El Gobierno de Bolivia se comprometió con el FMI a eliminar la subvención al combustible desde 2027

El Gobierno de Bolivia se comprometió con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a eliminar la subvención al combustible desde 2027, dentro del programa de reformas económicas acordado por 36 meses y valorado en USD 1.900 millones. Hasta diciembre de 2026, mantendrá sin cambios los precios internos.

El memorando de políticas económicas y financieras que acompaña el acuerdo entre el Gobierno del presidente Rodrigo Paz y el organismo internacional estableció que los precios deberán avanzar desde enero de 2027 hacia niveles que permitan recuperar costos. El presupuesto de ese año tampoco deberá incluir recursos para subvenciones.

La medida quedó incorporada junto con un aumento del gasto dirigido a la asistencia social. El Gobierno planteó reforzar los mecanismos de protección para los hogares de menores ingresos durante la aplicación de las reformas fiscales, cambiarias y monetarias previstas en el programa.

El anexo del acuerdo señaló que los precios internos de los carburantes continuarán congelados durante este 2026. La administración boliviana vinculó esa decisión a los decretos supremos 5516 y 5652, que establecieron cambios en la política de precios y en la comercialización de combustibles.

En diciembre de 2025, el Ejecutivo ajustó los valores de venta. La gasolina especial pasó a costar 6,96 bolivianos por litro, la premium llegó a 11 bolivianos y el diésel se fijó en 9,80 bolivianos. Esas variaciones representaron alzas de 86% para la especial y de 162% para el diésel.

El nuevo esquema cambiario modificó la referencia en dólares de esos importes. El 29 de junio de este año, Bolivia dejó atrás el tipo de cambio fijo que rigió durante 15 años y puso en marcha un régimen flexible, con una cotización que varía diariamente. El dólar, que antes se ubicaba en 6,96 bolivianos, se cotizó este jueves en 12,42 bolivianos.

Luego, en julio, el Gobierno dispuso un congelamiento de seis meses para los precios de los combustibles bajo el decreto 5652. La medida buscó contener el efecto sobre los gastos de las familias. El 17 de agosto, la administración retiró parcialmente la subvención para grandes consumidores y aplicó un precio referencial de 18 bolivianos por litro de diésel.

El programa también previó una mayor participación privada en la importación y comercialización de combustibles a precios de mercado. Además, incluyó una revisión de las normas vinculadas con hidrocarburos y minería para promover nuevas inversiones y elevar la exploración.

El convenio con el Fondo Monetario Internacional contempló una reducción del déficit fiscal equivalente a 8,5 puntos porcentuales del producto interno bruto entre 2026 y 2029. Para este año, el presupuesto reformulado estableció un límite de 47.000 millones de bolivianos, equivalente a 9,3% del PIB.

El Gobierno asumió el objetivo de eliminar el déficit primario del sector público no financiero al cierre del programa. El déficit global deberá descender hasta 3,5% del PIB en 2029. Entre las metas posteriores, el Ejecutivo proyectó llevar el déficit fiscal a -2% y elevar las reservas internacionales hasta USD 9.000 millones en 2031.

Otro punto del acuerdo fijó en cero el nuevo financiamiento monetario del Banco Central de Bolivia al Gobierno. Con esa regla, el Tesoro no podrá recurrir a nueva emisión del banco emisor para cubrir déficits fiscales.

El Banco Central deberá utilizar la base monetaria como referencia para la política monetaria y publicar metas mensuales. El programa estimó una inflación de 14% al finalizar 2026 y proyectó una baja hacia niveles de un dígito en 2028.

El ajuste del gasto público también incluirá cambios en las empresas estatales. El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Christian Morales, anunció que el Gobierno prevé cerrar entre ocho y 10 compañías públicas deficitarias en los próximos meses.

Además, Morales indicó que cada entidad será sometida a una evaluación antes de definir su cierre y sostuvo que la medida forma parte del objetivo de mejorar las finanzas públicas. El ministro evitó identificar a las empresas involucradas.

A comienzos de mes, la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública realizó un diagnóstico sobre 67 instituciones estatales y determinó que 20 se encontraban en situación crítica. En abril, el Gobierno informó que 15 compañías estaban en quiebra técnica, con pérdidas acumuladas por 2.655 millones de bolivianos, unos USD 381 millones.

Esas 15 empresas registraron, además, un patrimonio negativo de 1.900 millones de bolivianos, equivalente a unos USD 152 millones. El Ejecutivo acusó a las gestiones anteriores de utilizar recursos del Banco Central para sostener el funcionamiento de entidades deficitarias.

Entre las compañías con dificultades figura Yacimientos de Litio Bolivianos, que recibió cerca de USD 890 millones para el proyecto de explotación del salar de Uyuni. Según información oficial previa, la empresa operó con 17% de su capacidad.

El proyecto de ley 723, que incorpora el acuerdo con el FMI, llegó al Parlamento a finales de agosto para su tratamiento y una eventual aprobación.

(Con información de EFE y El Deber)