Ecuador autorizó la extradición a Estados Unidos de Daniel Salcedo y otro testigo protegido del magnicidio de Fernando Villavicencio

La justicia ecuatoriana autorizó la extradición a Estados Unidos de Daniel Salcedo Bonilla y del ex policía Ronald Patricio Herrera Ramírez, dos hombres requeridos por una corte federal de Nueva York que, al mismo tiempo, han entregado información a la Fiscalía de Ecuador dentro de la investigación por el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio.

Marco Rodríguez Ruiz, presidente encargado de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), concedió las extradiciones el 1 de octubre de 2026. La decisión permite avanzar hacia la entrega de ambos a las autoridades estadounidenses, aunque hasta el 2 de octubre no se había informado públicamente una fecha para su traslado.

Estados Unidos no los reclama por el asesinato de Villavicencio, ocurrido el 9 de agosto de 2023 después de un mitin electoral en Quito. La solicitud corresponde a una investigación independiente que se tramita en el Distrito Sur de Nueva York y que los vincula con una presunta operación internacional de tráfico de cocaína y delitos relacionados con armas.

Salcedo enfrenta cinco cargos en Estados Unidos: conspiración para importar narcóticos; uso, porte o posesión de armas de fuego, incluidas ametralladoras, relacionadas con actividades de narcotráfico; conspiración vinculada con esas armas; conspiración para lavar dinero y lavado de activos.

Herrera está requerido por los tres primeros cargos. Las imputaciones por lavado recaen únicamente sobre Salcedo.

La documentación presentada por las autoridades estadounidenses describe actividades que habrían ocurrido entre 2023 y 2026, con conexiones en Ecuador, Colombia, México, Estados Unidos y Europa. La hipótesis investigativa sostiene que cocaína procedente de Colombia habría transitado por territorio ecuatoriano antes de ser enviada hacia otros mercados.

Entre los elementos mencionados para sustentar el pedido constan comunicaciones, fotografías y videos, información obtenida de un teléfono incautado a Salcedo, datos relacionados con cargamentos decomisados y conversaciones obtenidas durante la investigación. Una declaración jurada elaborada por un agente especial de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) forma parte del expediente remitido a Ecuador.

Las autoridades estadounidenses también investigan una operación ocurrida en febrero de 2026 en la que aproximadamente 15 kilogramos de cocaína habrían sido enviados desde Ecuador hasta Miami. Según la documentación conocida, Salcedo habría intervenido en la operación mientras se encontraba encarcelado en Ecuador.

Otro componente de la acusación estadounidense se concentra en el movimiento del dinero. Los investigadores sostienen que Salcedo habría convertido en criptomonedas millones de dólares procedentes del narcotráfico para terceros y cobrado comisiones por esas operaciones. Esa parte de la investigación sustenta los cargos de lavado que enfrenta exclusivamente él.

Salcedo y Herrera comparecieron el 9 de septiembre ante la justicia ecuatoriana por las solicitudes de extradición. Herrera aceptó ser enviado a Estados Unidos. Salcedo inicialmente se negó a consentir su entrega porque sostuvo que necesitaba conocer con mayor detalle el expediente y los cargos formulados en su contra. Después de revisar la información y consultar con sus abogados, también aceptó la extradición.

La coincidencia de ambos nombres en el caso Villavicencio agrega una dimensión adicional al traslado. Herrera, exteniente de la Policía Nacional con experiencia en áreas investigativas y de inteligencia, es testigo protegido de la Fiscalía. En sus declaraciones ha reconocido su participación en seguimientos realizados a Villavicencio antes del crimen y ha entregado información sobre otras personas investigadas.

Salcedo también ha proporcionado información a la Fiscalía. Durante las actuaciones judiciales del denominado caso Magnicidio FV ha sido identificado como cooperador eficaz y testigo protegido, una condición que su defensa ha invocado para solicitar medidas relacionadas con su seguridad.

Su situación procesal tiene, sin embargo, una particularidad: además de colaborar con los investigadores, Salcedo está acusado dentro de la misma causa. La Fiscalía lo procesa como uno de los presuntos participantes en la autoría intelectual del asesinato de Villavicencio y le atribuye funciones de facilitación logística, financiera y de enlace dentro de la trama investigada.

La cooperación con la Fiscalía y su condición de procesado no son necesariamente excluyentes. La información proporcionada por Salcedo debe ser contrastada dentro del expediente y no elimina las imputaciones formuladas en su contra.

Herrera también ha realizado señalamientos relacionados con los hechos previos al magnicidio. Sus declaraciones y las de Salcedo forman parte de una investigación ecuatoriana que continúa abierta y en la que las responsabilidades deberán determinarse judicialmente.

La autorización para extraditarlos tampoco extingue las causas ni las condenas que mantienen en Ecuador. La CNJ dispuso que, cuando se produzca efectivamente la entrega, se suspendan los plazos de prescripción correspondientes a acciones y penas por delitos cometidos en territorio ecuatoriano.

La medida permite que los procedimientos nacionales continúen pendientes mientras ambos permanezcan bajo jurisdicción estadounidense. Salcedo acumula varias condenas en Ecuador derivadas de investigaciones por corrupción y crimen organizado, además del proceso por el asesinato de Villavicencio. Herrera también registra antecedentes judiciales en el país.