El Gobierno de Bolivia atribuyó al FMI el retiro parcial de la subvención al diésel

El Gobierno de Bolivia afirmó que el retiro de la subvención al diésel para los grandes consumidores respondió a un condicionamiento del Fondo Monetario Internacional, una definición que abrió un nuevo frente de conflicto con sectores productivos y del transporte en medio de la escasez de combustibles que afecta al país.

La declaración salió de boca del ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, durante una reunión entre el presidente Rodrigo Paz, miembros del Ejecutivo y alcaldes de la Federación de Asociación de Municipios de Bolivia. En ese encuentro, Aramayo sostuvo que el Decreto Supremo 5676 formó parte de las condiciones vinculadas al programa de financiación acordado entre Bolivia y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El funcionario dijo que la liberación del precio de los hidrocarburos respondió a la necesidad de frenar un gasto estatal que, según planteó, resultó insostenible para el Tesoro General del Estado.

“El decreto 5676 es uno de los condicionamientos que tenemos de parte del Fondo Monetario Internacional en tanto (se libere) del precio de los hidrocarburantes, porque no es sostenible que el Estado financie una partida que (...) ha tenido un componente de corrupción muy grande y está desangrando el Tesoro General del Estado”, afirmó.

El decreto, emitido el 17 de agosto, fijó para industrias, empresas y otros usuarios catalogados como “clientes directos” o “grandes consumidores” un precio referencial de 18 bolivianos por litro de diésel, frente a los 9,80 bolivianos que siguieron vigentes para el transporte público, usuarios particulares y consumidores con compras mensuales menores a 5.000 litros. La medida buscó atender con urgencia los problemas de abastecimiento que derivaron en largas filas en estaciones de servicio de varias ciudades y carreteras del país andino.

El acuerdo entre el Gobierno boliviano y el FMI quedó sellado a finales de julio e incluyó un plan técnico de 36 meses por USD 1.900 millones para respaldar el programa de reformas económicas impulsado por la administración de Paz.

Ese entendimiento todavía quedó sujeto a la aprobación del directorio del organismo y del Legislativo boliviano, aunque la referencia oficial al decreto como parte de los compromisos asumidos con el Fondo agregó un componente político a una decisión que ya provocó rechazo en varios sectores.

La reacción llegó con fuerza desde Santa Cruz, el principal polo agroproductivo de Bolivia. Productores de cuatro provincias dieron al Gobierno un plazo de 48 horas para dejar sin efecto la norma y advirtieron con movilizaciones si no había una respuesta. La Cámara Agropecuaria del Oriente calificó la disposición de improvisada y discriminadora, y su presidente, Klaus Frerking, cuestionó la versión oficial de que la medida había sido socializada con los sectores afectados.

El rechazo no se limitó al empresariado agroindustrial. La Confederación Agropecuaria Nacional, que reúne a organizaciones de los nueve departamentos del país, también objetó el incremento del precio del diésel y advirtió sobre un posible impacto en la producción si no se adoptaban medidas compensatorias.

Entre los sectores que expresaron oposición figuraron además productores de arroz, de caña de azúcar, campesinos de distintas regiones y organizaciones de transporte. A una semana de la entrada en vigor del decreto, al menos ocho sectores ya habían manifestado su rechazo público.

La presión también se trasladó a las rutas. En el oriente boliviano, productores de arroz instalaron un bloqueo sobre la carretera que une Santa Cruz con Beni, una protesta que derivó en el envío de militares y policías para despejar el paso. La medida se produjo pese al estado de excepción que regía en el país desde junio. Ese mismo marco no impidió que otros sectores anunciaran nuevas acciones de protesta si el Gobierno mantenía la decisión sobre el combustible.

El conflicto alcanzó al transporte de carga y de pasajeros. La Confederación de Choferes de Bolivia declaró al sector en estado de emergencia y convocó a una reunión nacional para definir los pasos a seguir. Sus dirigentes reclamaron una solución simultánea al aumento del precio para grandes consumidores y al desabastecimiento de diésel, un problema que mantuvo durante semanas extensas filas de autobuses, camiones y otros vehículos en avenidas y estaciones de servicio. Conductores denunciaron esperas de varios días para cargar combustible.

La administración de Paz intentó, al mismo tiempo, ampliar la participación privada en el suministro de combustibles. La estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) abrió las ofertas de cinco empresas interesadas en abastecer el mercado, aunque aclaró que ese proceso todavía seguía en etapa de selección. La búsqueda de nuevos proveedores apareció como una de las respuestas oficiales frente a una crisis de abastecimiento que no cedió y que golpeó tanto a la logística del transporte como a la producción agropecuaria.

(Con información de EFE)