Daniel Noboa ordenó priorizar recursos y coordinar la respuesta de Ecuador ante el fenómeno de El Niño

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ordenó que las medidas destinadas a enfrentar los posibles efectos del fenómeno de El Niño sean tratadas como una prioridad nacional, en momentos en que los organismos técnicos advierten sobre el sostenido calentamiento del océano Pacífico y la posibilidad de que el evento alcance una intensidad muy fuerte entre finales de 2026 y comienzos de 2027.

La decisión fue establecida mediante el Decreto Ejecutivo 485, firmado el 31 de agosto en Guayaquil. El documento dispone que las instituciones estatales mantengan y refuercen las acciones de prevención y preparación, además de coordinar los mecanismos de respuesta y recuperación que sean necesarios conforme cambien las condiciones climáticas.

La medida fue adoptada después de que la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos declarara, el 29 de agosto, la alerta roja en las 24 provincias del país. Esta categoría activa el máximo nivel de preparación del sistema de gestión de riesgos y exige mantener operativos los comités de emergencia provinciales y cantonales.

El decreto involucra a los ministerios de Gobierno; Infraestructura y Tecnología; Salud Pública; Ambiente y Energía; Trabajo y Desarrollo Humano; Desarrollo Económico y Productivo; Educación, Deporte y Cultura; Defensa Nacional e Interior. Cada institución deberá intervenir de acuerdo con sus competencias y bajo las directrices técnicas de la Secretaría de Gestión de Riesgos.

Noboa encargó al Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo la adopción de las medidas presupuestarias necesarias para que los recursos sean entregados oportunamente. El Gobierno asegura que las diferentes entidades cuentan con USD 650 millones para enfrentar el fenómeno: un 70% estaría orientado a prevención y el 30% restante a la atención de sus consecuencias.

La titular de Gestión de Riesgos, Carolina Lozano, precisó que el monto no corresponde en su totalidad a una partida adicional creada por el decreto. Se trata de fondos ya incluidos en los presupuestos anuales de las instituciones, que fueron redistribuidos y priorizados para atender las necesidades derivadas de El Niño.

La planificación incluye intervenciones en carreteras, escuelas y centros sanitarios, así como la adquisición de medicinas, kits de asistencia y alojamientos temporales. También contempla bonos de contingencia, seguros para el sector agrícola y la movilización de personal y equipos hacia los territorios afectados.

El Ejecutivo instó, además, a prefecturas, municipios, distritos metropolitanos y juntas parroquiales rurales a acelerar sus propios planes. Los gobiernos locales tienen entre sus responsabilidades la limpieza de alcantarillas y canales, el retiro de sedimentos de los ríos, la identificación de comunidades expuestas, la habilitación de refugios y la definición de rutas de evacuación.

Las autoridades calculan que alrededor de 1,3 millones de habitantes podrían sufrir afectaciones. Antes de extenderse a todo Ecuador, las alertas se concentraban en 17 provincias, 143 cantones y 491 parroquias ubicadas principalmente a menos de 1.500 metros sobre el nivel del mar.

El Comité Nacional para el Estudio Regional del Fenómeno El Niño confirmó el 29 de agosto que el evento está activo. Sus mediciones detectaron una anomalía de aproximadamente cuatro grados centígrados en la temperatura superficial del mar frente a las costas de Ecuador y Perú, mientras el nivel marino registró aumentos de hasta 33 centímetros en varias estaciones ecuatorianas.

Los informes técnicos, sin embargo, señalan que esas señales todavía no se han traducido en lluvias intensas y permanentes en todo el país. El último trimestre de 2026 será decisivo para determinar la distribución y severidad de las precipitaciones.

La Costa y Galápagos podrían enfrentar inundaciones, deslizamientos y daños en la agricultura y la pesca. En la Sierra también existe riesgo de movimientos en masa, junto con condiciones secas que favorecen los incendios forestales. En la Amazonía, una eventual reducción de las lluvias podría disminuir los caudales y afectar la generación hidroeléctrica.

El Decreto 485 estará vigente mientras se mantenga la alerta roja. La disposición organiza la actuación estatal y prioriza el uso de recursos, pero no constituye un estado de excepción ni autoriza por sí misma la restricción de derechos.