La Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología del Congreso de Guatemala exigió aclaraciones sobre la ejecución del Programa Salud Escolar tras constatar que su presupuesto subió de Q82 millones a Q106 millones y que, con una ejecución de 49,82%, persisten dudas sobre el alcance real de la cobertura y los resultados reportados por las instituciones responsables.
Los diputados dieron 72 horas hábiles para que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y las entidades vinculadas remitan informes detallados sobre metas, cobertura y resultados. La revisión se produjo este miércoles durante una jornada de fiscalización encabezada por el diputado Mario Velásquez.
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Según el reporte presentado ante la comisión, entre enero y agosto el programa registró 2 millones 580 mil 874 consultas y atendió a 1 millón 149 mil 416 estudiantes. La viceministra administrativa y financiera del MSPAS Susana Cojón también informó que el centro de atención telefónica recibió 32.952 llamadas.
Los legisladores cuestionaron la consistencia de esas cifras al considerar que el volumen de llamadas no guarda proporción con el total de atenciones reportadas. Ante esa diferencia, el viceministro de Educación Donaldo Carias propuso construir una línea base que cubra de 2024 a 2026 para comparar la cobertura y los resultados del plan.
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Las dudas sobre la cobertura coinciden con carencias de agua y saneamiento en seis departamentos
La diputada Lucrecia Marroquín de Palomo puso el foco en el componente preventivo y sostuvo que las condiciones de infraestructura sanitaria en las escuelas reducen el efecto de las acciones de salud escolar. En la sesión presentó datos sobre carencias de agua y saneamiento en seis departamentos: Quiché con 51%, Petén con 50%, Chimaltenango con 49%, San Marcos con 48%, Sacatepéquez con 46% y Huehuetenango con 45%.
En la misma reunión participaron los diputados Juan Ramón Rivas, Miguel Ovalle y Ricardo Martínez. Por el MSPAS asistió también Claudia Estrada, quien explicó que el programa incluye promoción y prevención, atención de enfermedades comunes y accidentes, entrega de medicamentos, orientación mediante la línea 1528 y apoyo funerario para familias de estudiantes fallecidos.
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El Programa Salud Escolar funciona desde 2024 bajo coordinación del Ministerio de Educación y el MSPAS. Ese año, el gobierno del presidente Bernardo Arévalo reemplazó el sistema anterior de pólizas del Seguro Escolar por un esquema de cobertura nacional articulado con la red pública de salud.
De acuerdo con un balance previo del Mineduc citado en el texto base, entre enero y el 29 de mayo la estrategia acumuló 1,5 millones de consultas y alcanzó a 855.916 estudiantes del sector oficial. En ese período se registraron 296.518 infecciones respiratorias, 123.358 enfermedades gastrointestinales y 60.578 accidentes.
El Mineduc ya había informado miles de llamadas y apoyo económico a familias de estudiantes fallecidos
La línea 1528, disponible las 24 horas, operó hasta finales de mayo con cuatro pediatras, 24 médicos generales, 16 gestores y un psicólogo. Según la información que el Ministerio de Educación entregó a Diario de Centro América, hasta entonces había recibido 20.429 llamadas para orientación y derivación de casos.
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El mismo reporte indicó que el programa entregó Q1,95 millones en apoyo económico a 260 familias de estudiantes fallecidos. Esos datos previos se suman ahora a las cifras presentadas por Salud ante el Congreso, que motivaron el requerimiento de documentación adicional para verificar cobertura, metas y resultados.
En una segunda reunión de la comisión, el debate se trasladó a la situación laboral del personal administrativo del Mineduc. Representantes de los trabajadores presentaron una propuesta de ley para dignificar y catalogar a ese personal mediante una nueva escala salarial.
Los empleados denunciaron que hay trabajadores con más de 20 años de servicio que reciben Q6.000 mensuales y que otros perciben un salario base de Q2.144. El diputado Velásquez planteó revisar los ingresos ubicados por debajo del mínimo legal y buscar un ajuste gradual antes de octubre y noviembre, cuando el Congreso entra en la discusión del Presupuesto General de la Nación.
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