Ministro de Salud de Panamá advierte que retirará al personal de un centro médico por falta de seguridad

“Si en un término de 48 horas los grupos beligerantes no se reúnen y garantizan que el centro de salud tendrá seguridad, voy a ordenar que todo el equipo se retire”, advirtió el ministro de Salud de Panamá, Fernando Boyd Galindo, tras el asalto y los actos vandálicos registrados en Escobal, provincia de Colón.

El funcionario señaló que, si no existen condiciones para proteger al personal, los habitantes deberán desplazarse hasta otra comunidad para recibir atención médica. También extendió la advertencia al resto del país: los establecimientos asaltados podrían cerrar temporalmente porque el ministerio no expondrá a médicos, enfermeras, camilleros ni otros trabajadores.

El conflicto se concentra en el Centro de Salud de Escobal, ubicado en el sector del lago Gatún, donde personas ajenas a la institución lanzaron piedras y objetos contundentes contra el edificio. Los ataques causaron rotura de vidrios, golpes en las puertas y daños en la infraestructura, además de agresiones contra funcionarios.

Abraham Alvarado, director regional del Ministerio de Salud (Minsa) en Colón, explicó que las autoridades todavía desconocen con certeza qué motivó los ataques. Algunos incidentes podrían estar vinculados con reclamos comunitarios para construir un hospital en Escobal, pero esa posible relación no ha sido confirmada mediante una investigación oficial.

Boyd aclaró posteriormente que el Gobierno no quiere cerrar ningún establecimiento ni ha ordenado cambios de horario. La advertencia pretende obligar a que existan garantías antes de mantener al personal en lugares inseguros. “Yo los voy a proteger”, sostuvo al referirse a quienes trabajan durante extensas jornadas atendiendo a los pacientes.

El ministro pidió que las comunidades cooperen con las autoridades y protejan las instalaciones construidas para su propio beneficio.

Aseguró que el personal sanitario atiende por igual a toda persona que llega herida, sin preguntar las circunstancias, y consideró contradictorio que los trabajadores sean después intimidados cuando intentan prestar asistencia.

Según Boyd, reparar una instalación vandalizada representa un gasto adicional para un ministerio que trabaja con recursos limitados. El dinero destinado a sustituir cables, bombas, vidrios o equipos deja de utilizarse en medicamentos, mantenimiento y ampliación de servicios, mientras los pacientes enfrentan retrasos, traslados y suspensiones de consultas.

El caso de Escobal no constituye un hecho aislado. En el Policentro Dr. Juan Antonio Núñez, situado en la ciudad de Colón, delincuentes sustrajeron en julio cables eléctricos por segunda ocasión. El daño dejó sin funcionamiento sistemas esenciales y obligó a suspender temporalmente la atención regular de más de 400 pacientes diarios.

El hurto perjudicó las bombas de agua potable, el sistema contra incendios y el transformador principal utilizado por los equipos de rayos X. Las consultas programadas tuvieron que reprogramarse y los pacientes de medicina general fueron enviados al Centro de Salud Patricia Duncan, mientras las urgencias continuaron atendiéndose bajo un plan de contingencia.

En abril, esa misma instalación había reforzado su vigilancia después de otro robo de equipos durante el cual fue atacada una funcionaria. A finales de agosto volvió a sufrir daños en su sistema eléctrico y sus bombas de agua, pese a que el Minsa adelantaba la adquisición de equipos e insumos para fortalecer su funcionamiento.

La delincuencia también alcanzó el puesto de salud de Cerro Puerco, en la comarca Ngäbe-Buglé, que atiende cinco días por semana a aproximadamente 5,000 personas. Desconocidos forzaron sus puertas, dañaron mobiliario y equipos, y sustrajeron siete pacas de Nutri Crema destinadas a programas de nutrición.

En junio, el Centro de Salud de Barrio Bolívar, en David, sufrió daños en cinco consultorios y en parte de su planta central. Los responsables vandalizaron al menos cuatro acondicionadores de aire y robaron su cableado de cobre, dejando varias áreas sin climatización para niños, embarazadas y adultos mayores.

Otro episodio ocurrió el 11 de julio en el Subcentro de Salud de Don Bosco, perteneciente a la región sanitaria de San Miguelito. Una persona en condición de calle habría provocado un incendio en la estructura, que estaba en remodelación, y también se reportó el hurto de cableado eléctrico y daños en el cielo raso.

El Minsa informó en julio que los ataques recientes habían afectado instalaciones en Colón, San Miguelito y la comarca Ngäbe-Buglé, mediante robos de cables, equipos de diagnóstico y componentes de sistemas de agua y protección contra incendios. Estas acciones pueden interrumpir tratamientos, rehabilitación, prevención y atención especializada.

Aunque Boyd exigió que la comunidad garantice la seguridad, la prevención y persecución de los delitos corresponde a las autoridades estatales. Por ahora, el ministerio no ha anunciado el cierre de Escobal ni modificaciones en su horario. La continuidad dependerá de que existan condiciones para atender pacientes sin poner en riesgo al personal.