El Partido Nacional Libertario (PNL) ingresó este lunes la Acusación Constitucional (AC) que se venía fraguando las últimas semanas contra Nicolás Grau, ex ministro de Hacienda de la administración de Gabriel Boric, por presuntas irregularidades graves y “errores financieros” en la conducción económica del país.
El juicio político contó con el respaldo de diputados del Partido Republicano (PR), de Renovación Nacional (RN), del Partido de la Gente (PDG) y del Partido Social Cristiano (PSC), y se sustenta en varios capítulos, entre ellos:
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- Inconsistencias y omisiones en los informes financieros: se acusa a Grau de ocultar o entregar proyecciones erróneas sobre el déficit fiscal efectivo y la deuda pública, con diferencias estimadas en más de USD 10.500 millones.
- Vulneración del principio de probidad: los parlamentarios sostienen que la entrega de información incongruente vulneró las normativas constitucionales y legales que regulan la administración financiera del Estado.
- Incumplimiento de metas de balance estructural: se cuestiona la no incorporación de compromisos de gasto vigentes (como el reajuste del sector público) dentro del Presupuesto, y la falta de coordinación entre los programas financieros y anuales.
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Así las cosas, trascendió que Grau ya designó al abogado constitucionalista Patricio Zapata para su defensa. Ahora, el libelo acusatorio deberá ser visado por una comisión revisora de cinco diputados y tras eso, la ex autoridad será notificada de manera formal y el Senado decidirá su futuro.
Respaldo suficiente
En el oficialismo están optimistas pues de acuerdo al diputado Cristóbal Urruticoechea (PNL), al menos los votos en la Cámara Baja estarían asegurados gracias al respaldo del bloque. Sin embargo, hizo una llamada al Senado “a que dejen de lado un poquito esa especie de prudencia dormida” y voten a favor el juicio político.
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En tanto, el presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), diputado Guillermo Ramírez, aseguró que su colectividad también “tomó la decisión de apoyarla (...) Creemos que el Senado tiene que juzgar y, para eso, vamos a declarar admisible la acusación en la Cámara de Diputados”.
Desde la otra vereda, en tanto, argumentan que la Acusación Constitucional carece de fundamentos jurídicos sólidos y es más bien un “show político” destinado a presionar otras negociaciones legislativas, tal como criticó el diputado del Frente Amplio (FA), Jorge Brito: “Por darse un gustito político, siguen haciéndole daño a Chile y es por eso que, si la acusación prospera en la Cámara, esperamos que sea detenida en el Senado“, cerró el parlamentario de oposición.
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