Rodrigo Paz confía en una salida pacífica en los próximos días mientras los sindicatos mantienen bloqueos

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, afirmó este lunes que el bloqueo de carreteras que paraliza el acceso a La Paz podría resolverse de forma pacífica en los próximos días. “Estoy seguro de que en los siguientes días, cortos días, el sufrimiento, sobre todo del Departamento paceño, ojalá Dios mediante, se acabe”, declaró desde Cochabamba, durante un acto en el que promulgó la Ley de Alivio Tributario y apeló a la reconciliación nacional.

Las declaraciones llegaron en el día 32 de un conflicto impulsado por la Central Obrera Boliviana (COB) y organizaciones campesinas que comenzó con demandas económicas y derivó en la exigencia de renuncia del mandatario. Más de 90 puntos de corte de ruta rodean a La Paz y a la vecina ciudad de El Alto, con desabastecimiento de alimentos, combustible y suministros médicos. Es el mayor desafío que enfrenta Paz desde que asumió en noviembre de 2025, tras poner fin a dos décadas de gobiernos del Movimiento al Socialismo.

El presidente planteó que la salida al conflicto debe construirse sobre acuerdos amplios e instó a instituciones y organizaciones sociales a respaldar los esfuerzos de pacificación. Distinguió entre quienes presentan demandas legítimas y quienes, según dijo, buscan aprovechar la tensión para desestabilizar la democracia. En esa línea, denunció campañas coordinadas desde el exterior que difunden mensajes por redes sociales con el objetivo de profundizar la confrontación, aunque no aportó pruebas concretas sobre su origen.

La ley promulgada este lunes, según el Ejecutivo, beneficiará a más de 230.000 familias y permitirá regularizar cerca de un millón de cuentas tributarias. Paz negó cualquier intención de privatizar empresas públicas y subrayó que el gasto en salud y educación se mantiene pese al ajuste fiscal.

La crisis hunde sus raíces en las medidas de austeridad adoptadas tras asumir un país con escasez de divisas y una inflación en alza. A finales de 2025, el gobierno eliminó las subvenciones a los combustibles para reducir el déficit fiscal, lo que encendió el descontento popular. Las protestas se intensificaron en mayo hasta transformarse en una exigencia directa de dimisión.

La suspensión de las órdenes de detención contra Mario Argollo, secretario ejecutivo de la COB, y Vicente Salazar, de la Federación Departamental de Trabajadores Campesinos Túpac Katari, era la condición que los movilizados habían fijado para negociar. La presidenta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, Margot Pérez, aclaró que las medidas no fueron anuladas sino suspendidas por falta de fundamentación del Ministerio Público, que deberá reformular su pedido. Pese a ello, la COB resolvió en asamblea mantener los bloqueos y no concurrir al diálogo.

En ese contexto, el diputado Carlos Alarcón, del partido Unidad, propuso la convocatoria de un referéndum revocatorio extraordinario para someter a votación los mandatos del presidente, el vicepresidente y los legisladores. Planteó que la Asamblea apruebe por dos tercios una ley interpretativa que habilite la consulta en tres meses. Si la revocatoria fuera rechazada, los mandatos se extenderían hasta 2030; si triunfara, se convocarían elecciones de inmediato. La iniciativa, surgida desde el propio espacio de gobierno, refleja el nivel de agotamiento institucional ante una crisis que, por ahora, no muestra señales claras de resolución.