Industriales rechazan abrir el mercado a un segundo importador en Uruguay: algunas empresas evalúan cerrar si se aprueba ley

El sector empresarial uruguayo coincide en un diagnóstico: viven en “un país caro”. Esa afirmación la reiteró la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU) este miércoles, cuando sus representantes fueron al Parlamento para hablar del proyecto de ley de competitividad y reducción del costo de vida que impulsa la administración de Yamandú Orsi.

En general, el sector empresarial tiene una opinión positiva sobre esta reforma estatal pensada para reducir trámites y fomentar la competencia. La CIU, por ejemplo, planteó que la propuesta va en la dirección correcta pero prefiere no tener grandes expectativas sobre los efectos reales que tendrá.

Aunque la industria uruguaya también tiene críticas para el sistema político.

“El sistema político no ha mirado a la industria ni la ha ayudado, porque en los últimos veinte años que yo tengo en el rubro ningún partido político presentó o ayudó a algún proyecto de desarrollo de la industria nacional”, planteó el vicepresidente de la CIU, Ruben Donnángelo.

El directivo planteó que la “competitividad para la industria nacional es un tema grave” que tendrá impacto en la sociedad. “No hay más tiempo en la parte industrial. Van a seguir cerrando empresas y el drama va a ser muy grande”, planteó.

Y como ejemplo mencionó una a una las industrias que cerraron en los últimos años: “Fábricas Fenedur, que fabricaba La Gotita Poxipol; Yazaki; Eurofarma; Fanacif; Ricard Bimbo; Cinter; Lifan Automóviles; Faurecia Automóviles Autopartes; El Maestro Cubano cerró la planta; Zenda, la curtiembre principal; Fleischmann; Colgate-Palmolive cerró la planta en Uruguay porque era muy caro producir; Pili Lácteos; Rusch Uruguay, dispositivos médicos; la Textil Puerto Sauce de Juan Lacaze; Sherwin-Williams y Fanapel”.

Los industriales uruguayos son críticos del artículo del proyecto de ley que busca facilitar que exista un segundo importador de determinados productos para favorecer la competencia. “A mí me habría gustado que se hubiera analizado acá la posibilidad de que la industria nacional hubiera tenido la oportunidad de fabricar estos productos que quedan en manos de los importadores como segundo uso, porque tenemos las instalaciones y las posibilidades de hacerlos”, expresó Donnángelo. Pero lamentó que para el sector “los costos de producir en el país hacen que muchas industrias ya no sean viables”.

Los gremialistas entregaron en el Parlamento un documento en el que alertan por los impactos de este artículo. Advierten que la importación de productos “provendrá de países principalmente de la región, que tienen costos mucho más bajos para producir, regulaciones menos costosas y más laxas, así como otros estándares laborales y ambientales”. Estiman que la medida redundará en una pérdida de la inversión y empleo y en la existencia de “importadores de oportunidad”.

Además, plantean que un trámite de importación simplificado “convertiría al mercado uruguayo, por su tamaño reducido, en el destino ideal para la liquidación de excedentes de Brasil y Argentina, o de Asia, o productos próximos al vencimiento”. El ingreso de estos productos, estima la CIU, serían liquidados en Uruguay “por debajo de su costo real de producción” y desplazaría a los bienes uruguayos de las góndolas.

“A través de los primeros contactos con algunas empresas industriales, se recogió una importante preocupación, a tal punto de que algunas manejarían la posibilidad de acelerar procesos de cerrar operaciones o líneas de producción en el país en el caso de que se apruebe esta normativa”, advierten.

El director del Departamento de Estudios Económicos de la CIU, Sebastián Pérez, opinó que el proyecto “va en la dirección correcta” pero aclaró que no puede tener “expectativas desmesuradas”: “Atiende cuestiones micro y no va al fondo de lo que, por lo pronto, para la industria realmente mueve los números de la competitividad o mueve la aguja”.

La CIU señala que los temas que realmente “moverían la aguja” del sector son los costos de la energía, las relaciones laborales y la logística, pero son tres aspectos que quedaron por fuera de esta discusión, planteó el asesor de los industriales.