Tierras y deforestación: la disputa que impulsa a Bolsonaro en un bastión amazónico

“Hemos estado luchando contra el medio ambiente”.

Así explica Rosana Gonzaga, vicealcaldesa de Novo Progresso, por qué esta ciudad fronteriza de la Amazonía se ha convertido en uno de los principales bastiones de apoyo en Brasil al candidato presidencial conservador Flávio Bolsonaro.

Gonzaga, ganadera afiliada al Partido Liberal de Bolsonaro, señaló al presidente Luiz Inácio Lula da Silva y a la exministra de Medio Ambiente Marina Silva como adversarios de la ciudad en una disputa de dos décadas por tierras protegidas.

Gonzaga ayuda ahora a liderar una campaña para que Flávio Bolsonaro obtenga 90% de los votos en Novo Progresso en la segunda vuelta presidencial del domingo, después de haber logrado allí 84,13% en la primera ronda. Fue la segunda mayor proporción de votos para el candidato entre los 5.569 municipios de Brasil. El objetivo de los bolsonaristas locales es que Novo Progresso le dé el mayor respaldo del país en la segunda vuelta.

La elección del domingo refleja una profunda división sobre la Amazonía y el medioambiente. Lula, de izquierda, ha prometido poner fin a la deforestación neta, la mayor fuente de emisiones de carbono de Brasil, para 2030 y ha vinculado esa meta con los compromisos del país en el Acuerdo de París. Flávio Bolsonaro ha cuestionado el papel de la actividad humana en el cambio climático y ha prometido eliminar únicamente la deforestación ilegal, dejando margen para la tala autorizada. La contienda sigue muy reñida, con encuestas que muestran un empate técnico. En la primera vuelta, el candidato conservador obtuvo 47% frente a 45,2% de Lula.

En Novo Progresso, los simpatizantes de Bolsonaro han impreso camisetas y calcomanías con el “90%” y organizaron una caravana de camionetas, autos, motocicletas e incluso excavadoras, a la que se sumó el gobernador electo del estado de Pará, Daniel Santos. Gonzaga cubrió su auto con imágenes de campaña en las que aparece junto a Flávio Bolsonaro, su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, condenado por un intento de golpe y cumpliendo su pena bajo arresto domiciliario, y la esposa de Jair, la senadora electa Michelle Bolsonaro.

El auto llevaba el lema: “Voté por el padre, voto por el hijo”.

La familia de Gonzaga se mudó a Novo Progresso, en el sur del estado de Pará, en 2003. Compró a un vendedor privado una zona de bosque primario, aunque la tierra pertenecía al gobierno federal y no contaba con título formal. Tres años después, el gobierno de Lula la incorporó a una nueva área de conservación. Gonzaga dice que esa decisión dejó a su familia y a otros agricultores sin acceso al crédito y expuestos a multas y acciones de fiscalización.

La historia de su familia sigue un patrón que ha moldeado a Brasil durante décadas, si no siglos: colonos de ascendencia europea empujando la frontera agrícola cada vez más hacia el interior del país. En la Amazonía, esa expansión ha avanzado sobre vastas extensiones de tierras públicas sin una destinación definida. Los acaparadores identifican y ocupan esas áreas, talan el bosque y crean documentos para respaldar la posesión antes de vender los terrenos. Los estados y el gobierno federal han regularizado con frecuencia este tipo de ocupaciones, generando incentivos para que la práctica continúe.

Durante el primer mandato de Lula, su gobierno, con Marina Silva como ministra de Medio Ambiente, buscó convertir la región de Novo Progresso en un ejemplo de cómo frenar la deforestación. La ciudad está ubicada a lo largo de la carretera BR-163, un importante corredor de exportación para la soja producida en el vecino estado de Mato Grosso. Para evitar que la pérdida de bosque se extendiera a lo largo de la ruta, uno de los patrones más comunes de deforestación en la Amazonía, el gobierno puso en marcha una serie de medidas, entre ellas la creación de áreas protegidas y un endurecimiento de la fiscalización ambiental.

En 2006, creó el Bosque Nacional de Jamanxim, incorporando la finca de Gonzaga y varias otras a un área federal de conservación. En Brasil, los bosques nacionales son de propiedad pública y están destinados al uso sostenible de la vegetación nativa y a la investigación científica. Desde entonces, Gonzaga se ha convertido en una de las líderes de un movimiento que busca privatizar alrededor de 486.000 hectáreas dentro de esta zona protegida, una superficie equivalente a unas seis veces el área de la ciudad de Nueva York. Flávio Bolsonaro ha prometido impulsar ese objetivo.

“Voy a llevar a cabo la mayor regularización de tierras que Pará haya visto jamás”, dijo durante una visita a la ciudad de Marabá el lunes. “Su tierra será suya en papel”. Y agregó: “Vamos a eliminar las restricciones ambientales que existen por razones ideológicas”.

Durante los cuatro años de su mandato presidencial, Jair Bolsonaro no impulsó la legalización de las tierras de los colonos, pero el debilitamiento de la fiscalización ambiental durante su gobierno coincidió con un fuerte aumento de la deforestación. Entre 2019 y 2022, un período que coincide en gran medida con su presidencia, se deforestaron alrededor de 52.300 hectáreas dentro del Bosque Nacional de Jamanxim, casi el doble de la superficie registrada entre 2015 y 2018. Entre 2023 y 2026, bajo Lula, la deforestación cayó alrededor de 86%, según datos oficiales.

En 2019, Novo Progresso se convirtió en un símbolo del enfoque laxo de Jair Bolsonaro hacia la Amazonía, después de que agricultores locales organizaran incendios coordinados para mostrar su apoyo a su gobierno y, según reportes de la época, dificultar el monitoreo satelital de la deforestación. El episodio ocupó titulares en todo el mundo y pasó a conocerse como el “Día del Fuego”.

Tras ser reelegido para un tercer mandato, Lula restableció la fiscalización ambiental en toda la Amazonía, pero también buscó tender puentes con Novo Progresso y otras ciudades con altos niveles de deforestación. En 2024, el gobierno lanzó Unión con los Municipios, un programa que combina reformas sobre la tenencia de la tierra y el medioambiente con asistencia técnica para ayudar a los agricultores familiares a acceder a programas públicos y crédito.

Pero el programa tuvo poco impacto, según el alcalde de Novo Progresso, Gelson Dill, un político de centroderecha que no está alineado con Bolsonaro. La ciudad recibió parte de la inversión prometida, dijo, pero no la suficiente, y la iniciativa nunca se convirtió en el “punto de inflexión” en la relación del municipio con el gobierno federal que las autoridades esperaban.

Dill coincide en que la región necesita regularizar las tierras que ya se destinan a la agricultura, incluidas algunas dentro de Jamanxim. Pero, mientras los simpatizantes de Bolsonaro anticipan un cambio en la política ambiental, el alcalde también advierte sobre un posible riesgo.

“Espero que esta expectativa en torno al nuevo gobierno no provoque una carrera por deforestar aquí”, dijo.

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