El Gobierno anunció este miércoles que ingresará a la brevedad al Congreso un proyecto de ley titulado “Cautelares reforzadas”, el que busca ampliar las medidas de protección contra las víctimas de violencia intrafamiliar (VIF), a la vez que endurece las penas para los condenados por este delito.
La iniciativa contempla cinco modificaciones a fin de brindar un mayor resguardo a las víctimas, como prohibir el hostigamiento digital, promover la especialización en los jueces y fortalecer las sanciones para quienes dañen sus dispositivos de monitoreo telemático o incumplan las medidas cautelares impuestas por el tribunal.
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De acuerdo a la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Judith Marín, la nueva normativa “propone establecer mayores consecuencias para quienes incumplan las medidas cautelares o mal utilicen y destruyan un dispositivo de monitoreo telemático. Además, amplía las facultades de seguridad municipal para colaborar en la fiscalización de estas resoluciones, porque necesitamos avanzar hacia una protección continua y efectiva para las mujeres víctimas de violencia”, según consignó T13.
En tanto, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, agregó que “también se hace cargo de una realidad que lamentablemente está cada vez más presente, que es la agresión digital. Debemos ponerle coto, incorporando una nueva medida cautelar para proteger a aquellas mujeres que son víctimas de este tipo de agresiones, que tienen consecuencias psicológicas y que, en algunos casos, pueden derivar también en violencia física”.
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Las cinco medidas
Según un comunicado difundido por la cartera de la Mujer y la Equidad de Género, el proyecto de ley posee cinco puntos claves que deberán ser discutidos primero en la Cámara de Diputados, a saber:
1.-Protección continua entre tribunales
El proyecto busca evitar vacíos en el resguardo cuando una causa pasa de un Tribunal de Familia a un Juzgado de Garantía por la existencia de antecedentes constitutivos de delito.
Según indica la iniciativa, en ese tránsito pueden surgir dudas sobre qué instancia debe mantener o supervisar las medidas cautelares, aun cuando la víctima continúa en una situación de riesgo. En ese sentido, la propuesta establece reglas para mantener la supervisión judicial mientras se resuelven los conflictos de competencia y mandata un protocolo de coordinación entre la justicia de familia y penal, con el fin de dar continuidad a la protección y claridad sobre las responsabilidades de cada instancia.
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2.- Prohibición al hostigamiento digital
La iniciativa reconoce que el hostigamiento o acecho puede producirse de manera presencial como a través de medios digitales. Una prohibición de acercamiento físico no siempre impide que una víctima permanezca expuesta a mensajes, amenazas o acoso mediante redes sociales u otras plataformas. En este sentido, se incorpora una medida cautelar que permite prohibir estas conductas contra la víctima, sus hijos o hijas a través de cualquier medio, incluidos los espacios digitales.
3.- Más fiscalización y control en monitoreo de cautelares
El proyecto incorpora herramientas para reforzar la fiscalización en terreno y el monitoreo telemático frente a eventuales incumplimientos. Amplía las facultades de inspectores de seguridad municipal para colaborar en esta labor, elimina el requisito de formalización para acceder a este sistema y establece consecuencias cuando una persona arranca o inutiliza intencionalmente el dispositivo.
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4.- Prisión preventiva al no cumplir cautelares
La propuesta aborda los casos en que una persona incumple una resolución destinada a proteger a la víctima, como una prohibición de acercamiento o contacto. Por ello, incorpora una norma al Código Procesal Penal para que la judicatura deba ponderar la entidad y circunstancias de estos incumplimientos al evaluar la procedencia de la prisión preventiva. Esto no implica su aplicación automática, sino un análisis de cada caso según sus propias particularidades.
5.- Juez preferente en casos de VIF
Los casos de violencia intrafamiliar requieren una respuesta judicial con mayor especialización, pero actualmente los jueces de Garantía conocen una amplia variedad de materias. Por ello, en los tribunales integrados por más de tres jueces o juezas, se podrá designar a uno de ellos para conocer preferentemente estas causas, con el objetivo de favorecer una tramitación más especializada.
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