A días del balotaje en Brasil, los candidatos priorizan medidas populares en sus planes fiscales

Ambos candidatos a la presidencia de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro, orientan sus planes fiscales hacia medidas políticamente atractivas a días de la segunda vuelta electoral, prevista para el 25 de octubre. Economistas advierten que las estrategias para contener la creciente deuda del país solo se conocerán después de los comicios.

La deuda bruta del país avanzó más de 10 puntos porcentuales desde que Lula asumió el Gobierno y hoy representa el 82,9% del producto interno bruto (PIB). El mandatario aspira a continuar en el cargo luego de un resultado adverso en la primera vuelta, donde el senador Bolsonaro se impuso en las urnas a comienzos de octubre.

El candidato opositor, de perfil derechista, abrió su campaña con la promesa de un recorte fiscal de ritmo acelerado, con el objetivo de sumar 1,5 puntos del PIB al resultado primario en un plazo de 18 meses. Su apuesta busca transmitir solidez a los mercados y abaratar el costo de financiamiento del Estado. Tras su triunfo en la primera ronda de votación, el rendimiento de los bonos de largo plazo cedió de forma marcada, en sintonía con las expectativas de los inversores frente a un eventual cambio de gobierno. Pese a esto, su equipo todavía no precisó de qué manera instrumentaría ese ajuste.

El oficialismo, por su parte, también se comprometió a avanzar en la consolidación de las cuentas públicas, aunque con un ritmo más pausado y bajo la condición de que el ajuste no recaiga sobre los sectores de menores ingresos. Con encuestas que ubican a Bolsonaro apenas por delante, ambos espacios políticos evitaron tocar las causas de fondo del desequilibrio presupuestario y se inclinaron por anuncios que no generen rechazo en el electorado.

Los economistas coinciden en que el principal desafío reside en el rápido crecimiento del gasto obligatorio y en la creciente rigidez del presupuesto. El año pasado, apenas el 7,6% del presupuesto federal quedó bajo manejo discrecional del Gobierno, un porcentaje muy inferior al 14,2% que se registraba en el año 2000, cuando comenzó a medirse esta serie en el Panel del Presupuesto Federal de Brasil.

Daniella Marques, asesora económica de Bolsonaro, negó que su espacio planee tocar los programas sociales y garantizó que tanto las jubilaciones como los subsidios de asistencia quedarán al margen de cualquier recorte. “Se puede lograr que el gobierno funcione recortando sus propios excesos”, sostuvo el miércoles, al mencionar la reducción de cargos políticos y de carteras ministeriales como posibles vías de ahorro.

Geraldo Alckmin, vicepresidente en la fórmula de Lula, se refirió al tema desde otro ángulo. Para él, la prioridad debería ser poner límites al financiamiento de las campañas políticas y revisar los sueldos más altos que perciben algunos empleados del Estado.

Para Rafaela Vitoria, economista jefe del banco brasileño Inter, ninguna de las dos coaliciones puso sobre la mesa las reformas de fondo que exige la estabilización de la deuda. “No existe una solución mágica a corto plazo”, explicó. “El debate sobre medidas estructurales resulta sumamente difícil durante una campaña electoral, ya que son impopulares”. La especialista planteó que, aunque un camino gradual todavía es posible, las definiciones sobre indexación de beneficios, gasto obligatorio y superposición de programas sociales quedarán pendientes hasta después del comicio.

En paralelo a la disputa por los planes fiscales, el Senado brasileño aprobó esta semana una enmienda constitucional que reduce la jornada laboral máxima de 44 a 40 horas semanales sin afectar los sueldos, con 75 votos a favor y uno en contra. Lula planea convertirla en ley la semana próxima, en un escenario donde incluso Bolsonaro, opositor a la iniciativa hasta días antes de la votación, terminó acompañándola con su voto emitido a distancia. Desde el Gobierno calculan que la medida alcanzará a más de 37 millones de trabajadores y otorgaron a las empresas un plazo de 14 meses para adecuarse al nuevo límite horario.

Bolsonaro, que hasta entonces defendía un esquema de pago por hora con negociaciones individuales entre empleados y empleadores, cambió de postura ante el amplio respaldo popular que generó el proyecto, en una contienda que se define por un margen estrecho frente a Lula

(Con información de AP y Reuters)