El Órgano Electoral de Bolivia califica como “antidemocráticos” los pedidos de renuncia contra Rodrigo Paz

La máxima autoridad electoral de Bolivia cuestionó este miércoles las demandas de sectores movilizados que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz a siete meses de haber iniciado su mandato. El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, afirmó que ese tipo de planteamientos contradicen las reglas democráticas y señaló que los cargos obtenidos mediante voto popular se deben respetar.

“Es totalmente antidemocrático pedir la renuncia de autoridades electas que tienen un mandato y han sido elegidas por el pueblo boliviano”, declaró Ávila al referirse a la crisis social que atraviesa el país.

La autoridad añadió que el Órgano Electoral defenderá a las autoridades elegidas en las urnas y reiteró que la búsqueda de acuerdos mediante el diálogo constituye la vía adecuada para encauzar los conflictos políticos y sociales. “Exigimos el respeto de autoridades elegidas por el voto popular”, afirmó en una rueda de prensa este miércoles.

La declaración se enmarca en un periodo de alta conflictividad con pedidos de renuncia contra el presidente Paz. Desde inicios de mayo, varios grupos sociales —entre ellos sindicatos obreros, organizaciones campesinas del altiplano y federaciones cocaleras— iniciaron bloqueos de carreteras que se expandieron gradualmente a varios departamentos del país.

Las consecuencias económicas del conflicto se cuentan en miles de millones de dólares. La Cámara Nacional de Industrias (CNI) estima que los bloqueos han provocado pérdidas acumuladas superiores a los 2.700 millones de dólares, equivalentes al 5,5% del Producto Interno Bruto (PIB). Los sectores más afectados son la industria, el comercio, el transporte, el turismo y las exportaciones.

En La Paz, el impacto se ha reflejado en la vida cotidiana de la población. Los bloqueos sobre las vías de acceso a la sede de gobierno interrumpieron el abastecimiento de alimentos, combustibles, medicamentos y otros insumos esenciales, provocando largas filas en estaciones de servicio, escasez de productos básicos e incrementos significativos de los precios.

Los sectores movilizados reclaman la renuncia del primer mandatario a quien acusan de traición por haber incumplido promesas de la campaña electoral y por gobernar de manera excluyente en favor de las élites empresariales del país.

Sin embargo, en ese escenario de conflicto prolongado, en las últimas semanas comenzaron a surgir señales de distensión. Dirigentes de organizaciones que impulsan las medidas de presión abrieron la posibilidad de negociar con el Gobierno y plantearon un listado ambicioso de demandas alternativo al pedido de renuncia, que incluye la liberación de manifestantes detenidos, la abrogación de decretos que consideran inconstitucionales y rechazan algunos préstamos de financiamiento externo, entre otros puntos.

Si bien desde la semana pasada los puntos de bloqueo han disminuido y el diálogo con algunos sectores ha comenzado, la crisis está lejos de estar superada. Todavía se mantienen más de 40 piquetes que interrumpen el tránsito en el eje troncal del país; las negociaciones han entrado en pausa hasta que se liberen a los detenidos y los cocaleros afines al expresidente Evo Morales (2006-2019) descartaron su repliegue y advirtieron la radicalización de las protestas.

“A partir de mañana masificamos nuestros puntos de bloqueo, (hemos decidido) no rendirnos, no arrodillarnos, no retroceder ni un milímetro”, afirmó el dirigente Isidro Auca, en una conferencia de prensa el martes. Los cocaleros, además de pedir la renuncia del jefe de Estado, buscan la protección de su líder político sobre quien pesa una orden de captura por un caso de trata agravada de menores.