La exsenadora Sandra Ramírez, antigua integrante de las Farc, solicitó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) modificar las condiciones de la diligencia en la que deberá rendir versión voluntaria por hechos relacionados con el reclutamiento y la utilización de niñas y niños durante el conflicto armado.
La petición fue presentada por su defensa mediante un documento allegado a la Sala de Reconocimiento de Verdad, en el que pidió sustituir la audiencia presencial prevista para este miércoles 4 de noviembre de 2026 por una metodología escrita.
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La Sala de Reconocimiento deberá pronunciarse sobre la petición y determinar si mantiene la comparecencia presencial o autoriza el mecanismo propuesto por la defensa.
Los argumentos de la defensa de Sandra Ramírez
En el documento, la representación de la exsenadora expuso que las amenazas y los señalamientos públicos en su contra tienen efectos sobre su integridad personal y emocional. Para sustentar esa posición, hizo referencia a decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), particularmente a los casos Yarce y otras vs. Colombia y Manuel Cepeda Vargas vs. Colombia.
Sobre el primero, la defensa mencionó el análisis realizado por el tribunal internacional acerca de los hostigamientos sistemáticos contra líderes sociales de la Comuna 13 de Medellín. Según el documento, ese precedente reconoció que las amenazas reiteradas pueden afectar la integridad psíquica y moral de las personas, incluso cuando no se traducen inmediatamente en agresiones físicas.
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En relación con el caso de Manuel Cepeda Vargas, la representación judicial señaló que la Cidh estableció la relación entre el asesinato del congresista de la Unión Patriótica y un contexto previo de estigmatización pública. A partir de ese antecedente, sostuvo que la situación de Ramírez requiere una actuación diligente de la magistratura frente a las amenazas denunciadas.
La defensa formuló tres solicitudes concretas. La primera consiste en que la versión voluntaria de Sandra Ramírez se realice por escrito; como segundo punto, pidió que la JEP le remita un cuestionario que incluya la hipótesis investigativa, las menciones sobre ella, las demandas de las víctimas acreditadas y las preguntas de la Procuraduría Delegada.
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Finalmente, solicitó un término de al menos 30 días hábiles, contado desde la recepción del cuestionario y la habilitación efectiva para responderlo.
La defensa también citó como antecedente el Auto SUB-P-CASO 11-005 del 16 de septiembre de 2026, relacionado con las versiones voluntarias dentro de la investigación sobre violencia de género intrafilas en las Farc-EP. Según su planteamiento, en ese procedimiento se adoptó la metodología escrita, por lo que considera que existe un precedente para aplicar una modalidad similar en este caso.
La reacción de Deisy Guanaro, una de las víctimas
La solicitud provocó un pronunciamiento de Deisy Dorelly Guanaro, víctima de las Farc que ha relatado el presunto papel de Sandra Ramírez en el reclutamiento de menores de edad con fines de explotación sexual dentro de esa organización.
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A través de una publicación en su cuenta de X, Guanaro manifestó su rechazo a la posibilidad de modificar la fecha de la diligencia y pidió a la JEP mantener la convocatoria prevista. “Como víctima denunciante, rechazo contundentemente esta solicitud y le exijo a la JEP que mantenga la fecha de la audiencia. ¡Diez años han sido suficientes! ¿Cuánto más deben esperar las víctimas? ¿Cuántas veces más se van a aplazar las respuestas que Colombia y las víctimas estamos esperando?“, señaló.
Y concluyó: “No más dilaciones, no más aplazamientos y no más burlas a las víctimas. ¡Es hora de dar la cara y responder!”.
¿Por qué fue citada Sandra Ramírez ante la JEP?
La convocatoria fue anunciada el 18 de septiembre, cuando la Sala de Reconocimiento de Verdad citó a la exsenadora para rendir versión voluntaria dentro del Caso 07, que investiga el reclutamiento y la utilización de niñas y niños durante el conflicto armado, así como otros crímenes cometidos contra ellos durante su permanencia en las filas de las Farc.
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La diligencia está a cargo del despacho liderado por la magistrada Lily Rueda Guzmán. La jurisdicción explicó que busca profundizar y contrastar la información disponible sobre la trayectoria de Ramírez en la guerrilla, las funciones que desempeñó, su eventual capacidad de influencia dentro de la organización y su posible conocimiento o intervención en las violencias intrafilas investigadas.
La JEP aclaró que la convocatoria a versión voluntaria no constituye una imputación ni determina responsabilidad penal. Se trata de una diligencia destinada a recoger información y permitir que la compareciente se pronuncie sobre los señalamientos y elementos que la relacionan con la investigación.
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En el Caso 07 han sido acreditadas 11.277 víctimas: 2.250 individuales y 9.027 que participan colectivamente a través de cinco pueblos indígenas y un consejo comunitario afrocolombiano. La decisión sobre la solicitud presentada por la defensa de Ramírez determinará si su comparecencia se desarrolla en las condiciones inicialmente establecidas o mediante el mecanismo escrito propuesto.
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