Gobernador de Putumayo acusado por presunta corrupción en contratos para atender la emergencia sanitaria

La Procuraduría ya había iniciado una investigación en mayo pasado contra el gobernador Buanerges Florencio Rosero Peña. El Ministerio Público había solicitado la suspensión del contrato

Buanerges Rosero, Gobernador de Putumayo.
Buanerges Rosero, Gobernador de Putumayo.

La Fiscalía General de la Nación judicializó al Gobernador de Putumayo Buanerges Florencio Rosero Peña como presunto responsable de irregularidades en la adquisición de 10 ambulancias por un valor de $3.460 millones para atender la emergencia sanitaria debido al COVID-19. De acuerdo con el contrato Nº 547 del 1 de abril de 2020, el gobernador habría adquirido las ambulancias a la empresa Carrocería Innovas SAS, como único contratista, lo cual, según el ente investigador, generó un sobrecosto de $1064 millones.

El gobernador Florencio Rosero sustentó dicha adquisición con documentos elaborados el 22 de mayo de 2020, más de un mes después de estipulado el contrato. Así, la fiscal decidió imputar los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros agravado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público y se solicitó medida de aseguramiento consistente en detención preventiva.

“El fortalecimiento a la Red Pública Hospitalaria es una de las estrategias a seguir por el gobierno regional @MinSaludCol @INSColombia @IvanDuque”.
Gobernación de Putumayo.
“El fortalecimiento a la Red Pública Hospitalaria es una de las estrategias a seguir por el gobierno regional @MinSaludCol @INSColombia @IvanDuque”. Gobernación de Putumayo.

Según El Espectador, en mayo de 2020 la Procuraduría señaló que “resulta altamente inconveniente que ante la pandemia producida por el COVID-19, los recursos del Estado no estén presuntamente invertidos y ejecutados de manera correcta”. También, el órgano de control advirtió del despropósito de los sobrecostos debido a “indebida planeación por la Entidad Territorial”.

Durante la audiencia ante la Corte Suprema de Justicia, la fiscal aseguró que el mandatario promulgó, bajo el Decreto 111 del 13 de marzo de 2020, la calamidad pública, cinco días antes de que se expidiera, por parte del Gobierno Nacional, la emergencia económica y social (Decreto 417 del 17 de marzo de 2020). Además, los contratos se elaboraron un mes después de haber sido asignados, pues, al parecer, el contratista no tenía los vehículos disponibles para el plazo estipulado. A pesar de ello, recibió un adelanto del 50%, lo que va en contra de las políticas de contratación.

Según el informe presentado por la Fiscalía General de la Nación, la Dirección Especializada contra la Corrupción imputaría los mismos cargos contra Jorge Alberto Molina Giraldo, secretario de Salud del departamento y responsable de suscribir el contrato; Julián Mauricio Moreno Gómez, jefe de la oficina de Contratación de la Gobernación; Fanny Sánchez, jefa de oficinas de Prestación y Desarrollo de Servicios; Alexandra Benavides Gonzáles, jefa de las oficinas de Salud Pública del departamento, y Rubén Darío Suárez Saavedra, representante legal de Carrocerías Innova SAS.

“Ante la contundencia del material probatorio presentado por la Fiscalía, el despacho judicial acogió la solicitud, avaló la imputación e impuso la medida solicitada”, concluye el documento.

Florencio Rosero es el segundo de los últimos tres gobernadores con un proceso ante la Corte Suprema de Justicia, señala El Espectador. Jimmy Díaz, durante su período 2012-2015, habría colaborado con una organización dedicada a la minería ilegal y actualmente se encuentra preso, de manera preventiva, en la cárcel La Picota. Será procesado por concierto para delinquir, contaminación ambiental y peculado por apropiación en favor de terceros, entre otros.

Este se suma a los 237 procesos disciplinarios y 670 preventivos que adelanta la Procuraduría General de la Nación, según el procurador Fernando Carrillo Flórez. Además, evalúan otros 185 registros por presuntas irregularidades en el marco de la atención de la pandemia. De esas cifras. 43 procesos se adelantan en 19 gobernaciones y 150 en 117 alcaldías, apunta El Espectador.

El 22 de octubre se define si se impone detención domiciliaria contra el gobernador Buanerges Florencio Rosero Peña

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