El régimen de Cuba aprobó este jueves 3 de septiembre un nuevo paquete de normas que permite a las empresas extranjeras contratar empleados de forma directa, abrir cuentas bancarias fuera de la isla sin autorización previa y avanzar con otras reformas incluidas en 176 transformaciones económicas y sociales adoptadas en junio.
El Decreto-Ley 128 elimina uno de los mecanismos que reguló durante décadas la inversión externa en el país: la intermediación obligatoria de agencias empleadoras estatales para incorporar trabajadores cubanos en compañías de capital extranjero.
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A partir de la entrada en vigor de la norma, las empresas mixtas y las firmas de capital extranjero al 100% podrán contratar directamente a su personal local. El decreto también contempla la posibilidad de que paguen bonificaciones o gratificaciones en moneda extranjera.
El viceprimer ministro y ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Óscar Pérez-Oliva, advirtió que no es posible cuantificar todavía sus efectos.
“Podrían tener un impacto en la economía a corto plazo”, sostuvo Pérez-Oliva durante una rueda de prensa. El funcionario atribuyó la incertidumbre a un “componente de presión externa” que, según dijo, las autoridades cubanas no pueden ignorar.
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Las compañías podrán operar cuentas en el exterior con una notificación posterior
El Decreto-Ley 128 también modifica las reglas para el manejo de fondos fuera del país. Hasta ahora, las empresas requerían una autorización del Banco Central de Cuba para abrir y utilizar cuentas bancarias en el exterior.
Con la nueva regulación, las compañías podrán abrir esas cuentas sin un permiso previo. Deberán informar la operación dentro de un plazo de siete días y someter sus movimientos a auditorías.
La norma introduce además procedimientos digitales para simplificar los permisos vinculados con importaciones y exportaciones. El objetivo declarado es reducir trámites para las empresas que operan con capital extranjero y facilitar sus vínculos comerciales internacionales.
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Las modificaciones se suman a otras reformas anunciadas esta semana. El miércoles entró en vigor el Decreto-Ley 133, que permite la creación de empresas privadas con más de 100 empleados y habilita la participación de cubanos residentes en el exterior en el ecosistema empresarial de la isla.
En los últimos días, el Gobierno también autorizó la formación de cadenas comerciales, otra medida destinada a ampliar las posibilidades de expansión del sector privado.
El sector privado podrá crear agencias de viajes
Este jueves también se anunciaron cambios para el turismo. Las nuevas disposiciones permitirán que el sector privado constituya agencias de viajes, desde microempresas hasta compañías de mayor tamaño.
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El director jurídico del Ministerio de Turismo, Juan José Álvarez, señaló que la apertura busca ampliar opciones ya existentes en destinos con actividad turística vinculada a la naturaleza, el patrimonio y las comunidades locales.
Álvarez mencionó los casos de Viñales, Trinidad y la Ciénaga de Zapata, lugares donde se ha promovido este tipo de oferta durante años. Según indicó, una serie de condiciones dentro del sector permite ahora ampliar esa posibilidad.
Las normas prevén incentivos para proyectos de ecoturismo en zonas priorizadas para la conservación y en áreas patrimoniales. Entre ellos figura un impuesto reducido del 25% sobre los beneficios, la eliminación de aranceles aduaneros para importar equipamiento destinado a la inversión y la exención tributaria para las utilidades que se reinviertan en la actividad.
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El régimen vincula las reformas con la salida de la crisis económica
Pérez-Oliva citó entre las medidas con potencial de impacto inmediato la posibilidad de que empresarios privados se asocien con capital extranjero, realicen operaciones de comercio exterior de forma directa y establezcan alianzas con entidades públicas.
“Las transformaciones van en el camino correcto”, afirmó el viceprimer ministro. No obstante, insistió en que la implementación de las reformas estará condicionada por factores ajenos a la legislación cubana.
El funcionario se refirió a las presiones sobre transportistas internacionales, una situación que, según explicó, eleva los costos de producción y de prestación de servicios públicos. Sus declaraciones aludieron a las restricciones económicas impuestas por Estados Unidos en los últimos meses.
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Cuba atraviesa una crisis económica desde hace seis años, con dificultades en el suministro de combustible, alimentos y bienes básicos. Las autoridades buscan que las nuevas reglas contribuyan a descentralizar la actividad productiva, atraer inversión y ampliar el espacio de acción de los negocios privados, en un escenario marcado por las sanciones externas y por limitaciones internas de financiamiento y oferta.
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