El partido Vente Venezuela denunció el traslado de su activista Julio Velazco a un destino desconocido y sin orden judicial, hecho ocurrido tras permanecer detenido desde el 2 de septiembre de 2025.
La fuerza opositora, liderada por María Corina Machado, comunicó que el paradero de Velazco es incierto desde el 27 de diciembre, fecha en la que fue removido de la Dirección de Investigaciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana en La Quebradita, Caracas, sin información oficial sobre su nuevo lugar de reclusión.
Velazco fue aprehendido hace cuatro meses y, durante 47 días, se mantuvo en condición de desaparición forzada, ya que ni su familia ni su defensa legal recibieron información sobre su ubicación.
En ese período, fue imputado por asociación para delinquir, terrorismo e incitación al odio, tras ser presentado de forma telemática ante un tribunal con competencia en materia de terrorismo.
Los allegados de Velazco han recibido información contradictoria sobre su paradero. La familia intentó localizarlo en una sede policial de Caracas, donde las autoridades negaron su custodia.
Hasta ahora, no existe confirmación oficial ni verificable sobre su ubicación, hecho que llevó al partido Vente Venezuela a denunciar la desaparición forzada del activista. La situación se agrava porque, durante su permanencia en la Dirección de Investigaciones Especiales, tampoco se permitió el acceso a visitas familiares.
Marcos Velazco, hijo del detenido y también activista de Vente Venezuela, expresó en su cuenta de X que la familia fue informada el 27 de diciembre de un traslado exprés a la PNB Zona 7 en Boleíta, Caracas, sin orden judicial ni aviso oficial.
La situación de Velazco forma parte de un contexto más amplio de denuncias sobre detenciones y excarcelaciones en Venezuela.
La ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) reiteró su preocupación por la “selectividad inquietante” en las recientes excarcelaciones anunciadas por el régimen venezolano.
La JEP señaló que, tras la liberación bajo medidas cautelares de 88 personas detenidas luego de las elecciones del 28 de julio de 2024, los beneficiados pertenecen exclusivamente al contexto postelectoral, mientras permanecen excluidos casos de sectores considerados más vulnerables por la organización.
La ONG alertó que dos adolescentes siguen detenidos pese a la liberación de otros reclusos, situación que representa una violación a la protección prioritaria de los menores de edad.
Además, la JEP manifestó inquietud por la exclusión de mujeres, adultos mayores, personas con enfermedades graves, periodistas, defensores de derechos humanos y extranjeros en las listas de excarcelados.
Hasta el viernes, la organización había confirmado la excarcelación de 60 de las 88 personas anunciadas por el Ministerio de Servicio Penitenciario venezolano el 1 de enero.
(Con información de EFE)
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