Los maestros bolivianos amenazaron con una huelga indefinida tras el paro nacional de 24 horas

Los maestros de Bolivia amenazaron con una huelga indefinida contra las políticas del Gobierno de Rodrigo Paz, después de cumplir un paro nacional de 24 horas y movilizaciones en varias ciudades en rechazo a la descentralización de la educación técnica, la situación salarial del sector y lo que consideran un intento de debilitar la enseñanza pública.

La protesta suspendió las clases en las unidades educativas fiscales y reunió a docentes urbanos en La Paz, Cochabamba, Sucre, Oruro y Santa Cruz. Los sindicatos llevaron adelante marchas en las calles y concentraciones frente a instituciones públicas, mientras exigieron que el Ejecutivo descarte los cambios previstos para los institutos de formación de educadores.

En La Paz, cientos de maestros partieron desde El Alto hacia el centro de la ciudad, pese a la lluvia. La movilización llegó hasta las inmediaciones del Ministerio de Educación, donde agentes antidisturbios mantuvieron un operativo de resguardo. Los dirigentes realizaron un mitin y resolvieron pedir la renuncia del ministro de Educación, Ricardo Erick Sanjinés.

Durante la concentración, los representantes del magisterio urbano advirtieron que avanzarán hacia una medida de presión sin fecha de finalización si el Gobierno no modifica sus planes. Los docentes sostuvieron que defenderán la educación “fiscal, única y gratuita” y rechazaron cualquier decisión que, según su interpretación, abra la puerta a la privatización del sistema.

La dirigente nacional Shirley Bonilla afirmó que el sector mantendrá su posición frente a las propuestas oficiales. “Hemos reiterado que la educación no se negocia, no se lucra, que con la educación no van a pagar sus prebendas y compromisos estos gobernadores, ni el Gobierno”, declaró.

Bonilla también señaló que los maestros no abandonarán sus reclamos. “Se mantendrá firme” y “no claudicará en la defensa de la educación única, fiscal y gratuita”, afirmó sobre la postura del sector durante la jornada de protesta.

El principal cuestionamiento de los sindicatos se concentró en el proyecto gubernamental para transferir a gobernaciones y municipios la administración de los institutos técnicos y tecnológicos dedicados a la formación de maestros. Hasta ahora, esas entidades dependieron de manera centralizada del Ministerio de Educación.

Los docentes consideraron que la descentralización podría afectar sus derechos laborales y fragmentar la organización sindical. Según los dirigentes, el traslado de responsabilidades a las administraciones regionales y municipales convertiría las demandas nacionales del magisterio en reclamos locales, con consecuencias para la estabilidad de los trabajadores y la asignación de recursos educativos.

La protesta también incluyó un reclamo por salarios. Los maestros pidieron una mejora de sus ingresos ante el encarecimiento de los productos básicos y la pérdida del poder adquisitivo en medio de la crisis económica. El sector vinculó esa situación con los cambios aplicados por el Gobierno a los subsidios de combustibles.

El Gobierno de Paz redujo los subsidios a la gasolina y eliminó los destinados al diésel, medidas que elevaron costos y repercutieron en el precio de la canasta básica. En ese contexto, los docentes plantearon que sus salarios necesitan una actualización que contemple el deterioro de las condiciones económicas.

Las protestas se desarrollaron bajo custodia policial en varias ciudades. En Cochabamba, los maestros marcharon con sombrillas debido al intenso sol, mientras efectivos acompañaron el recorrido. En Santa Cruz, Oruro y otras capitales departamentales también se registraron movilizaciones de docentes urbanos.

En Sucre, la Policía dispersó una manifestación con gases lacrimógenos, según informaron medios locales. Además, en La Paz y Sucre se produjeron incidentes cuando algunos grupos intentaron bloquear calles. Los agentes utilizaron gas pimienta para impedir los cortes de vías.

Los bloqueos están restringidos por el estado de excepción vigente desde junio, que el Gobierno aplicó tras una serie de protestas y tomas de carreteras vinculadas con la crisis económica. La medida fue ampliada por tres meses en septiembre, después de los bloqueos registrados durante el segundo trimestre, que dejaron a varias ciudades con problemas de abastecimiento y provocaron pérdidas económicas.

(Con información de AFP y EFE)