La presidenta Laura Fernández ve con buenos ojos operaciones terrestres de Estados Unidos en Costa Rica

La presidenta de Costa Rica Laura Fernández dijo que eventuales operaciones terrestres de Estados Unidos en el país “le harían muy bien” a la seguridad nacional si apuntan contra objetivos compartidos del crimen transnacional, aunque aclaró que no hay ninguna iniciativa concreta en marcha y que una medida de ese tipo requeriría aprobación legislativa. La mandataria, que asumió en mayo tras ganar las elecciones de febrero, vinculó esa posibilidad con el avance de la violencia ligada al narcotráfico y al crimen organizado, en un país que sigue registrando niveles históricamente altos de inseguridad.

En la primera mitad de 2026, los homicidios cayeron 14% y llegaron a 381 casos frente al mismo período de 2025, según el Organismo de Investigación Judicial. Aun con esa baja, Fernández reconoció en una entrevista con Reuters que el crimen asociado al narcotráfico sigue siendo el principal problema nacional.

La presidenta contó que hace algunos meses hubo una conversación sobre la posibilidad de operaciones de fuerzas estadounidenses en territorio costarricense. Explicó que Costa Rica debería seguir canales legales específicos para habilitar algo así.

Fernández planteó el objetivo en estos términos: “Tuvimos una conversación hace algunos meses sobre esa posibilidad. Yo expliqué cuáles son los canales legales que requeriría Costa Rica para algo así. Evidentemente, le haría muy bien a la seguridad nacional si se trata de la persecución de algún objetivo en común del crimen transnacional, del narcotráfico transnacional, del terrorismo transnacional”.

Luego agregó que no existe una gestión activa sobre ese punto. “Pero, evidentemente, es algo que requeriría de aprobación legislativa y no hay nada en concreto en marcha en este momento sobre ese particular”, dijo a la agencia.

Costa Rica descarta por ahora un estado de excepción pese a la presión de la inseguridad

La mandataria también afirmó que no evalúa pedir al Congreso un estado de excepción o un levantamiento de garantías para enfrentar la inseguridad, una opción que había mencionado durante la campaña. Justificó ese cambio en los datos oficiales que, según dijo, muestran una rebaja sostenida durante este año.

Pese a esa mejora estadística, el gobierno mantiene una confrontación con el Poder Judicial, al que responsabiliza por la falta de condenas suficientes contra criminales, por presunta infiltración de la corrupción y por una supuesta persecución política a funcionarios oficialistas en varias causas penales. A la vez, impulsa medidas de endurecimiento en cárceles y la construcción de una prisión inspirada en una megacárcel levantada por el gobierno de Nayib Bukele en El Salvador.

De acuerdo con Reuters, esa disputa también incluye propuestas de recortes presupuestarios que autoridades judiciales interpretan como intentos de afectar sus funciones, en medio de la necesidad de coordinar respuestas contra grupos criminales. La tensión institucional convive con la prioridad declarada del Ejecutivo de contener la violencia ligada al narcotráfico.

El gobierno apuesta por Eurobonos y mantiene abiertos sus vínculos con China e Israel

En materia económica, Fernández aseguró que su gobierno no impulsa nuevos impuestos, aunque admitió que no puede anticipar qué ocurrirá dentro de tres años en un escenario internacional incierto. La politóloga de 40 años fue ministra de la Presidencia y de Planificación Nacional durante la administración de Rodrigo Chaves, que gobernó entre 2022 y 2026 y ahora ocupa las carteras de Presidencia y Finanzas con fuerte peso político.

La presidenta defendió además el proyecto para emitir hasta USD 13,500 millones en Eurobonos durante los próximos nueve años. Sostuvo que esa herramienta permitiría canjear “deuda cara por deuda barata”, reducir el presupuesto nacional y liberar recursos para seguridad, aunque no precisó cuánto dinero adicional podría destinarse a ese fin.

La iniciativa enfrenta resistencia en la Asamblea Legislativa, donde el oficialismo no cuenta con la mayoría calificada necesaria para autorizarla. Ese obstáculo legislativo se suma a la misma exigencia institucional que Fernández mencionó al hablar de una eventual cooperación terrestre con fuerzas estadounidenses.

En política exterior, la mandataria ratificó la importancia de Estados Unidos como aliado central de Costa Rica, pero dijo que eso no implica descuidar la relación con China. “Tenemos conversaciones diarias con la embajadora de China en Costa Rica la relación es equilibrada, sana y bajo las buenas prácticas de la diplomacia y las relaciones bilaterales internacionales”, afirmó.

Sobre Israel, con el que Costa Rica firmó un tratado de libre comercio todavía pendiente de ratificación legislativa, Fernández consideró posible trasladar la embajada costarricense de Tel Aviv a Jerusalén. Señaló que habló de esa opción en mayo con el presidente israelí Isaac Herzog, aunque aclaró que la decisión no está tomada y que aún evalúa sus ventajas y sus eventuales desventajas.