Detuvieron a siete brasileño acusados de ejecutar cuatro asesinatos en una localidad de Bolivia

Los detenidos, de entre 21 y 35 años, serían miembros de la organización Comando Vermelho. Se los acusa por los crímenes registrados en San Ignacio de Velasco, cerca de la frontera con Brasil

Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen en Bolivia (Felcc)
Un agente de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen en Bolivia (Felcc). Archivo.
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La Policía boliviana detuvo a siete ciudadanos brasileños presuntamente vinculados con cuatro asesinatos registrados la semana pasada en la localidad de San Ignacio de Velasco, al este del país y cerca de la frontera con Brasil, mientras el Gobierno ha anunciado ajustes en un plan lanzado hace poco más de un mes para combatir al crimen organizado.

Los siete extranjeros, de entre 21 y 35 años, fueron encontrados en una vivienda que alquilaban desde hace algunas semanas, según informó la Policía. Durante el operativo fueron incautadas tres motocicletas que se presume que fueron utilizadas para ejecutar los crímenes, además de otros elementos que serán parte de la investigación.

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Según las autoridades policiales, se presume que los detenidos son integrantes del Comando Vermelho, una de las principales organizaciones criminales de Brasil. Se prevé que en las próximas horas sean puestos a disposición de la Justicia para determinar las medidas cautelares mientras se desarrolla el proceso.

El operativo de captura se produjo después de una ola de ataques armados que dejó cuatro personas muertas en San Ignacio de Velasco entre el 13 y el 14 de septiembre. Según la Policía, los agresores ingresaron a viviendas y dispararon contra sus víctimas en hechos que preliminarmente no están relacionados.

Un grupo de agentes uniformados con camuflaje, gorras con la sigla FELCN, chalecos tácticos y fusiles en sus manos
Agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcn) de Bolivia participan en un despliegue como parte del plan Fronteras Seguras.

La sucesión de asesinatos, sumados a otros registrados desde mediados de julio en ese y otros municipios del país, genera preocupación por la expansión de organizaciones criminales transnacionales en Bolivia.

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Ante el incremento sostenido de la violencia en los últimos meses, el Gobierno de Rodrigo Paz lanzó a mediados de agosto el plan Frontera Segura con el objetivo de fortalecer la presencia policial y la seguridad en municipios fronterizos para combatir el crimen organizado. Sin embargo, la medida no ha logrado disminuir la violencia: desde el inicio de la implementación del programa se han registrado al menos 13 asesinatos armados en localidades cercanas a la frontera con Brasil.

En ese contexto, el ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo, anunció recientemente un plan de “seguridad integral y sostenible” para San Ignacio de Velasco que será parte del plan mayor lanzado en agosto.

“Este plan, que va dentro del plan de ‘Fronteras Seguras’, tiene que estar acompañado por la sociedad civil, juntas vecinales y dirigentes de gremios, entre otros, porque si no, no vamos a poder derrotar al crimen organizado”, afirmó Oviedo, citado por medios locales.

El ministro de Defensa de Bolivia, Ernesto Justiniano (i), y el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo (d), en una sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Archivo. REUTERS/Claudia Morales
El ministro de Defensa de Bolivia, Ernesto Justiniano (i), y el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo (d), en una sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Archivo. REUTERS/Claudia Morales

El Gobierno también informó que busca fortalecer la cooperación internacional para combatir a las organizaciones criminales que operan en las zonas fronterizas. Oviedo señaló que existe coordinación con Estados Unidos para instalar unidades de élite en ese municipio y en Santa Ana de Yacuma, en el departamento de Beni.

En tanto, el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, anunció operaciones coordinadas entre la Policía y las Fuerzas Armadas para reforzar el control territorial.

Con estas medidas, las autoridades bolivianas buscan contener una escalada de violencia que ha puesto bajo cuestionamiento la capacidad del Estado para controlar el territorio en zonas fronterizas y evitar la expansión de organizaciones criminales extranjeras.

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