
La Justicia boliviana rechazó este martes la solicitud de cesación de la detención preventiva presentada por la defensa del expresidente Luis Arce (2020-2025), por lo que continuará recluido en el penal de San Pedro, en La Paz, mientras avanza una investigación por presuntas irregularidades en el manejo de recursos de un fondo público cuando era ministro de Economía.
Pese al rechazo de la solicitud, el juez autorizó que Arce pueda recibir atención médica cuando sea necesario. El exmandatario se encuentra actualmente internado en un hospital de La Paz, donde recibe tratamiento médico y se evalúa además la evolución de un cáncer que padeció años atrás.
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Arce, de 62 años, cumple detención preventiva desde diciembre del año pasado. Es uno de los principales investigados en un proceso relacionado con el Fondo Indígena, una entidad estatal creada durante el Gobierno de Evo Morales (2006-2019) para financiar proyectos de desarrollo destinados a comunidades indígenas y campesinas.

La Fiscalía investiga depósitos de recursos públicos que estaban destinados a proyectos y que habrían terminado en cuentas particulares, presuntamente con autorización o falta de supervisión del entonces ministro de Economía.
Desde que inició el caso, Arce ha rechazado las acusaciones en su contra. El pasado 16 de septiembre, cuando fue trasladado desde la cárcel a un hospital de la zona de Miraflores, afirmó: “Soy inocente de todo”.
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La situación judicial de Arce se desarrolla en medio de otros procesos que han involucrado al exmandatario. Uno de ellos corresponde a una denuncia presentada en Cochabamba por Brenda Lafuente, una alta exfuncionaria de su Gobierno, quien sostiene que tuvo un hijo con Arce y lo denunció por supuesto abandono de menor con agravante.

La Fiscalía Departamental de Cochabamba desestimó esa denuncia, al considerar, según la denunciante, que se trataba de un conflicto familiar que debía resolverse por esa vía y que el menor no se encontraba desprotegido. Lafuente anunció que impugnará la decisión y pidió que la investigación continúe, a la vez que afirmó tener pruebas.
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Por ahora, la principal causa que mantiene privado de libertad a Arce continúa siendo la investigación vinculada al Fondo Indígena, mientras se investigan otros caos de presunta corrupción que involucran a sus hijos.
La semana pasada, su hijo mayor, Luis Marcelo Arce Mosqueira, obtuvo detención domiciliaria tras permanecer seis meses en prisión por una acusación de enriquecimiento ilícito y legitimación de ganancias.
En tanto, sus otros dos hijos, Rafael y Camila, fueron acusados por presuntas irregularidades en la adquisición y desarrollo de un predio agrícola en Santa Cruz. Ambos habrían obtenido créditos millonarios del Banco Ganadero, sin tener experiencia en el rubro ni respaldo financiero, para iniciar un proyecto en el que se habrían beneficiado con autorizaciones y la construcción de infraestructura pública.
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