
El estado de Zacatecas presumió una baja de 96% en homicidios dolosos desde 2021, así como una pacificación en la entidad desde que inició la administración del gobernador morenista David Monreal Ávila. Estas afirmaciones surgieron tan solo cinco días después de que ocurriera un ataque con un coche bomba contra la comandancia de Ojocaliente.
El Gobierno federal y la administración de David Monreal presentaron este 4 de septiembre, durante la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, una reducción en la incidencia de homicidios. La cifra contrasta con el saldo de la explosión de un coche bomba ocurrida el 30 de agosto, donde hubo 11 personas lesionadas, daños en decenas de casas, vehículos particulares, patrullas y las instalaciones de la Policía Municipal.
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La agresión en Ojocaliente no aparece como un hecho aislado dentro de la estadística estatal, en donde se juega una disputa por el territorio entre los principales cárteles de narcotráfico: el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel del Pacífico, según lo confirmado por el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch. El funcionario reconoció 23 ataques con explosivos contra corporaciones de seguridad en los últimos dos años: “En lo que va de la presente administración se han identificado 23 agresiones, de las cuales únicamente seis han sido con vehículos”, apuntó el funcionario.

Los homicidios bajan, pero la disputa criminal permanece
Durante la presentación de la estrategia de paz, el gobierno reportó que Zacatecas pasó de 4.5 víctimas diarias de homicidio doloso en 2021 a 0.2 durante 2026. La comparación permite presumir una reducción de 96% en cinco años.
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El dato de este año, no obstante, corresponde al corte de agosto y no a un periodo anual concluido. La administración estatal calcula 64 homicidios hasta septiembre, mientras su meta es cerrar 2026 con menos de 100 asesinatos.
El gobernador David Monreal sostuvo que su gobierno recibió una “emergencia social” en 2021, cuando, según dijo, se registraban cerca de 1,748 homicidios al año. También atribuyó la reducción a la coordinación con el Ejército Mexicano, Guardia Nacional, fiscalías y corporaciones locales.
Omar García Harfuch reconoció que persiste una confrontación entre células delictivas que buscan controlar rutas, territorios y actividades ilícitas. Esa disputa, dijo, sigue provocando episodios de violencia y agresiones contra las autoridades.
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La línea de investigación sobre la explosión de Ojocaliente apunta a una disputa entre grupos vinculados con el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel del Pacífico. La indagatoria continúa y las autoridades buscan a otros posibles responsables, incluso fuera de Zacatecas.

El coche bomba exhibe una capacidad que las cifras no explican
El vehículo explotó frente a la comandancia de Policía Municipal de Ojocaliente alrededor de las 19:50 horas del 30 de agosto. Las primeras diligencias estiman que la carga contenía aproximadamente 200 kilogramos de explosivos.
La detonación dejó 11 lesionados, entre civiles y policías. Diez viviendas sufrieron daños severos y otras 53 presentaron afectaciones menores. También resultaron dañados 15 vehículos, patrullas y la sede de la corporación municipal.
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En días previos se registró otra agresión en Villa García, donde una motocicleta explotó durante un ataque que dejó dos personas heridas. La sucesión de hechos muestra que los grupos criminales recurren a mecanismos que amplían el radio de daño y elevan el riesgo para población ajena a las confrontaciones.
La cifra de 23 agresiones con explosivos, seis de ellas mediante vehículos, revela una modalidad que no queda contenida en el indicador de homicidio doloso. Un ataque dirigido contra una comandancia puede dejar menos víctimas mortales que una masacre, pero genera lesiones, desplazamiento temporal, daños patrimoniales y temor entre vecinos.
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En Ojocaliente, la onda expansiva alcanzó viviendas cercanas a la comandancia. Algunas familias enfrentan daños en cristales, portones, herrería, puertas y ventanas. Entre 10 y 15 inmuebles requieren una revisión estructural antes de que sus habitantes puedan regresar sin riesgo.
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