El Gobierno de Ecuador calificó de “absurdas” las acusaciones del Líder de Los Lobos contra Daniel Noboa sobre el magnicidio de Fernando Villavicencio

El capo ecuatoriano Wilmer Chavarría, alias Pipo, señalado como máximo líder de la organización criminal Los Lobos, acusó al presidente de la República, Daniel Noboa, de haber ordenado el asesinato del entonces candidato presidencial Fernando Villavicencio en 2023. Las declaraciones fueron recogidas por la Agencia EFE este 25 de febrero de 2026, tras una comparecencia del detenido ante la Fiscalía de Zaragoza, en España.

De acuerdo con el despacho de EFE, Chavarría negó ser el autor del crimen y afirmó que una persona cercana al ministro del Interior, John Reimberg, le habría manifestado que el asesinato fue ordenado por Noboa ante el temor de que Villavicencio ganara las elecciones. La comparecencia se realizó en dependencias fiscales españolas, con la presencia de su abogado y bajo custodia policial, en el marco del proceso de cooperación judicial internacional.

Según la misma publicación, el detenido respondió a preguntas de la fiscal de la Unidad de Cooperación Internacional y de su defensa, pero se negó a contestar interrogantes remitidas por la Fiscalía ecuatoriana. Chavarría se encuentra recluido en la prisión de Zuera, a la espera de la resolución del proceso de extradición solicitado por Ecuador. También enfrenta un pedido de extradición por parte de Estados Unidos por presuntos delitos de narcotráfico.

En su declaración, el acusado sostuvo que su eventual traslado a Ecuador pondría en riesgo su vida y que, en caso de ser enviado a Estados Unidos, existiría la intención de que declare en contra del expresidente Rafael Correa, a quien dijo no conocer. Asimismo, aseguró que la única razón por la que aceptó declarar fue su confianza en las autoridades españolas y en la preservación de la grabación de su testimonio.

El crimen de Fernando Villavicencio ocurrió el 9 de agosto de 2023, cuando el candidato fue asesinado a la salida de un mitin político en el norte de Quito. Hasta el momento existen cinco condenados como autores materiales del asesinato, mientras que varios de los implicados murieron en prisión antes de rendir versión ante las autoridades. La Fiscalía ecuatoriana ha imputado a Chavarría como presunto participante en la planificación del crimen y ha señalado como supuestos autores intelectuales a empresarios vinculados a tramas de corrupción investigadas por Villavicencio y al exministro José Serrano.

El asesinato de Villavicencio marcó un punto de inflexión en la campaña electoral de 2023. Hasta antes del crimen, Daniel Noboa no figuraba entre los principales favoritos en las encuestas de intención de voto. Sin embargo, tras el atentado y su desempeño en el debate presidencial, su candidatura ganó visibilidad y apoyo, lo que le permitió acceder al balotaje y posteriormente resultar electo presidente.

Tras la publicación de las declaraciones de Chavarría, el ministro del Interior, John Reimberg, reaccionó a través de su cuenta en la red social X, donde calificó las acusaciones como “absurdas” y sostuvo que quienes las formulan “tienen pánico a la extradición y a la cárcel de El Encuentro y que ahora sí paguen por sus crímenes”. Añadió que “nadie está por encima del Estado ni de la ley” y que no habrá impunidad.

Por su parte, el periodista Christian Zurita, amigo cercano de Villavicencio y quien asumió la candidatura presidencial tras su asesinato, también se pronunció en la misma red social. Zurita señaló que el caso de Villavicencio constituye “el crimen político más grave desde el retorno a la democracia” y sostuvo que detrás existen múltiples intereses. Indicó que él mismo ha sido señalado como posible responsable en distintos momentos y que considera relevante que se abra una nueva investigación en España que permita esclarecer los hechos. En su publicación añadió que el proceso aún es largo y que, tras estas declaraciones, lo adecuado sería que el detenido permanezca en España.

Chavarría fue detenido en noviembre de 2025 en el aeropuerto de Málaga, el mismo día en que en Ecuador se desarrollaba un referéndum impulsado por el Ejecutivo. Según EFE, había vivido entre Dubái y la Costa del Sol, presuntamente bajo identidades falsas, tras simular su muerte durante la pandemia.

Hasta el momento, ni la Presidencia de la República ni la Fiscalía General del Estado han emitido un pronunciamiento formal adicional sobre las acusaciones formuladas en España. El proceso de extradición continúa en trámite ante las autoridades judiciales españolas.