
En Madrid, el barrio de Argüelles se reafirma como una de las zonas residenciales más atractivas. Su cercanía con el Parque del Oeste, la consolidada red de comercios que tiene y su acceso privilegiado a la Plaza de España y al Palacio Real hacen que la zona residencial sea cada vez más codiciada. Compradores nacionales e internacionales se interesan por tener un inmueble allí.
Y, en medio de todo este auge, Uruguay buscará hacer un negocio inmobiliario: allí está la sede de su embajada.
El canciller Mario Lubetkin instruyó al embajador que inicie el proceso de venta de la residencia en Madrid, informó el semanario Búsqueda. La medida se enmarca dentro de una serie de decisiones del Ministerio de Relaciones Exteriores para ahorrar dinero.
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La decisión del gobierno no solo abarca la sede en Madrid: los embajadores en Washington y Lima también fueron instruidos para que vendan las residencias.
Es que la Cancillería decidió llevar adelante una política de ahorro en los gastos en el exterior, lo que implica la venta de estas propiedades que alcanzarían un valor inmobiliario millonario. El ministro de Economía, Gabriel Oddone, había identificado que había casas en el exterior que tenían un valor importante si eran vendidas.
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Así lo reconoció el propio Oddone semanas atrás en una entrevista en el mismo medio, al hablar de los reproches que tenía el gobierno por no haber tomado medidas para contener el gasto.

“Acá adentro [del Ministerio de Economía] teníamos un edificio alquilado para la Auditoría Interna de la Nación y la movimos a donde estaba la Comap (Comisión de Aplicaciones de la Ley de Inversiones), y a la Comap la trajimos adentro del ministerio, ahorrando un alquiler importante. Como esos ejemplos, miles; yo he identificado dos o tres locales en el exterior, de mucho valor, que no están siendo utilizados, que se pueden vender, y estamos trabajando en eso”, señaló Oddone en esa entrevista, como ejemplo de acciones que se podrían tomar para ahorrar en gastos.
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Una vez que se concrete la venta, los embajadores en esos países pasarán a alquilar una vivienda, como ocurre en la mayoría de los casos. Y ese dinero que obtendrían las arcas estatales podría ser destinado a adquirir espacios de oficina y reparar la sede central de la Cancillería.
Las zonas residenciales
La residencia en Madrid está ubicada en Paseo del Pintor Rosales, 28 del barrio Argüelles, como consignó El Observador. La zona se destaca por su arquitectura del siglo XIX y por una intensa vida estudiantil. El precio medio del metro cuadrado fue, en enero de 2026, de USD 4.830.
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Por su parte, la embajada en Lima está en el distrito de San Isidro, que está caracterizado por la exclusividad y los altos costos. Es el centro financiero principal, se caracteriza por modernos edificios corporativos, embajadas, hoteles de alta gama y zonas elegantes con extensas áreas verdes, señala la publicación del medio uruguayo.
El precio del metro cuadrado allí era de unos USD 2.750, según sitios locales especializados.
La Embajada de Uruguay en Washington, por último, está ubicada en el Distrito de Columbia, cerca de la Casa Blanca, del Departamento de Estado y de las oficinas del Banco Mundial. Allí también funciona el consulado. Hay una galería de arte en el edificio que se utiliza para destacar las tradiciones uruguayas.
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La resistencia de diplomáticos
Este proceso de ahorro tuvo marchas y contramarchas.

Búsqueda informó este jueves que el gobierno decretó un reordenamiento de los gastos en los que pueden incurrir los diplomáticos en el exterior, ya sea en las embajadas, los consulados o sus residencias. Así, por ejemplo, se resolvió fusionar algunas partidas para reducir costos. Los recursos que se destinaban a arrendamiento, contrataciones, gestión y mantenimiento, etiqueta y ayuda de vivienda, ahora serían reagrupados en menos categorías. Es decir, las partidas irían para arrendamiento, contrataciones, y gestión y mantenimiento.
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Además, la Cancillería resolvió limitar la cantidad de personal que se puede contratar y redujo los empleados dedicados a la cocina y la limpieza.
Las medidas generaron malestar en algunos embajadores.

El representante de Uruguay en Buenos Aires, Diego Cánepa, fue de los que planteó al gobierno la necesidad de revisar estas medidas. Su explicación fue que aplicarlas implicaba despedir funcionarios que tiene trabajando en la residencia. Esto, además, afectaba el funcionamiento de un lugar que en ocasiones se utiliza para recepciones oficiales.
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Finalmente, un mes y medio después, una nueva norma modificó la original para darle un tratamiento distinto a las residencias que son propiedad del Estado.
Una de las diferenciaciones que se hizo fue que, mientras las residencias alquiladas tenían un tope de una persona para la limpieza, cocina y otras tareas similares, en las son propiedad del Estado el máximo pasó a ser de tres personas. Esta medida está atada a que haya una resolución favorable de la Cancillería.
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La Cancillería argumentó estas decisiones basada en problemas presupuestales.
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