García Harfuch reiteró el posible móvil del asesinato del tecladista de Camilo Séptimo, familia, niñera y mascota

Omar García Harfuch confirmó que Diego Sebastián “N” mantuvo una relación comercial con Jonathan Meléndez Ochoa y que esa línea se vinculó con una exigencia de dinero y amenazas previas al multihomicidio ocurrido el martes 1 de septiembre en Atizapán de Zaragoza, un caso en el que el presunto autor material ya fue detenido junto con otro hombre señalado como su cómplice, ambos llegaron al penal de Barrientos en Tlalnepantla esta mañana.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana dijo que el principal responsable fue capturado en las primeras 12 horas y que otro detenido presuntamente lo ayudó. También señaló que Diego Sebastián “N” parecía tener antecedentes penales en el Estado de México.

Desde Zacatecas, durante una conferencia de prensa del 4 de septiembre de 2026, el funcionario explicó que la investigación apuntó a una especie de sociedad entre el presunto homicida y el padre de familia. Al mismo tiempo, pidió cautela sobre los detalles del expediente porque la Fiscalía solicitó reservar información hasta la primera audiencia.

García Harfuch planteó dos elementos que, hasta ese momento, ya se consideraban firmes en la indagatoria: la relación comercial y la exigencia de dinero. En sus palabras: “Todo indica que el homicida tenía una relación comercial o de cierta sociedad con el padre de familia”.

La investigación ubicó amenazas y una exigencia de dinero antes del crimen

El titular de la SSPC añadió que “lo que es un hecho es que hubo una exigencia de dinero, ciertas amenazas y se comete el multihomicidio”. Esa secuencia colocó el posible móvil económico entre las líneas centrales que seguían las autoridades para esclarecer por qué fueron asesinados Jonathan Meléndez, su familia y otra joven dentro de un domicilio en Zona Esmeralda.

El funcionario evitó abundar en montos, tiempos o términos de esa exigencia. Explicó que la reserva de datos buscó no afectar la primera audiencia ni entorpecer el proceso judicial.

La respuesta directa sobre el caso fue esta: las autoridades federales ubicaron como presunto agresor principal a Diego Sebastián “N”, sostuvieron que tenía un vínculo comercial con la víctima y afirmaron que el crimen estuvo precedido por presiones económicas y amenazas. Además, mantuvieron abierta la indagatoria para determinar si hubo más involucrados.

García Harfuch también sostuvo que las autoridades agotaban todas las líneas de investigación. La indagatoria no se limitó al autor material, sino a la posible participación de otras personas y a las circunstancias precisas en que ocurrió el ataque.

El multihomicidio dejó cuatro personas asesinadas y un niño sobreviviente

Los hechos fueron ubicados por las autoridades el 2 de septiembre en un fraccionamiento de Zona Esmeralda, en Atizapán de Zaragoza, Estado de México. De acuerdo con la versión oficial difundida hasta ese momento, Diego Sebastián “N” habría entrado al lugar para someter a Jonathan Meléndez, a Ana Paula, quien estaba embarazada, a la hija de ambos de tres años y a una mujer de 21 años; después las habría asesinado.

En la misma agresión también murió la mascota de la familia. Un niño de 6 años sobrevivió al ataque.

Un día después, autoridades estatales y federales informaron la detención de Diego Sebastián “N” y de Gerardo “N”. A este último lo señalaron como presunto cómplice y como la persona que habría trasladado al homicida al lugar de los hechos.

El 3 de septiembre también se informó el hallazgo del automóvil usado por los presuntos responsables. El vehículo fue localizado en el municipio de Tecámac, en el Estado de México.

El menor quedó bajo resguardo y recibió apoyo institucional

La secretaria de Segob, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, informó que el niño sobreviviente ya recibía apoyo por parte de autoridades del Estado de México. Precisó que el gobierno estatal, la comisión local de víctimas, el DIF estatal y la Procuraduría de Protección a los Menores activaron atención desde el inicio del caso.

Rodríguez agregó que también existía contacto con el gobierno federal en caso de requerirse una intervención adicional. Dijo que esa comunicación con la familia se mantuvo por instrucción directa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La funcionaria expuso la declaración en estos términos: “El gobierno estatal, la Comisión de Víctimas estatal, desde el inicio está dando los apoyos correspondientes; esto es automáticamente. También el DIF estatal, la Procuraduría de Protección a los Menores; ya hay contacto con gobierno federal en caso de que se requiriera; también estamos en la mejor disposición”.

El menor fue entregado a familiares directos después de un resguardo inicial de la Fiscalía del Estado de México. Las autoridades no informaron con qué familiar quedó ni difundieron su identidad completa, con el argumento de proteger su seguridad y privacidad.

La Fiscalía evitó exponer al niño a una declaración inmediata

El niño fue localizado con vida y sin lesiones aparentes la noche del ataque por agentes de la Marina y policías municipales. Después permaneció bajo custodia inicial de la Fiscalía, que formalizó más tarde su entrega a la familia.

Las autoridades determinaron que recibiría atención psicológica especializada y que, por el trauma derivado de los hechos, no rendiría declaración de inmediato ante el Ministerio Público. La medida buscó evitar una revictimización o una diligencia que afectara su estado emocional.

Su testimonio podría ser requerido después, una vez completadas las actuaciones judiciales contra Gerardo “N” y Diego Sebastián “N”. Hasta entonces, la prioridad institucional se centró en su protección y en el seguimiento de sus condiciones de vida.

Ese acompañamiento no se limitó a la custodia inmediata. La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes estableció que el DIF y las procuradurías de protección supervisaran los casos de menores que quedaban bajo cuidado familiar después de un hecho violento.

El artículo 30 Bis 12 previó visitas de trabajo social cada seis meses durante tres años. Esos reportes debían valorar la convivencia familiar y el desarrollo del niño en el entorno donde permaneciera.

• García Harfuch confirmó que el presunto homicida de Jonathan Meléndez tenía una relación comercial con él y que antes del crimen hubo exigencia de dinero y amenazas.
• Las autoridades detuvieron al presunto autor material en las primeras 12 horas y también capturaron a otro hombre señalado como apoyo; el vehículo usado fue hallado en Tecámac.
• El niño de 6 años que sobrevivió quedó con familiares, recibió atención psicológica y sería acompañado por instituciones de protección infantil durante los próximos tres años.