El puerto de Montevideo está en conflicto desde abril, cuando comenzaron las negociaciones entre la Terminal Cuenca del Plata y su sindicato por un nuevo convenio colectivo. Las más de 40 paralizaciones que dispuso el gremio de trabajadores generó preocupación en empresarios, que advierten por una posible pérdida del prestigio de Uruguay. El gobierno se negó a declarar la esencialidad de este servicio, pero sí resolvió requerir “servicios mínimos” para asegurar la continuidad operativa.
El sector empresarial ha advertido por el daño reputacional que generan las constantes paralizaciones de la actividad.
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La Terminal Cuenca del Plata (TCP) es la única especializada en contenedores del puerto de Montevideo. Su concesión está otorgada hasta el 2081 a la empresa belga Katoen Natie, que es la accionista de la terminal en un 80%. El restante 20% lo controla el Estado uruguayo, a través de la Administración Nacional de Puertos (ANP).
El convenio entre TCP y su sindicato venció en abril y en ese momento se inició una conflictiva negociación que está lejos de ver luz verde. La cantidad de jornales mensuales que se le aseguran a los trabajadores es una de las principales trabas del conflicto.
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El lunes hubo un paro nacional en todos los puertos, lo que significó que el conflicto escaló de TCP. Esto motivó una declaración de 28 cámaras empresariales, en la que expresaron que la situación desatada por las continuas interrupciones en los servicios hace “insostenible” la producción, el comercio y la economía del país. “La situación ha alcanzado un punto que exige una respuesta urgente y definitiva”, decía la declaración.
El conflicto ha llevado a que exportadores salteen el puerto de Montevideo.
“Como medida de contingencia y de emergencia hay empresas que ante la duda están tomando la decisión de salir por otro puerto. Esperamos y buscamos que no sea una medida permanente”, dijo la presidenta de la Unión de Exportadores, Carmen Porteiro, a Canal 12.
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Esto se da en un contexto de caída de las exportaciones, algo que no se explica solamente por el conflicto portuario.
“Lo que necesitamos es que la puerta de salida de la producción nacional y la puerta de entrada de los insumos esté abierta para que las empresas permanezcan en Uruguay”, agregó Porteiro.
La intervención del Poder Ejecutivo
El gobierno, a través de los ministerios de Trabajo y de Transporte, ha intervenido de forma directa en las negociaciones. Muchas de las instancias, de hecho, ocurren ante estas autoridades.
El 11 de septiembre, el gobierno declaró los “servicios mínimos”.
En la resolución, los ministros Juan Castillo (Trabajo) y Lucía Etcheverry (Transporte) expresaron su preocupación por el conflicto. “Las medidas gremiales adoptadas en el curso del conflicto han afectado seriamente la normalidad del funcionamiento de la única terminal especializada de contenedores del país”, dice el documento oficial.
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Para tomar la decisión, el gobierno consideró que la paralización pone “en inminente riesgo a un servicio de importancia trascendental, en atención a la afectación que provoca en la producción nacional y en el comercio exterior del país”.
“Resulta necesario asegurar servicios mínimos de funcionamiento y operación en la Terminal Cuenca del Plata, de forma de mitigar los efectos derivados de la situación del conflicto y preservar un nivel indispensable de continuidad operativa”, argumentó el gobierno de Orsi.
Estos “servicios mínimos” implican que en el puerto continúen funcionando las actividades indispensables aun cuando haya paralizaciones. La medida es de carácter “transitorio y limitado”, en el marco de este conflicto. Es decir, se aplicará mientras continúen las negociaciones por el nuevo convenio colectivo.
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¿Qué servicios están asegurados en el puerto? La resolución del gobierno detalla que obligatoriamente deben atenderse los servicios de carga y descarga de buques, de recepción de contenedores (sea por transporte carretero o fluvial –se deben atender unos 25 contenedores por hora que llegan en camiones) y el almacenamiento y depósito.
Además, la resolución detalla la cantidad de trabajadores que deben haber área por área.
El martes hubo una nueva instancia tripartita en el Ministerio de Trabajo y el Poder Ejecutivo quedó en enviar una propuesta a las partes.
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