tendrán reparos con algunas funciones o algunos aspectos de la territorialidad; sobre los modelos posibles de articulación entre la tecnología y la presencialidad, es normal, es un debate recurrente en América Latina”, expresó.

Y afirmó que el proyecto de reforma no fue hecho “a ninguna ventolera”. Según el mandatario, tuvo revisión de los jefes de partidos políticos y, recordó que, cuando se radicó, se encontraba en presencia de Hernán Penagos, presidente del Consejo Nacional Electoral.

También, recalcó que la reforma se trata de un acto de renovación y de transición tecnológica del voto en el país. Sin embargo, muchos afirman que se trata de una ventana a la corrupción, la burocracia, el despilfarro y la politiquería.

El exvicepresiente Germán Vargas Lleras, a través de su columna en El Tiempo, aseguró que es necesario revisar las nuevas reformas que se plantean e, incluso, sugiere hundirlas, pues, según el dirigente político, no garantizan que el proceso de elección sea libre y transparente.

El también exsenador señaló que el proyecto de ley le dará facultades excepcionales al Gobierno nacional y, lo que es más grave, permitirá la creación, modificación y reclasificación de empleos, además de permitir incrementos salariales y crear varios fondos, pese a la existencia de uno en la Registraduría.

Vargas Lleras denunció, de igual forma, que el presupuesto requerido por el registrador no podrá discutirse ni ser disminuido por el Congreso de la República. Estos incrementos descomunales tendrían un severo impacto fiscal.

Por otro lado, la directora de la Misión de Observación Electoral, Alejandra Barrios, afirma que el Código Electoral que propone el Gobierno no se encuentra en una fase en la que se pueda posicionar por encima de la actual.

“Este código electoral está incompleto. No tiene nada referente a los mecanismos de participación ciudadana”, expresó Barrios en Caracol Radio, quien también señaló que los cargos de registrador departamental, los cuales serán de libre nombramiento, deberían ser escogidos por concurso.

Sin embargo, la organización se encuentra optimista al trámite en el capitolio, que ya ha eliminado varios capítulos. “Estamos convencidos que un buen trabajo en el Congreso puede ajustar algunos temas de la código electoral”, aseveró a la emisora.

Hace pocos días, el procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, expresó sus reparos a la reforma. El funcionario afirma que la Ley de Garantías, ese mecanismo que impide la contratatación directa en un periodo de 4 meses antes de elecciones, debe mantenerse tal cual en la propuesta de articulado para el Código Electoral.

Para este organismo, suprimir los mecanismos de la Ley de Garantías, abrirían un hueco por el que pasarían corrupción, nepotismo, y otros males de la micropolítica colombiana.

La Procuraduría en su concepto enfatiza en la importancia de restricciones para evitar el favorecimiento electoral y así restringir al máximo la incidencia del estado en el juego electoral a través de la contratación directa: “La razón es evitar que el presupuesto y las nóminas públicas se pongan al servicio de una determinada opción electoral y de esa forma garantizar la transparencia e igualdad electorales. Estas prohibiciones son necesarias y proporcionales (…) en época electoral se exige la aplicación irrestricta de las reglas de contratación, en donde es máxima la excepción de la contratación directa, en tanto está queda proscrita”.

Otra de las voces en contra fue la de Rodrigo Lara, senador que hace pocas semanas renunció al partido Cambio Radical. En un video que publicó en su cuenta de Twitter, dice que la reforma al Código Electoral, en la que se incluye el nuevo voto virtual, es una puerta de entrada a un posible robo de elecciones en el año 2022. Según el legislador, se trataría de un fraude de “grandes dimensiones” que pondría en peligro la democracia garante de libertad y derechos.

“Lo que está pasando en el Congreso de la República, en la plataforma virtual Zoom, que permite todo tipo de abusos, es francamente preocupante y aberrante, de cara a las elecciones del 2022”, sentenció el senador al inicio de su declaración.

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