La Iglesia y la Defensoría del Pueblo convocan a un Pacto Social en Bolivia para frenar “la espiral de violencia”

La Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo de Bolivia convocaron a representantes provinciales y municipales a participar en un “Pacto Social por la Paz y la Reconciliación”, una iniciativa que busca generar espacios de diálogo frente al escenario de conflictividad que atraviesa el país desde hace más de un mes.

La convocatoria fue anunciada mediante un pronunciamiento conjunto, en el que ambas instituciones expresaron su preocupación por el riesgo de que la situación derive en mayores episodios de violencia y profundice las divisiones existentes entre distintos sectores de la sociedad.

“Buscando evitar una espiral de violencia, cuyas consecuencias generarán más sufrimiento, profundizarán las divisiones y dejarán heridas difíciles de sanar y reencauzar, hemos convocado de manera urgente a representantes provinciales y municipales a un pacto social por la paz y la reconciliación”, señala un comunicado publicado este jueves.

La propuesta surge en un escenario de movilizaciones y bloqueos de carreteras para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz, que lleva siete meses en el gobierno. Los sectores movilizados —entre ellos obreros sindicalizados, campesinos del altiplano y cocaleros de la región del Chapare, al centro del país— reclaman al jefe de Estado por el supuesto incumplimiento de sus promesas de campaña y de gobernar en contra de sus intereses.

Desde hace más de un mes que los cortes en las vías de acceso a la sede de Gobierno han provocado desabastecimiento de alimentos y de combustible, además del encarecimiento de productos básicos e interrupciones en algunos servicios como el transporte público y el recojo de basura.

Según la Defensoría del Pueblo, al menos siete personas han fallecido por falta de atención médica oportuna o a causa de los bloqueos y otras tres han muerto en episodios de violencia relacionados al conflicto. También se han reportado al menos 37 heridos y más de 350 arrestados.

En su mensaje, la Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo remarcaron la necesidad de construir consensos que permitan reducir la confrontación y encaminar soluciones pacíficas a la crisis. Ambas instituciones sostienen que el diálogo constituye una herramienta fundamental para evitar una escalada del conflicto y promover escenarios de reconciliación.

En las últimas horas, los representantes de la Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación de Campesinos Túpac Katari, dos de las principales fuerzas de la movilización, flexibilizaron su posición y pidieron al Gobierno establecer una agenda de trabajo “para no cometer más errores de carácter institucional, jurídico, legal y político” que será puesta a consideración de sus afiliados, quienes votarán por la negociación o por mantener las medidas de presión.

La semana pasada, el Congreso aprobó una ley que regula los estados de excepción y da al presidente el marco legal para suspender temporalmente ciertos derechos y ordenar la intervención del Ejército. Con esta norma, el Ejecutivo puede emitir un decreto y esperar la aprobación de la Asamblea Legislativa en un plazo de 72 horas.

Aunque muchos temen que la medida suponga un baño de sangre o que sea insostenible debido a las limitaciones de las fuerzas del Estado, los pedidos para implementar un estado de excepción son crecientes y las respuestas del Ejecutivo han sido ambiguas. El ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo, ha manifestado que la medida “será tratada cuando corresponda” y ha seguido la línea del presidente, que aboga por un diálogo que hasta ahora no se materializó.

Si bien el gobierno tiene la herramienta legal para ordenar al Ejército su intervención en el conflicto, la flexibilización de las organizaciones sociales y el llamado de la Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo avisoran una salida concertada al conflicto. O al menos las condiciones parecen más favorables que las existentes semanas atrás.