Encapuchados y pólizas tienen en veremos la conciliación del Distrito y el Gobierno para manifestaciones

El Distrito discrepa de las propuestas que el Gobierno Nacional busca implementar y las señala como “inconstitucionales”. La iniciativa que mayor controversia ha desatado es sobre la prohibición del uso de capuchas a los manifestantes durante la protesta. Algunos miembros consideran que esta medida es necesaria para judicializar a quienes realicen destrozos a los vándalos; sin embargo, otros dicen que este mecanismo dificulta y limita el derecho de la protesta social.

“He recibido información de una fuente creíble que asegura que el Gobierno nacional está estudiando la declaratoria de un estado de conmoción interior con la que buscaría limitar la protesta social, silenciar los reclamos de la ciudadanía que exige justicia, verdad y reforma de la Policía; agredir y socavar la independencia del poder judicial, y amordazar a la oposición política”, dijo Iván Cepeda en la plenaria del Senado de la República el pasado martes.

¿No más capuchas durante las protestas?

Aún no hay un consenso para los protocolos durante las manifestaciones en Bogotá. Uno de los argumentos de los opositores de las capuchas es que en otros países como Canadá y Alemania esta medida es aceptada. Por ejemplo, en el Código Penal de Canadá, en el numeral 2 del artículo 351, dice que toda persona que, “con la intención de cometer un delito procesable, tiene la cara enmascarada o coloreada o está disfrazada de otra manera, es culpable de un delito procesable con una pena de prisión por un periodo no superior a 10 años”.

“Las protestas deben mantenerse, pero sí estoy de acuerdo con que no tengan capuchas, no podemos seguir patrocinando el vandalismo”, dijo la concejal de la Alianza Verde Lucía Bastidas. Frente a esta posición, múltiples expertos afirman que las políticas públicas en Colombia son diferentes y no se puede legitimar la ley de otros países.

“Es preferible que no usen capuchas, pero aquí matan a la gente cuando es identificada como un líder”, dijo al diario El Tiempo Édgar Ardila Amaya, director de la Escuela de Justicia Comunitaria de la Universidad Nacional.

Frente a esta iniciativa, el Gobierno Nacional aseguró mediante Diego Molano, Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y quien fue criticado por promover la idea del ‘Marchódromo’ cuando era concejal de Bogotá, que con esta propuesta se busca “garantizar la tranquilidad y protección de los bienes y derechos de quienes no marchan, garantizar la protección y el ejercicio de la protesta pacífica e implacable con quienes infiltren las marchas, generen vandalismo o terrorismo o ataque a los ciudadanos o a los bienes de estos”, dijo el funcionario. A lo que la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, dijo que en medio del desacuerdo harán todo lo posible por encontrar "soluciones de fondo y estructurales que aseguren el derecho a la movilización pacífica.

En el punto en el que sí hubo mutuo acuerdo es que durante las manifestaciones la policía no podrá intervenir si portan armas de fuego. Además, se definió en el acuerdo de más de 21 páginas que será la Policía y no los alcaldes quienes autoricen la aparición del Esmad.

Finalmente, otro punto en el que hubo discordia sin frutos consensuados fue la exigencia que se propone de pagar una póliza o seguro para poder manifestarse. Expertos aseguran que este mecanismo que no puede ser impuesto a través de acto administrativo por ser una materia de reserva legal, constituye una verdadera barrera de acceso para el ejercicio del derecho a la protesta.

“Lo he pedido desde el Concejo desde hace tantos años para que haya una póliza y que alguien responda por tantos daños ocasionados a comerciantes y personas de a pie que se ven perjudicadas. Eso no es limitar la protesta, es dar garantías a otros ciudadanos que no marchan y que se ven afectados por los hechos de vandalismo”, manifestó la concejal Lucía Bastidas.

Respecto a este tema, Andrés Nieto puso en duda que las aseguradoras estén dispuestas a asumir los riesgos y costos sobre hechos que muy seguramente terminarán en desmanes.

“Las pólizas siempre tienen un alcance claro sobre qué responder. Acá, sobre qué sería, ¿daños materiales?, ¿lesiones personales?”, se preguntó Nieto. Por su parte, Tatiana Hernández, líder comunitaria, manifestó que las organizaciones sociales no tienen el músculo financiero para pagar de sus bolsillos esta exigencia. Para Johan Avendaño, analista en temas de seguridad, las discusiones sobre la capucha y las pólizas son un distractor.

“Nos están desviando de la discusión de fondo que son dos temas, la violación reiterativa y sistemática del derecho internacional humanitario en la protesta social en Colombia y, en segundo lugar, el riesgo en el que se está incurriendo en relación con decirnos a los colombianos cómo comportarnos”.

Se espera que en las próximas semanas se llegue a un consenso sobre los protocolos durante las manifestaciones para evitar cualquier hecho delictivo por parte de la fuerza pública y policial.