Rodrigo Paz envía a la Asamblea el proyecto para aprobar el crédito del FMI por 1.900 millones de dólares

El Gobierno de Bolivia envió a la Asamblea Legislativa el proyecto de ley para la aprobación de un crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI) por 1.900 millones de dólares, destinado a respaldar un programa de reformas económicas a implementarse en tres años y contribuir a cubrir las necesidades de financiamiento durante el “periodo de transición”.

El documento, que fue derivado a la Comisión de Planificación de la Cámara de Diputados, plantea la aprobación de un empréstito por 1.369 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG), una unidad de cuenta del FMI que equivale a los 1.900 millones de dólares que el Gobierno anunció en julio pasado.

El proyecto justifica la necesidad del financiamiento internacional por los desequilibrios fiscales y externos que enfrenta Bolivia, entre ellos “déficits fiscales persistentes, menores ingresos y exportaciones de hidrocarburos, reducción de la liquidez de las reservas internacionales, restricciones de divisas, presiones inflacionarias y mayores necesidades de financiamiento del sector público”.

En ese contexto, el documento señala que estos recursos buscan respaldar un programa integral de reformas y cubrir las necesidades económicas durante el “periodo de transición”. “El financiamiento del FMI respalda el programa económico definido por las autoridades bolivianas y no sustituye la competencia del Estado para adoptar decisiones de política económica”, establece.

Sin embargo, no se conocen de manera pública cuáles son las reformas que están previstas en el programa del Gobierno, sus metas ni plazos, así como tampoco los compromisos asumidos, en ese marco, con el FMI.

Para el analista económico Gonzalo Chávez, el financiamiento es favorable porque puede fortalecer las reservas, aliviar las necesidades fiscales y facilitar recursos adicionales de otros organismos. Sin embargo, advierte que es necesario conocer los compromisos que asume el Estado boliviano y el programa que se tiene previsto implementar.

“El proyecto explica razonablemente el crédito, pero todavía no permite conocer con suficiente detalle el programa”, señaló el analista y agregó que antes de votar, la Asamblea debería conocer aspectos como “los memorandos económicos y técnicos, las acciones previas, metas fiscales, monetarias y de reservas, cronograma y condiciones de cada desembolso”, entre otros aspectos.

“La urgencia no justifica aprobar a ciegas, pero la transparencia tampoco debería convertirse en pretexto para bloquear recursos necesarios. El crédito puede ser un puente; la responsabilidad de la Asamblea Legislativa es comprobar que los 1.900 millones de dólares conduzcan hacia una economía sostenible y no simplemente financien el camino de regreso al mismo precipicio, pero con más deuda”, agregó.

Hasta el momento, las fuerzas políticas con representación en la Asamblea Legislativa no han definido una posición en bloque sobre el crédito con el FMI, aunque varios legisladores tanto del oficialismo como de la oposición se han pronunciado a favor de su aprobación, principalmente por la necesidad de recursos para enfrentar la crisis económica.

Sin embargo, tras conocerse el contenido del proyecto de ley surgieron algunas observaciones. La diputada de Alianza Popular (AP) Claudia Herbas pidió conocer “a profundidad” el acuerdo con el organismo y cuestionó que la Asamblea avance en su aprobación sin contar con información suficiente sobre las condiciones asumidas por el Estado.

Según se lee en el proyecto, el préstamo contempla una tasa de interés básica anual de 3,479%, sujeta a variaciones según la cotización de los DEG. También establece que la amortización del capital comenzará a partir de los 4 años y 6 meses, mientras que el plazo de repago será de hasta 10 años a partir de cada desembolso.