La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a Everth Julio Hawkins Sjögren, exgobernador de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, por contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros, delitos vinculados a un proyecto de mejoramiento urbanístico en el islote Haynes Cay valorado en 11.125 millones de pesos.
La acusación fue radicada el 15 de octubre de 2026 y se centra en una investigación que estima un presunto detrimento patrimonial superior a los 4.330 millones de pesos por sobrecostos, sumas no ejecutadas ni devueltas y omisión de descuentos por impuestos, estampillas y sobretasas.
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Hawkins ocupó la Gobernación del departamento insular entre 2020 y 2023. El escrito de acusación de la Fiscalía señala que el líder habría incidido en la orientación del presupuesto, la selección del contratista y la modalidad de contratación empleada, pese a haber delegado formalmente la firma del contrato en el entonces secretario de Infraestructura.
Irregularidades en la contratación
La Gobernación suscribió un contrato interadministrativo con la Asociación Regional de Municipios del Caribe (Aremca), entidad que, según la investigación, no contaba con la experiencia técnica requerida para este tipo de intervención. La iniciativa, además, no figuraba en el banco de proyectos de la Gobernación ni tenía las autorizaciones correspondientes.
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La ley exigía que la obra se adjudicara por licitación pública, pero se contrató de forma directa. El estudio de mercado previo fue calificado como insuficiente y el proyecto fue presentado como una gerencia estratégica cuando en la práctica se trataba de una obra de infraestructura.
La Aremca, a su vez, subcontrató tanto la ejecución de las obras como la interventoría, señaló el ente acusador en su documento de acusación.
Obra ejecutada sin permisos ambientales ni marítimos
Los trabajos comenzaron el 20 de abril de 2023 sin licencia ambiental de Coralina —la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago— ni permisos de la Dirección General Marítima (Dimar).
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Se construyeron una plataforma y kioscos turísticos que enfrentan riesgo de demolición por carecer de aval. El muelle de acceso al islote, uno de los componentes centrales del proyecto, nunca fue ejecutado.
Dos días antes del inicio formal de las obras, el 11 y 12 de enero de 2023, la Gobernación ya había desembolsado 10.847 millones de pesos a una fiducia constituida por Aremca.
La Fiscalía sostiene que el exmandatario tenía conocimiento de las anomalías registradas durante el trámite, de los desembolsos efectuados y de la posterior suspensión de la obra.
El caso forma parte de una estrategia investigativa de la Fiscalía centrada en actos de corrupción relacionados con el Sistema General de Regalías. Un Grupo de Tareas Especiales, conformado por la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia y la Dirección Especializada contra la Corrupción, acumula en seis meses 28 personas judicializadas por el direccionamiento de más de 1.252 contratos cuyo valor supera los 3,7 billones de pesos.
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Procuraduría también tenía proceso contra Hawkins
Previamente, el 1 de diciembre de 2025, la Procuraduría informó que abrió un proceso contra el exgobernador, “así como a otros dos exfuncionarios del departamento, por presuntas irregularidades en la firma de un contrato para el mejoramiento de ambientes de aprendizaje escolar, financiado con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) por más de $ 8.500 millones”.
“Los otros exservidores investigados son los entonces secretarios de Infraestructura, Alfredo Alarico Escalona Peterson (2022), y de Planeación, Nidia Angélica Hernández Vásquez (2022)”, señaló la entidad.
La Procuraduría informó que “la Gobernación habría contratado en 2022 a la Asociación Regional de Municipios del Caribe -Aremca- como entidad ejecutora de los trabajos, sin que para el momento de los hechos cumpliera, aparentemente, con la idoneidad, capacidad y experiencia necesarias para desarrollar el objeto del proyecto”.
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