Bolivia imputa a 11 chinos y 7 bolivianos por minería ilegal y legitimación de ganancias ilícitas

El Ministerio Público de Bolivia imputó formalmente a 18 personas, entre ellas 11 ciudadanos chinos y siete bolivianos, por el presunto delito de legitimación de ganancias ilícitas, luego de un operativo contra la minería ilegal desarrollado en la localidad de Sorata, distante a unos 150 kilómetros de La Paz.

La Fiscalía solicitó seis meses de detención preventiva para todos los acusados mientras avanza la etapa preparatoria de la investigación. La medida fue planteada ante la existencia de posibles riesgos de obstaculización y fuga, especialmente en el caso de los ciudadanos extranjeros.

La investigación se originó tras una intervención realizada el miércoles de la semana pasada por la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) y la Fuerza Especial de Lucha Contra Delitos Ambientales (Felcda) en el área minera Mercalani 2, perteneciente a la Cooperativa Nueva Vista.

Durante el operativo, las autoridades encontraron un campamento equipado con maquinaria moderna y otros elementos utilizados para la explotación de minerales. La AJAM estimó que la infraestructura y el equipamiento encontrados representarían una inversión cercana a los cinco millones de dólares.

Los funcionarios también hallaron combustible y material explosivo como cartuchos de dinamita, cordón detonante y fulminantes. Estos elementos fueron incautados y entregados a la Unidad de Bomberos para su resguardo, mientras se realizan los análisis y peritajes correspondientes.

Si bien la imputación fue sustentada provisionalmente en un artículo del Código Penal referido a la legitimación de ganancias ilícitas, el fiscal asignado al caso, Juan Uzeda, señaló que el delito precedente es la explotación ilegal de recursos minerales, relacionado además con posibles delitos ambientales.

Los investigadores también requisaron un vehículo en el que se encontraron recibos y facturas que, según el fiscal Uzeda, pueden aportar información para determinar a nombre de quién se encontraban los vehículos y cuál era su relación con las actividades desarrolladas en la zona.

En otro punto del área intervenida, identificado como Metalani 2, las autoridades encontraron un sector que cuenta con un trámite minero solicitado por comunarios. Durante la intervención se informó que esa zona habría sido ocupada por personas extranjeras, situación que fue puesta en conocimiento de las instancias correspondientes.

Bolivia es históricamente un país productor de minerales, en el que en las últimas décadas han surgido preocupaciones por la expansión de la minería ilegal y la explotación de recursos al margen de las autorizaciones y controles establecidos por el Estado.

Este tipo de actividades, presentes en distintas regiones del país, involucran, en muchos casos, a operadores extranjeros, además de bolivianos. Más allá del impacto económico y de la pérdida de recursos que supone para el Estado, la minería ilegal genera daños ambientales relacionados con la remoción de suelos, la deforestación y la contaminación de fuentes de agua.

Según la AJAM, en muchos casos la minería ilegal también se vincula con organizaciones criminales que se dedican al narcotráfico, lavado de dinero y tráfico de armas. En declaraciones recogidas por el medio Mongabay Latam, el director del organismo, Jaime Sanabria, señaló que en ese contexto la propagación de esta actividad supone un desafío de seguridad para el Estado. “La minería ilegal dejó de ser solo un problema administrativo y ambiental; ahora se ha convertido en uno que afecta la soberanía, la seguridad y la gobernanza”, afirmó.