Denuncian que la dictadura cubana intensificó la persecución a cinco años del 11J: “Anticipa la represión”

La dictadura cubana acumula más de 2.100 presos políticos desde las históricas protestas de julio de 2021 -más conocidas como 11J-, al tiempo que transformó su maquinaria represiva para anticiparse a cualquier nueva movilización ciudadana. Así lo documentó el informe “5 años después del 11J: el régimen cubano se prepara para la próxima protesta”, publicado por las organizaciones Prisoners Defenders y Consorcio Justicia, que analiza 114 casos de detención y encarcelamiento registrados entre enero y junio de este año por el ejercicio de derechos fundamentales.

“El régimen cubano ya no espera a que la protesta llegue a las calles, la persigue antes de que acontezca. Vigila perfiles, rastrea publicaciones, identifica vínculos sociales, controla barrios, amenaza familias y convierte cualquier gesto de disenso en materia penal”, afirmó Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, en diálogo con Infobae.

De los 114 casos analizados, 79 —casi el 70%— corresponden a personas encarceladas por participar en protestas o manifestaciones pacíficas. Otros 22 están vinculados a la vigilancia digital y la persecución de la expresión en redes sociales, y 13 reflejan otras formas de represión política contra activistas, periodistas independientes y miembros de organizaciones cívicas. En total, más de 175 nuevos presos políticos fueron incorporados al registro de Prisoners Defenders durante el primer semestre de 2026; y las cifras de junio, aún provisionales, apuntan a superar los 1.300 prisioneros políticos activos en las cárceles de la isla.

La represión se anticipa

El cambio más documentado por el informe es de naturaleza estratégica: el régimen ha desplazado su capacidad represiva desde la reacción posterior a la protesta hacia la identificación preventiva de ciudadanos críticos. La vigilancia digital, el seguimiento territorial y la criminalización penal anticipada se transformaron en los pilares de este nuevo modelo.

“Internet se ha convertido en una extensión del aparato represivo del régimen castrista”, señaló Larrondo; al tiempo que agregó: “En Cuba, publicar una opinión, grabar una actuación policial, fotografiar un cartel crítico o difundir una denuncia puede desembocar de forma habitual en una detención, la prisión provisional y en una condena penal”.

Según el reporte elaborado en conjunto por las dos ONG, el estudio de perfiles en redes sociales permite al régimen realizar segmentaciones prospectivas de la población, complementando los informes de conducta de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), las organizaciones de masas y las fuerzas de contrainteligencia. El resultado es un sistema de control que actúa antes de que el descontento tome forma colectiva.

Casos que ilustran el patrón

Entre los casos más graves figura el de Eduardo Ceballos Pérez, conocido como “Eddy Jones”, humorista y youtuber detenido el 1 de junio pasado en La Habana tras publicar grabaciones de instalaciones estatales y militares abandonadas. Desde su traslado a la prisión Combinado del Este permanece incomunicado y sin garantías procesales. Su familia denunció que podría enfrentar una condena de hasta 30 años de prisión y reportó agresiones físicas durante su encarcelamiento.

Erich Alain Chang Padrón, cuentapropista detenido el 20 de mayo por publicar videos críticos sobre apagones y escasez de alimentos, fue trasladado a Villa Marista y posteriormente enviado a la prisión Valle Grande en régimen de prisión provisional. Denunció torturas, privación de sueño y alimentos, interrogatorios continuos y presiones psicológicas. Alexeis Serrano Águila fue arrestado por publicar un video en el que denunciaba abusos policiales, mientras que su esposa, Delis Frómeta Suárez, fue detenida por el solo hecho de grabarlo mientras realizaba esa denuncia.

El informe también documentó el caso de Javier Ernesto Martín Gutiérrez, campeón cubano de artes marciales mixtas conocido como “Spiderman”, detenido el 24 de abril en Marianao (La Habana) tras nueve días de protesta pacífica desde el balcón de su vivienda. Su esposa, Lisandra Cuza, describió el arresto como “un secuestro”: agentes vestidos de civil lo derribaron, lo golpearon y lo introdujeron por la fuerza en un vehículo. Las autoridades intentaron desacreditarlo alegando trastornos mentales, extremo desmentido posteriormente por un examen médico oficial.

