
La Dirección de Presupuestos (Dipres) publicó su Informe de Finanzas Públicas correspondiente al segundo trimestre de 2026, el que arrojó que el Estado hizo un sobregasto de $10.615 millones (USD 11 millones) en compras realizadas durante 2022 y 2023, a pesar de existir proveedores más baratos en el sistema de compras públicas.
El estudio se realizó a partir de adquisiciones hechas mediante el llamado “convenio marco”, modalidad que funciona como una tienda virtual o catálogo electrónico y que permite a las instituciones del Estado comprar directamente con un solo clic, sin necesidad de tener que llamar a una nueva licitación.
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Así, la Dipres hizo una comparación de los precios realmente pagados por los organismos del Estado en contraposición a otras alternativas más baratas disponibles en el mismo sistema, y la diferencia fue consignada como dineros que potencialmente pudieron haberse ahorrado.
De acuerdo a La Tercera, la lista es encabezada por Gendarmería de Chile con el 26,9% del total del sobregasto, a saber unos $2.835 millones (casi USD 3 millones), seguido del Instituto Geográfico Militar, con un 12,6%, alrededor de $1.330 millones (USD 1,4 millones).
Más abajo aparecen varios servicios de salud, como el Metropolitano Sur (4,8% del total del sobregasto); el Metropolitano Oriente y Araucanía Sur (4,4% cada uno); el de Concepción (4,3%), y el Metropolitano Norte, con un 4,2%.
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El mayor sobregasto se hizo en alimentos, categoría que representa el 73,2% del total detectado, unos $7.700 millones (USD 8 millones). Le siguen los artículos de aseo e higiene alcanzan (19,3%); productos de ferretería (4,2%) y artículos de escritorio y papelería (1,9%).
A modo de ejemplo, el reporte arrojó que el Estado pagó de más $437 millones (USD 437 mil) en compras de papas; $430 millones (USD 450) en pollo deshuesado; $348 millones USD 348 mil) en patas de pollo y pavo; $255 millones (267 mil) en zapallos; $219 millones USD 230 mil) en tomates; $217 millones (USd 227 mil) en bolsas; $195 millones (USD 204 mil) en plátanos; $144 millones (USD 151 mil) en pañales y $66 millones (USD 69 mil) en latas de jurel.
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Cae señalar que el informe es parte de la “auditoría total” que el Gobierno de José Antonio Kast está haciendo a la administración de Gabriel Boric a fin de contener el gasto fiscal, y no establece responsabilidades administrativas o políticas individuales.
Al cierre, desde la Dipres sugirieron la “implementación de una estrategia de revisión focalizada y costo-efectiva, priorizando aquellos servicios públicos y convenios marco que concentran la mayor proporción del sobregasto. Este enfoque permitiría maximizar el impacto de eventuales medidas correctivas, optimizando el uso de recursos y fortaleciendo los mecanismos de control y gestión del gasto público”, según el medio citado.
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Asimismo, recomendaron “reforzar los incentivos para evitar la ejecución innecesaria de recursos hacia el cierre del ejercicio presupuestario, considerando que, en términos generales, los servicios públicos incrementan significativamente su gasto en bienes y servicios de consumo durante los últimos meses del año”.
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