El narcotráfico dejó de ser el único mal de las fronteras colombianas. La minería ilegal, el tráfico de gasolina, el contrabando, la trata de personas, la explotación sexual y el reclutamiento de migrantes son otras de las actividades ilícitas que han aumentado en 13 departamentos fronterizos. Pero los más graves son los que comparten límites con Venezuela.
Así lo reveló un estudio de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), que advierte sobre las disputas de grupos armados por el control territorial de la frontera con Venezuela, que aumentó después de la desmovilización de las FARC; reseña El Tiempo. En estas zonas, entre enero de 2017 y mayo de 2018, se presentaron 148 homicidios, según cifras de la FIP.
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Una de las regiones de mayor riesgo es el departamento de Norte de Santander, más específicamente en Catatumbo, donde hubo un aumento del 19% en los homicidios entre enero y junio de este año. Esta zona ha sido clave para la expansión de la guerrilla del ELN, donde se enfrenta con el grupo residual del EPL, conocido como Los Pelusos.
En el último año y medio, las dos guerrillas han protagonizado varios paros armados que han dejado 98 acciones criminales como hostigamiento, secuestros y emboscadas. Y entre marzo y julio han dejado 16.000 personas desplazadas en por lo menos seis municipios, según conoció El Tiempo.
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En Arauca, en cambio, la violencia es por los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las FARC, por el manejo del contrabando y el cobro de extorsiones. Entre estos grupos armados se han presentado tres combates este año, uno en Colombia y dos en Venezuela. Además, la FIP confirmó al medio nacional que en la región se han encontrado "venezolanos adoctrinados como informantes y combatientes".
De hecho, la Fundación menciona en el estudio que las disidencias de las FARC en Arauca tendrían 150 hombres encargados del reclutamiento de milicianos de la exguerrilla que no han tenido una reintegración efectiva, y de niños desde los 8 años de edad.
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A eso se le suma, en todos los territorios fronterizos con Venezuela, el reclutamiento de los migrantes que han abandonado el vecino país por la crisis humanitaria, quienes son vinculados a actividades de producción de droga, recolección de matas de coca, transporte de estupefacientes y de contrabando.
"La situación migratoria de venezolanos ha provocado una crisis humanitaria con baja capacidad de respuesta institucional y de las organizaciones humanitarias", aseguró la FIP a El Tiempo. Otras regiones donde se disputan las rutas de drogas y contrabando son los departamentos de Cesar y La Guajira, bajo en control del Clan del Golfo.
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