La Justicia chilena condenó a un excomandante del Ejército por lavado de activos

El Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago declaró por decisión unánime culpable al excomandante en jefe del Ejército, Óscar Izurieta Ferrer, por el delito de lavado de activos, tras acreditar que recibió durante años una asignación mensual proveniente de los gastos reservados de la institución, dinero que destinó, entre otras cosas, al pago de un departamento en el barrio alto capitalino.

El fallo representa otro capítulo del denominado “Milicogate”, una de las investigaciones por corrupción más relevantes vinculadas a las Fuerzas Armadas. En esta arista, la corte estableció que Izurieta recibió de manera periódica dineros desde fondos institucionales, y que posteriormente realizó distintas operaciones para ocultar su procedencia.

La investigación permitió reconstruir un mecanismo que, según el veredicto, se extendió durante varios años y que involucró a otros dos antiguos jefes del Ejército: Juan Miguel Fuente-Alba y Humberto Oviedo, quienes destinaron recursos de los gastos reservados para entregar una suerte de “mesada” a quienes habían ocupado anteriormente el máximo cargo de la institución.

Los pagos se realizaban en efectivo y sin respaldo contable, bajo un concepto denominado “Apoyo Ex-CJE”. Las sumas comenzaron en $400 mil (USD 412) durante 2010 y alcanzaron el millón de pesos en 2017 (USD 1.030).

De acuerdo a la investigación, Izurieta habría recibido entre $61,2 millones (USD 63.135) y $78 millones (USD 80.487) entre 2010 y 2018. El dinero llegaba en sobres cerrados, pese a que los gastos reservados están destinados por ley a necesidades propias del funcionamiento institucional.

El departamento

El Ministerio Público logró acreditar que Izurieta pagó entre 2012 y 2015, en dinero contante y sonante, 36 cuotas de un crédito hipotecario correspondiente a un departamento ubicado en la comuna de Las Condes, pagos que alcanzaron la suma de $14,9 millones (USD 15.380). La propiedad, destinada al arriendo, generó ingresos entre 2010 y 2025 por al menos $166,2 millones (USD 171.562), según los antecedentes incorporados a la investigación.

Para peor, en 2019 Izurieta rectificó seis declaraciones tributarias correspondientes a los años comerciales entre 2012 y 2017, incorporando $51,2 millones (USD 52.847) bajo el concepto de rentas, sin transparentar el origen de esos recursos.

Dos años más tarde realizó otra operación que llamó la atención de los investigadores: puso el departamento a nombre de una de sus hijas. Meses después, recibió de ella un poder indefinido que le permitía gestionar la propiedad, concretar contratos de arriendo y percibir los ingresos correspondientes, los que entre 2022 y 2025 fueron transferidos desde una cuenta bancaria de su esposa hacia una cuenta perteneciente al propio Izurieta.

Ocho años de cárcel

Otro de los argumentos que no prosperó durante el juicio fue el planteamiento de que Izurieta no podía ser responsabilizado por lavado de activos debido a que ya no ejercía como comandante en jefe cuando recibió parte de los dineros.

El tribunal descartó esa interpretación y precisó que para configurar el delito de lavado no resulta indispensable haber participado directamente en la malversación que dio origen a los fondos. La acusación contra el exgeneral no apuntaba a que hubiera sustraído personalmente los recursos públicos, sino a las conductas posteriores relacionadas con su apropiación, administración y utilización.

Así las cosas, la Fiscalía Regional de Los Lagos solicitó una pena de ocho años de presidio, una multa superior a los $36 millones (poco más de USD 37 mil), la incautación del departamento y las ganancias obtenidas mediante su explotación -amén de su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos-, sentencia que se conocerá el próximo 27 de noviembre.