Presunto tráfico de niños haitianos en Chile: la justicia admitió que su número podría aumentar al doble

El Ministerio Público chileno abrió el lunes una investigación por el presunto tráfico de alrededor de 200 niños y adolescentes haitianos que entraron al país en vuelos chárter entre enero y abril de 2025, de la mano de una decena de adultos que oficiaron como “tutores legales” sin tener lazos sanguíneos con los menores y bajo la figura de una “reunificación familiar”, asunto que fue considerado como “gravísimo” por el presidente, José Antonio Kast.

Este martes, el director de la Unidad de Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, admitió que el número de afectados podría elevarse al doble y aseguró que la oficina que dirige investiga también la presunta colaboración de funcionarios del Estado en lo que podría ser una verdadera red de trata de menores.

“Fui bastante cauto y conservador en señalar la cifra de 200 (niños), pero la realidad nos puede dar una bofetada y que el número sea el doble. Eso lo va a determinar el desarrollo de la investigación”, señaló el fiscal en entrevista con Expreso Bío Bío.

El persecutor admitió que tampoco saben quién pagó los vuelos chárter y recordó que “la ley chilena castiga con severidad la trata de personas, particularmente cuando son niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad” .

“La unidad que dirijo, la Unidad Anticorrupción, se aboca, entre otros delitos, a los delitos de funcionarios. Aquí vemos que está la Dirección General del Registro Civil, que tiene que aportar muchos antecedentes sobre esta investigación; el Servicio Nacional de Migraciones; la Subsecretaría de la Niñez; la Policía de Investigaciones de Chile (...) Todas estas instituciones están conformadas por funcionarios públicos. Va a ser obviamente un foco de la pesquisa si existe o no intervención de particulares, pero también de funcionarios públicos que pudieron dejar de cumplir su deber o que eventualmente pudieron haber recibido algún tema de dádiva o promesa”, afirmó Campos.

En tanto, el fiscal nacional Ángel Valencia reconoció que el paradero de los cientos de menores presuntamente afectados “es parte de la investigación”.

“Esta tendrá que determinar cuáles son los hechos ocurridos, la cantidad de personas que se hayan visto afectadas, si se ha cometido o no se ha cometido delitos, y en caso de que haya ocurrido, quiénes son sus autores”, cerró Valencia.

Gobierno evita culpar al gobierno de Boric

Por otra parte, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, evitó culpar por estos hechos a la administración de Gabriel Boric y afirmó que “nos parece que esto es de una gravedad tal que el gobierno no va a confrontar directamente las responsabilidades del gobierno anterior (...) Lo que le corresponde al gobierno hoy día es prestar toda la colaboración”.

De acuerdo a la autoridad, “hay una investigación de la Contraloría que no ha finalizado, que toma una pequeña muestra, y eso es lo que se ha conocido, que puede estar abarcando un número de menores, pero lo que corresponde para conocer la cifra, es esperar el informe final para ver el universo de esa muestra, y sin perjuicio de ello que se investigue toda irregularidad de niños respecto a los cuales, o no se conoce su paradero, o están en una circunstancia grave de vulnerabilidad”.

“Aquí el gobierno no pretende sacar ningún rédito político, sino colaborar con la situación que nos parece de la mas alta gravedad”, remató Pavez.