Un juez determinó que José Elías Melo Acosta, ex presidente de Corficolombiana y ex directivo del Grupo Aval, conocía sobre los sobornos que la multinacional brasilera Odebrecht pagó a altos funcionarios del gobierno para la adjudicación de los contratos del consorcio Ruta del Sol II. La Fiscalía pide una condena de 11 años y un mes de cárcel.
Melo tenía conocimiento de un soborno por 6,5 millones de dólares que habían entregado al ex viceministro de Transporte, Gabriel García Morales, encargado del proceso de licitación de la megaobra. Así lo testificaron varios exejecutivos de Odebrecht que declararon en el juicio, entre ellos Luiz Antonio Bueno Junior, Luiz Antonio Mameri y Luiz Eduardo Da Rocha Soarez.
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Además, testificó el ex viceministro García Morales, quien dio cuenta de las reuniones que estableció Bueno Junior para acordar el pago de la coima. A estas declaraciones se le suman las del fallecido ex controller de la Concesionaria Ruta del Sol, Jorge Enrique Pizano; y las de Mauricio Millán, ex gerente del consorcio Consol, quien sostuvo que ex directivo sabía de la existencia de contratos sospechosos y fue él quien autorizó los pagos.
Con estas pruebas, el juez determinó que quedaba demostrado que contra Melo configuró un delito de cohecho y que la multinacional no obró sola, como quiso sostenerlo la defensa del acusado. Además, lo señaló de usar un contrato con la empresa española DCS Management para compensar el monto del soborno.
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"Ese contrato es de papel, ficticio o irreal. (…) Las pruebas de la defensa no logran derruir la acusación de la Fiscalía", indicó el juez, cita el diario El Tiempo. Y explicó que como Melo Acosta ha atendido todas las diligencias y llamados de la justicia, puede estar en libertad con restricción para salir del país, mientras se determina la condena.
La Fiscalía afirmó que el delito de interés indebido en la celebración de contratos tiene una pena de entre 64 a 216 meses de cárcel, y el de cohecho de entre 48 y 108 meses. Y que como el ex directivo no tiene antecedentes penales la condena no debe partir de la sentencia más alta. Por eso pide 12 años y un mes en prisión.
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Sin opción de detención domiciliaria porque no cumple con los requisitos para ello, con una sanción de entre 93 y 185 salarios mínimos legales y con una inhabilidad para ejercer cargos públicos de 136 meses. Mientras que la defensa de Melo Acosta pidió al juez tener en cuenta que su cliente tiene más de 60 años de edad y es cabeza de su núcleo familiar.
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