Las vacunas contra el coronavirus son seguras y efectivas. Por lo general, el organismo necesita dos semanas después de la vacunación para generar protección y prevenir la enfermedad COVID-19. Recién se considera que una persona tiene la vacunación completa hasta pasadas dos semanas después de haber recibido la segunda dosis. Hasta el momento, ya se han autorizado ocho vacunas contra el COVID-19 para uso de emergencia en el mundo. Una de ellas solo requiere de una dosis. Pero el acceso a cuál de esas vacunas depende del lugar en que se resida o de las posibilidad de viajar a otros países para conseguirla.
En países como la Argentina, Chile o Uruguay, se pusieron en marcha planes de vacunación nacionales que distribuyen y aplican las vacunas importadas en función de la cantidad de dosis que se van recibiendo desde el exterior. En la Argentina, el plan busca reducir el número de casos graves de COVID-19 y la mortalidad. Se han aplicado estas vacunas: Sputnik-V, del Instituto Gamaleya de Rusia; Covishield, producida en India; la vacuna AstraZeneca/Universidad de Oxford y Sinopharm, de China.
Todas las vacunas están autorizadas en la Argentina para mayores de 18 años. Pero se van aplicando, según los grupos definidos como prioritarios, que son el personal esencial, como el personal de la salud, las Fuerzas Armadas y de Seguridad, los docentes, y los grupos de mayor riesgo de complicaciones, como las personas mayores de 60 años
En la Argentina, entre los mayores de 60 años, tres de cada cuatro están cubiertos con la primera dosis. La semana pasada, se ampliaron los grupos priorizados. El Ministerio de Salud de Nación decidió incorporar dentro del plan de vacunación a pacientes oncológicos; a quienes tengan tuberculosis activa; y a las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, incluyendo síndrome de Down.
En Chile, se aplican las vacunas contra el COVID-19 de Pfizer/BioNTech en el personal de la salud, y la de Sinovac, elaborada en China. También se administra la vacuna AstraZeneca. Cada persona recibe el turno de manera escalonada, y ya se empezó a vacunar a las personas de 35 a 40 años. En tanto, en Uruguay, hay un comité asesor de vacunación del Gobierno, y se están aplicando las dosis de vacunas de AstraZeneca en mayores de 60 años. Las vacunas Pfizer/BioNTechs se aplican a grupos prioritarios, y el resto de la población reciben las vacunas Sinovac.
En España, el Gobierno tampoco permite elegir qué vacuna ponerse. Se ha informado que “la campaña de vacunación frente al COVID-19 está condicionada por la grave situación epidemiológica que estamos viviendo. Por eso, y con el fin de reforzar la protección de los más vulnerables cuanto antes, la elección de la vacuna a aplicar no puede ser una elección individual”, sino que debe basarse en la eficacia y en la indicación para los diferentes grupos de la población.
En los Estados Unidos, en cambio, se avanzó con un plan de vacunación masivo a los mayores de 16 años. En el estado de Florida para ser “elegible” para la vacuna es necesario ser residente o probar que se ofrece un servicio para el estado. Sin embargo, el domingo 9 de mayo se estaban vacunando visitantes de todas partes del mundo en la playa.
En ese país, se han autorizado tres vacunas para uso de emergencia. Las vacunas de ARN mensaje de Pfizer/BioNTech (esta semana se anunció su aprobación para mayores de 12 años) y Moderna (implican dos dosis), y la vacuna de Johnson & Johnson, que solo requiere una dosis. En Nueva York, están por destinar unos 30 millones de dólares para dar la vacuna de una sola dosis como una manera de atraer turistas.
Las diferencias en el acceso han generado viajes de personas que van por la vacuna contra el COVID-19 a otros países. Carissa Etienne, directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), consideró que el principal cuestionamiento ético en la región y en el mundo es que el acceso a las vacunas es muy desigual y que “todos deberían tener acceso a las vacunas contra el coronavirus independientemente de dónde vivan, deberían estar disponibles para todos en todas partes”. Además, agregó: “La riqueza, la posición que uno ocupe en la sociedad o la capacidad de viajar a otros países no debe ser determinante para que se tenga acceso a las vacunas”.
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