La Procuraduría General de la República presentó dentro del plazo legal un recurso de apelación contra la resolución que dictó el sobreseimiento definitivo a favor del expresidente Juan Orlando Hernández en el caso Pandora II.
A través del recurso, la institución pidió a la Corte de Apelaciones designada que revoque la decisión judicial y, en su lugar, dicte auto de formal procesamiento por los delitos de fraude y lavado de activos.
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La acción legal fue confirmada en un comunicado del procurador general de la República, Dagoberto Aspra, quien expuso los principales argumentos con los que la institución busca que el fallo sea revisado por el tribunal de alzada.
La PGR sostuvo que todavía existen aspectos que deben ser esclarecidos sobre el supuesto manejo irregular de fondos públicos entre 2010 y 2014.
Uno de los principales elementos planteados por la Procuraduría está relacionado con la presunta sustracción de 288 millones 16 mil 175 lempiras del erario público durante ese período.
De acuerdo con la institución, esos recursos estaban destinados originalmente a proyectos orientados a la reducción de la pobreza, generación de empleo y emprendimiento en 80 comunidades del país.
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Valoración de la decsión
Según la PGR, al menos 62 millones 26 mil 784,44 lempiras habrían sido utilizados en actividades relacionadas con la campaña política de Juan Orlando Hernández.
La institución consideró que este elemento debe ser valorado dentro del proceso para establecer el destino de los recursos y determinar las eventuales responsabilidades que correspondan.
La PGR sostuvo que, de los 38 elementos documentales propuestos por la acusación, el juez inadmitió 22, lo que representa aproximadamente 58% de la prueba documental presentada.
Para la Procuraduría, esta decisión incidió en la posterior valoración de la suficiencia probatoria, debido a que, después de excluir parte de los elementos ofrecidos, se señaló que no existían pruebas suficientes para establecer el destino de los fondos o el eventual beneficio obtenido por el imputado.
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Entre los medios de prueba que la Procuraduría señaló como excluidos figuran 80 constancias correspondientes a las comunidades que, según la acusación, estaban contempladas como beneficiarias de los recursos.
A criterio de la PGR, estos documentos eran relevantes para establecer si los fondos llegaron o no a los destinos previstos y, con ello, determinar la existencia del supuesto perjuicio ocasionado al Estado.
La Procuraduría también cuestionó uno de los argumentos utilizados en la resolución judicial para considerar insuficientes algunos de los elementos presentados.
Según la PGR, el juez señaló, entre otros aspectos, que determinados recibos y facturas no estaban a nombre de Juan Orlando Hernández.
Qué busca la apelación
Otro de los aspectos incluidos en el recurso está relacionado con la situación de Fernando Suárez, a quien la Procuraduría identificó como un testigo principal dentro del caso.
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Con el recurso presentado, la PGR pretende que la Corte de Apelaciones revise los argumentos expuestos por el juez que dictó el sobreseimiento definitivo.
La institución solicitó que la resolución sea revocada y que se dicte un auto de formal procesamiento contra Juan Orlando Hernández por los delitos de fraude y lavado de activos.
El recurso deberá ser conocido por la Corte de Apelaciones designada, que tendrá que analizar los argumentos planteados por la Procuraduría y determinar si corresponde mantener la resolución recurrida o modificarla.
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