La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) llamó a imputación a nueve antiguos integrantes de las extintas FARC-EP por su presunta máxima responsabilidad regional en malos tratos, torturas, ejecuciones y violencias reproductivas contra niños y niñas reclutados durante el conflicto armado.
Las decisiones se concentran en dos patrones de violencia dentro del Caso 07: las agresiones vinculadas al régimen interno de la guerrilla y las violencias reproductivas sufridas por las niñas que permanecieron en sus filas.
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La Jurisdicción documentó los hechos a partir de entrevistas con 214 víctimas. Los testimonios describen castigos, tareas que excedían la capacidad física de los menores, restricciones de comida y sueño, entrenamientos sin preparación adecuada y exposición a combates. También identificó anticoncepción y abortos forzados contra las niñas reclutadas.
La magistrada Lily Rueda explicó que los menores fueron sometidos a labores cotidianas como transportar leña, abrir trincheras, cocinar y realizar tareas de aseo.
Las sanciones también alcanzaban acciones que podían parecer menores, como intentar contactar a la familia, comer un trozo de panela sin autorización o negarse a participar en torturas. Rueda sostuvo que la Sala de Reconocimiento identificó un régimen que regulaba cada aspecto de la vida de los niños y niñas dentro de la organización armada.
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La magistrada describió ese sistema como un “entorno de coacción permanente”, marcado por vigilancia constante y obediencia impuesta para anular la autonomía de las víctimas. Según explicó, esa dinámica garantizaba que los menores cumplieran las tareas ordenadas por la guerrilla sin que su edad fuera una consideración para quienes ejercían el control.
La funcionaria afirmó que esos hechos no correspondieron a episodios desconectados. “Estos no fueron hechos aislados”, dijo al referirse a conductas que la Sala considera sistemáticas. Las víctimas relataron que los castigos incluían trabajos obligados, aislamiento, agresiones físicas, humillaciones y fusilamientos.
La magistrada señaló que los procedimientos disciplinarios y los llamados consejos revolucionarios de guerra no respetaban garantías básicas, entre ellas el derecho de defensa, la legalidad y la independencia.
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La JEP documentó torturas, tratos crueles y ejecuciones sin garantías
Dentro del patrón relacionado con malos tratos y violencia extrema, la Jurisdicción registró 104 víctimas sometidas a tortura. Otras 28 personas fueron sometidas a tratos crueles, de acuerdo con la información presentada por la magistrada.
A su vez, 208 víctimas fueron objeto de condenas y ejecuciones sin juicio previo o sin las garantías indispensables. Rueda señaló que las imputaciones comprenden “malos tratos, torturas, sentencias, ejecuciones, condenas y juicios sin garantías”.
La Sala vinculó esos patrones con la estructura jerárquica de las extintas FARC-EP y con el control que sus mandos regionales ejercían sobre la vida intrafilas. La investigación apunta a quienes, desde esas instancias, implementaron, desarrollaron y controlaron las expresiones regionales de patrones que ya habían sido identificados a escala nacional.
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En noviembre de 2024, la Sala de Reconocimiento hizo pública una imputación contra seis antiguos integrantes del Secretariado por su presunta máxima responsabilidad en el nivel nacional.
Esa decisión incluyó cinco patrones: reclutamiento y utilización de niños y niñas, malos tratos y homicidios, juicios sin garantías, violencias reproductivas, violencias sexuales y agresiones basadas en prejuicios contra menores de orientación sexual diversa.
Los entrenamientos expusieron a menores a armas, explosivos y combates
Un grupo de 68 víctimas describió abusos durante los entrenamientos militares. Los menores eran obligados a cargar armamento pesado, recorrer largas distancias y manipular explosivos y minas antipersonal sin la preparación necesaria.
Otros 81 testimonios señalaron que los reclutados fueron llevados a operaciones militares y quedaron expuestos al fuego enemigo pese a que no tenían experiencia suficiente para afrontar combates.
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Entre las prácticas de castigo figuraban la privación de alimento y sueño cuando los menores fallaban en ejercicios de manejo de armas o explosivos.
La magistrada Rueda indicó que la obediencia operó como un mecanismo de control sobre las víctimas, en un contexto donde la organización imponía tareas y sanciones sin distinguir entre adultos y menores de edad.
La funcionaria también reveló que la Jurisdicción documentó casos de suicidio de menores como consecuencia de los malos tratos sufridos durante su permanencia en las filas.
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