Menores encarcelados

Uno de los hallazgos más graves del informe es la detención de nueve menores de edad, adolescentes de entre 15 y 17 años, en el transcurso del semestre. La represión contra menores se concentró en dos grandes operativos. El 13 de marzo, tras las protestas en Morón (Ciego de Ávila) contra los apagones y la escasez, fueron detenidos cuatro adolescentes: Yoasnel Estrada Rodríguez (17 años), Christian de Jesús Crespo Álvarez (16 años), Kevin Samuel Echevarría Rodríguez (15 años) y Jonathan David Muir Burgos (16 años), este último excarcelado el 24 de junio.

El segundo operativo tuvo lugar el 22 de junio en Contramaestre (Santiago de Cuba), donde una redada masiva en los barrios La Cuba y Maffo culminó con la detención de cuatro menores —Ander Maddiel (15 años), Dian Daniel Mora Acuña (15 años), José Ángel Borrero Zorrilla (17 años) y José Jorge Menéndez Vázquez (17 años)— acusados de presunto “sabotaje” sin que las autoridades hayan presentado prueba alguna.

En Cuba, numerosas acusaciones de sabotaje pueden ser juzgadas por tribunales militares incluso cuando los acusados son civiles, lo que agrava de forma extrema la situación procesal de los detenidos.

Además, Cristian Fernández Sarmiento, de 15 años, fue detenido el 19 de junio en Altamira (Santiago de Cuba) durante unas protestas contra los apagones.

El sistema penal como herramienta política

El análisis de los delitos imputados revela un patrón de instrumentalización judicial. Los cargos más frecuentes son “desórdenes públicos” y “propaganda contra el orden constitucional”, seguidos de “atentado”, “resistencia” y “desacato” —figuras vagamente definidas que las autoridades utilizan para justificar detenciones contra quienes ejercen el derecho de reunión pacífica—. Para los casos vinculados a la vigilancia digital predominan el “desacato” y la “difamación”. El régimen recurre también a delitos de extrema gravedad, como “terrorismo” y “sabotaje”, para imponer medidas cautelares más severas y elevar las condenas.

“Protestar se paga. Denunciar se paga. Grabar se paga. Organizarse se paga. Ser familiar, vecino o testigo también puede pagarse”, advirtió Larrondo a Infobae. Y agregó: “En Cuba, la represión policial y penal no es una reacción aislada del régimen o sus estructuras. Es una política de Estado orientada a producir miedo, impedir la protesta y conservar el poder mediante la criminalización de la sociedad civil”.

El pasado mes de marzo fue el de mayor intensidad represiva, con 41 encarcelamientos —cerca del 36% del total semestral—, ligados principalmente a las protestas del 23 en Minas, Guanabacoa (La Habana), que derivaron en detenciones arbitrarias, allanamientos domiciliarios, desapariciones forzadas temporales e interrogatorios bajo coacción. Junio apunta a cifras similares: al 29 de este mes ya se contabilizaban más de 35 nuevos presos políticos, con proyecciones de entre 35 y 45 casos al cierre del período, indicó el reporte.

Concentración territorial y excarcelaciones que no liberan

La represión tuvo alcance nacional pero se concentró en cuatro provincias. La Habana acumuló 35 de los 79 manifestantes encarcelados (44,3% del total), seguida de Ciego de Ávila con 16, Holguín con 15 y Santiago de Cuba con 10.

El informe también señaló que las excarcelaciones negociadas por la Iglesia Católica en 2025, al no conllevar la eliminación de las condenas, no redujeron la represión. Lo ilustra el caso de Yunaiky de la Caridad Linares Rodríguez, ex presa del 11J, liberada en ese acuerdo pero redetenida el pasado 2 de junio durante una protesta en Santa Amalia (La Habana) contra la falta de agua y los apagones. Su condena original de ocho años permanece intacta, por lo que la nueva detención implicó la revocación inmediata de su beneficio penitenciario.

El llamado a la comunidad internacional

Larrondo cerró con una interpelación directa a los gobiernos del mundo. “Cuba ejerce el terrorismo de Estado sin que la Unión Europea, por ejemplo, haga nada al respecto en público, sin que se apliquen sanciones a los perpetradores, sin que el terrorismo de Estado tenga consecuencias. Europa y otros países deben reaccionar de inmediato. La sangría de exiliados, de detenidos, de reprimidos, a costa de un enorme gasto de recursos policiales y militares, mientras el pueblo languidece sin servicios básicos, es del todo inaceptable y debe ser condenado por la comunidad internacional de forma inapelable. Y esto no puede esperar ni un día más", puntualizó.

El informe fue publicado a 11 días del quinto aniversario de las protestas del 11 de julio de 2021, las mayores movilizaciones antigubernamentales registradas en Cuba en décadas.